Un celular robado puede volver a utilizarse con otra línea, recibir un identificador virtual o terminar desarmado para vender sus piezas. Marina Pieretti describió esos tres recorridos en una entrevista con CyD Litoral y explicó cómo la nueva ley de Santa Fe intenta intervenir en cada uno de ellos.
El MPA explicó cómo funcionarán los controles de IMEI y por qué es clave denunciar el robo del celular
En diálogo con CyD Litoral, Marina Pieretti detalló las tres vías del mercado ilegal de teléfonos en Santa Fe y estimó que la implementación llevará dos o tres meses.

La secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) puso el acento en un paso que depende de quien sufrió el robo: hacer la denuncia y aportar el IMEI. Es el número que identifica al equipo y permite vincularlo con una investigación.
“Esta nueva ley un poco condensa un plan integral o un sistema integral para abordar el mercado ilegal de celulares o de dispositivos afines”, explicó Pieretti. La norma también alcanza a otros equipos, como computadoras y tablets, y prevé controles sobre su comercialización.
Qué ocurre después del robo
La primera posibilidad que describió la funcionaria es que el teléfono se ponga nuevamente en uso sin modificar su IMEI, pero con otra línea. El MPA ya trabaja para identificar esas activaciones. En una prueba piloto, sin embargo, detectó que muchas víctimas no habían denunciado el hecho o no habían incorporado el identificador a la denuncia.
En Rosario, el organismo analizó 680 denuncias y comprobó que solo una de cada cuatro incluía el IMEI. A partir de esos casos se iniciaron 160 investigaciones y se recuperaron 14 dispositivos, de acuerdo con los datos difundidos durante la presentación de la ley.

Pieretti explicó que un teléfono puede tener uno o dos números de IMEI, según el modelo. Conocerlos permite buscar si se activó una nueva línea en el aparato robado. Si la víctima no cuenta con ese dato, la investigación puede avanzar, aunque obtenerlo demanda gestiones adicionales ante las empresas telefónicas u otros organismos.
La segunda posibilidad aparece cuando el IMEI del equipo está bloqueado y se le coloca uno virtual para volver a conectarlo a una red móvil. Según detalló, ese cambio puede engañar a la empresa prestadora, mientras que el identificador que muestra el propio teléfono sigue siendo el denunciado.
Cómo serán los controles policiales
Para detectar esos casos, la ley incorpora la exhibición del IMEI ante un requerimiento policial. Una vez que el sistema esté preparado, los agentes podrán escanear el código que aparece en la pantalla y contrastarlo con la base de datos del MPA para saber si existe una denuncia por robo.
“Le va a salir si ese IMEI tiene denuncia de robo o no tiene denuncia de robo”, resumió Pieretti. El número se consulta marcando *#06# en el teclado del teléfono. Según el equipo, la pantalla puede mostrar uno o dos identificadores.

La funcionaria aclaró que los controles aún no están en pleno funcionamiento. El Ministerio de Justicia y Seguridad trabaja en los dispositivos que utilizarán las fuerzas policiales, mientras se elaboran los protocolos de actuación conjunta con el MPA y se prepara la capacitación de los agentes.
“Van a pasar por lo menos dos o tres meses”, estimó sobre los plazos anunciados para la implementación. Añadió que los controles implicarán consultas a los fiscales de flagrancia de toda la provincia: “Ante la negativa o ante cualquier situación particular, el fiscal va a ir resolviendo caso a caso”.
El circuito de los repuestos y la denuncia
Pieretti señaló una tercera salida para los equipos robados: cuando ya no pueden utilizarse como teléfonos, conservan valor por sus pantallas y otros componentes. La ley prevé un registro para quienes se dedican habitualmente a la compraventa o reparación de dispositivos y habilita inspecciones sobre esa actividad.

En esos controles, los comercios deberán poder acreditar el origen de los aparatos y las piezas que tengan en su poder. La funcionaria mencionó, por ejemplo, las facturas de compra de las pantallas. Según explicó, la norma contempla el comiso del material cuya procedencia no pueda demostrarse.
Para que el rastreo de los equipos funcione, insistió, las víctimas deben denunciar el robo. “Que la gente cuando le roben el teléfono denuncie”, pidió. Recomendó hacerlo en la página del MPA, donde hay un apartado específico que solicita los datos necesarios para investigar estos hechos.
También aconsejó consultar y guardar el IMEI antes de necesitarlo. “No significa que no se pueda avanzar, pero lo que sí significa es que se pierde mucho más tiempo hasta poder conseguir el IMEI”, advirtió. Si ese número se incorpora a la denuncia, el MPA puede comenzar antes la búsqueda del equipo y de posibles nuevas activaciones.










