En los últimos días hemos asistido a un entrecruzamiento de acusaciones entre facciones políticas, donde las víctimas, sus familiares y la seguridad sanitaria del país están ausentes.
El narcotráfico como objetivo
De la ruta de la efedrina a la autopista del fentanilo
La investigación de El Litoral sobre la contaminación del fentanilo y sus víctimas viene, desde hace dos meses, anticipando el entramado detrás de una catástrofe sin precedentes en el país.
La relación del caso con el narcotráfico y lo que emergió de esta crisis no es un daño colateral de la precariedad de controles, negligencias u omisiones. La logística de laboratorios, droguerías, transportistas de alimentos, aviones, productoras periodísticas, caballos de carrera, sanatorios y redes de farmacias que forman parte de un cartel son funcionales al negocio del tráfico ilegal de citrato de fentanilo, no un simple desliz.
Dos elementos documentados y un informe de la DEA respaldan esta hipótesis periodística difícil de negar.
Certificados falsos
La entrega de certificados falsos de HLB Pharma ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), con el objetivo de renovar la habilitación de la empresa para importar opiáceos —el fentanilo en cuestión—.
La maniobra es una pieza clave en la “autopista del fentanilo” desde el circuito farmacéutico legal hacia el mercado negro, en uno de los insumos más codiciados por el narcotráfico internacional.
Destrucción irregular
La “destrucción” de 5 kilos de citrato de fentanilo y seis tambores con vidrio triturado de ampollas, bolsas con polvo y un número indeterminados de bidones con “algo”. Todo según un acta notarial certificada por una escribana el 13 de mayo a las 11:30 horas, doce horas después de que la ANMAT denunciara ante la Policía Federal Argentina, delitos contra la Salud Pública. Esa denuncia derivó en la apertura de la causa 17371/2025, a cargo de Ernesto Kreplak.
El precio del fentanilo en el mercado negro
Según la página oficial de la DEA, un kilo de citrato de fentanilo comprado en India o China por la industria farmacéutica cuesta unos USD 10.000. En el mercado negro, como precursor para el narcotráfico, su valor asciende a USD 1,6 millones.
Esto significa que, en un acta notarial absolutamente ilegal de deposición de narcóticos, una escribana “da fe” de estar frente a un equivalente a USD 8 millones en valor narco, sin la presencia de funcionarios del RENPRE, la ANMAT o la SEDRONAR, tal como establece la Resolución 1276/11 del Ministerio de Seguridad y el artículo 30 de la Ley 23.737, ambos referidos a la destrucción de narcóticos y precursores.
Así, sin registros fotográficos, sin certificación de importación o vencimiento, sin análisis químico y sin la presencia de los funcionarios que debían intervenir —tratamiento especial con protocolos internacionales—, una escribana se planta frente a bolsas que podrían contener talco, sémola o compost, y certifica: “Acabo de destruir USD 8 millones que el cártel de Sinaloa necesitaría para producir pastillas por USD 30 millones, puestas en las calles de EE. UU. o Canadá”.
Todo esto, horas después de que, de manera “ultra reservada”, la ANMAT realizara la denuncia penal ante el juez Ernesto Kreplak por delitos contra la salud pública, originados en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
Robo y casualidad
Coincidentemente, antes de los allanamientos ordenados por el juez, HLB Pharma había denunciado el robo de datos y documentación en su sede de San Isidro. Tal como dijo el magistrado en una entrevista, se debió realizar un “trabajo de hormiga” para encontrar las ampollas de fentanilo contaminado denunciadas por el Hospital Italiano.
Al momento del allanamiento fallido se habían contabilizado 13 muertes; en la búsqueda, sin datos del laboratorio, esa cifra hoy asciende a más de 100.
Cabe aclarar que el salto de 54 víctimas a más de 100 en una semana no se debió a nuevos casos, sino a que El Litoral dio a conocer el número informado por los centros de salud del país al juzgado, datos que la Justicia tenía desde junio.
El sistema de salud, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de transformar la trazabilidad de los medicamentos para garantizar que ingresar a un quirófano no sea una ruleta rusa. Este peligro de pánico social no lo produce el periodismo —que guardó suficiente silencio en estos tres meses— sino la representación política vinculada a la impunidad y la precariedad.
La utilización de laboratorios y droguerías como polea de distribución de narcóticos para uso ilegal, provenientes del mercado farmacéutico, ha quedado suficientemente demostrada en la cadena de irregularidades que reconstruimos con documentos y testimonios precisos. Estos muestran la malversación de un precursor como el citrato de fentanilo, que hoy tiene en vilo al mundo por su devastador poder adictivo y nocivo como sustancia de uso ilegal.
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