El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en las últimas horas con una presentación judicial que apunta a responsabilidades penales directas.
Comodoro Rivadavia
Caso Ángel López: piden la detención de la madre y el padrastro por homicidio agravado
La presentación judicial sostiene que hubo una secuencia de violencia sostenida y fallas institucionales que derivaron en un desenlace evitable.
El padre del menor, Luis Armando López, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, solicitó la imputación y detención inmediata de la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y de su pareja, Maicol González.
La acusación es de extrema gravedad: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Según la querella, no se trató de un hecho aislado, sino del resultado de una serie de conductas que, combinadas, derivaron en la muerte del niño.
Un cuadro de violencia sostenida y pruebas clave
El escrito presentado ante la fiscalía describe un escenario de “pluralidad de comportamientos convergentes”, donde el desenlace fatal aparece como una consecuencia previsible.
Uno de los elementos centrales es el resultado preliminar de la autopsia, que reveló lesiones traumáticas en la región craneal. De acuerdo con la querella, estas son incompatibles con una muerte accidental y evidencian violencia física de gran intensidad.
A esto se suman testimonios de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del niño en reiteradas oportunidades. Incluso, relataron escenas en las que la madre increpaba a su pareja en medio de situaciones de conflicto.
La denuncia sostiene que existieron señales claras de maltrato que no fueron atendidas a tiempo, lo que permitió que la situación se agravara.
Funcionarios bajo la lupa y el antecedente de la Ley Lucio
Otro de los puntos más sensibles del caso es la responsabilidad que la querella atribuye a funcionarios del sistema de protección de derechos.
En la presentación se menciona al juez de Familia Pablo José Pérez, a la asesora Verónica Roldán y a una profesional del área de niñez, a quienes se señala por haber contribuido a un escenario de desprotección.
El documento detalla que en al menos tres oportunidades se había rechazado la restitución del niño a su madre biológica por considerarse un entorno no seguro.
Además, en febrero de este año, el propio menor habría manifestado en audiencia que su lugar de pertenencia era con su madre de crianza, Lorena Andrade, sin que eso derivara en medidas concretas de resguardo.
La situación se agravó en marzo, cuando una restricción perimetral dejó al niño sin contacto con su entorno protector, semanas antes de su fallecimiento.
La querella traza un paralelismo con la Ley Lucio, señalando un posible incumplimiento de los deberes de prevención y detección temprana por parte del Estado.
Riesgo de fuga y sospechas de encubrimiento
El pedido de detención también se sustenta en posibles riesgos procesales. Según la denuncia, existen indicios de que los acusados habrían intentado eliminar pruebas tras el hecho.
En ese sentido, se menciona la presunta quema de prendas del niño el mismo día del fallecimiento, con el objetivo de borrar rastros de violencia.
Además, la querella advierte sobre un posible plan de fuga hacia la ciudad de El Dorado, en la provincia de Misiones, lo que refuerza la solicitud de medidas urgentes.
Mientras la comunidad sigue conmocionada por lo ocurrido, la causa avanza hacia una etapa decisiva. La Justicia deberá determinar si hace lugar al pedido de detención y cómo continúa la investigación.
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