Derribaron este miércoles otro búnker “vinculado a violencias altamente lesivas y a la comercialización de drogas” en Frontera (departamento Castellanos). El inmueble estaba ubicado en la calle 102 al 500. Se trata de la quinta inactivación física realizada en la ciudad desde que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) asumió la investigación de los casos de microtráfico en la provincia.
Departamento Castellanos
Derribaron otro búnker en Frontera
El lugar estaba “vinculado a violencias altamente lesivas y a la venta de drogas al menudeo”. La acción se enmarca en objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
El derribo fue autorizado por el juez Javier Bottero, a partir de un pedido formulado por la fiscal Fabiana Bertero, quien está a cargo de la investigación, y el fiscal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone. Ambos estuvieron presentes en la demolición, junto con el Fiscal Regional 5, Carlos Vottero.
Por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, asistieron al derrumbe la secretaria de Gestión Institucional y el subsecretario de Análisis Criminal, Virginia Coudannes y Sebastián Montenote, respectivamente. También estuvo el intendente de Frontera, Oscar Martínez.
El caso se enmarca en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
“Aguantadero”
Bertero afirmó que “el inmueble había sido cooptado para la actividad ilícita y no tenía residentes permanentes, sino que funcionaba como ‘aguantadero’ de personas vinculadas al microtráfico y delitos conexos”.
En tal sentido, mencionó que “solicitamos la demolición luego de dos allanamientos en los que se secuestraron dosis de estupefacientes para vender al menudeo y fueron detenidos dos hombres que están imputados en el marco del legajo penal”.
Trabajo planificado
Por su parte, Carbone subrayó que “la inactivación de este búnker es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, la Fiscalía Regional 5 y el Ministerio de Justicia y Seguridad”.
En tanto, el Fiscal Regional indicó que “el procedimiento que se llevó a cabo tiene un fuerte valor simbólico en la comunidad”. Según remarcó, “es una señal clara de que el Estado está trabajando para recuperar el control territorial y llevar tranquilidad a lugares en los que primaba la violencia extrema”.
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