El magistrado norteño brindó detalles sobre una causa de alto impacto que investiga una presunta maniobra de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, tras el secuestro de una millonaria suma de dinero en la Ruta Nacional 11.
Entrevista con el juez Alurralde
Hallazgo de $357 millones en la Ruta 11, inteligencia artificial y la fábrica de hielo de Vaudagna
Una investigación por lavado de activos se desató tras el secuestro de una millonaria suma de dinero, involucrando a varias personas y una entidad. El juez federal tomó contacto con El Litoral para referirse a causas judiciales de actualidad en el norte santafesino.
La investigación se formalizó recientemente y alcanza a cuatro personas y una persona jurídica, en el marco de un procedimiento realizado el 28 de marzo de 2025 en el paraje El Timbó (Avellaneda).
Según explicó el magistrado, el caso se inicia a partir de un control vehicular en el que se detectó dinero oculto en una camioneta. “Se realizó la audiencia de formalización de la investigación respecto de cuatro personas y una persona jurídica que estaría involucrada en una maniobra de intermediación financiera no autorizada, y a la vez en una hipótesis de lavado de activos”, señaló.
En ese contexto, detalló: “En el torpedo de un vehículo Toyota Corolla Cross se pudo encontrar una importante cantidad de dinero, alrededor de 357 millones de pesos”.
A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre el circuito del dinero y “no se limitó a quien conducía la camioneta, sino también al titular registral del vehículo y al recorrido del dinero, desde su origen hasta su destino final”.
Rutas del dinero
Uno de los puntos clave de la causa es la reconstrucción del circuito financiero. Alurralde explicó que “el análisis abarca distintas jurisdicciones, particularmente las provincias de Chaco y Buenos Aires”, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada de movimiento de fondos.
En el marco de la causa, dispuso una serie de medidas patrimoniales y personales sobre los imputados. “Se ordenaron embargos sobre vehículos, inhibición general de bienes, congelamiento de cuentas bancarias, subcuentas comitentes en Caja de Valores e interdicción de cajas de seguridad”, detalló.
Además, indicó que se avanzó sobre la estructura societaria con “la prohibición de innovar respecto de la persona jurídica involucrada y sus participaciones societarias”.
En cuanto a las restricciones personales, agregó que “se dictó la prohibición de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante una sede de Gendarmería Nacional”.
Desafío de la justicia
Por otra parte, el juez se refirió a su participación en una disertación en Rosario encabezada por el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre los desafíos actuales del sistema judicial. “El eje estuvo puesto en la utilización de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, como herramienta para mejorar la eficiencia del Poder Judicial”, precisó.
En ese sentido, remarcó que uno de los principales problemas del sistema “donde la justicia debe mejorar es en los tiempos de resolución. La inteligencia artificial puede aportar rapidez y eficiencia en los procesos. Es una herramienta que ya está cambiando la vida en múltiples áreas como la medicina y las ciencias, y debe ser incorporada también en el ámbito judicial”.
Procesamiento
Finalmente, Alurralde se refirió a otra causa relevante que involucra al exdirector de las regionales Santa Fe y Rosario de la AFIP, Carlos Vaudagna, quien fue procesado en distintas investigaciones. “Dentro de una misma causa hay distintos hechos. En uno de ellos se habría direccionado una licitación para favorecer a una empresa de manera irregular y contraria a la ley”, sostuvo.
El juez pormenorizó que esta línea investigativa surge a partir de un acuerdo de colaboración en atención al “acuerdo que suscribió en su momento el contador Vaudagna, lo que comúnmente se conoce como la figura del arrepentido”.
En ese marco, el magistrado resolvió dictar el procesamiento del funcionario, de otras personas vinculadas al organismo recaudador y también de un tercero, titular de un fideicomiso, al considerar que se habría direccionado una licitación para favorecer a una empresa determinada. Según reveló, dicho direccionamiento habría sido realizado de “manera irregular” y en contra de la normativa vigente.
Confidencial
Consultado sobre la situación procesal del imputado, el juez precisó que en este nuevo expediente también se dispuso su procesamiento en relación a otro hecho vinculado a una empresa, en este caso una fábrica de hielo, donde se investiga el presunto uso indebido de información fiscal confidencial -alcanzada por el secreto fiscal- con el objetivo de beneficiar a dicha firma en perjuicio de la competencia.
En cuanto a la investigación, aclaró que la causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe, encabezada por el fiscal Walter Rodríguez, con la colaboración de otras unidades fiscales, entre ellas la de Reconquista, y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Finalmente, señaló que interviene en este expediente desde el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, vinculado a actuaciones del Juzgado Federal Nº 1, en el que debió asumir por apartamiento de otros magistrados.
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