En el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este jueves dos nuevas intervenciones sobre inmuebles vinculados al narcotráfico y a hechos de violencia altamente lesiva en la zona oeste de Rosario.
Ya son 149 en la provincia
Desactivaron otros dos búnkeres narco en Rosario
El operativo se realizó en la zona oeste de la gran ciudad del sur santafesino. Las tareas fueron supervisadas por funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación.
Con estos procedimientos, la provincia alcanzó las 149 inactivaciones de puntos de venta de droga desde principios de 2024, de las cuales 90 se ejecutaron en la ciudad del sur santafesino.
Las tareas se concentraron en el barrio Industrial —en el límite con Empalme Graneros y Ludueña—, donde las autoridades procedieron al derribo de una estructura en la intersección de Felipe Moré y Lucio V. López, y a la inactivación de otra vivienda ubicada en Felipe Moré al 609 bis.
El subsecretario de Seguridad Pública, Marcelo Albornoz, remarcó la importancia de las medidas: "Estos puntos de venta generan violencia: homicidios, balaceras, extorsiones y usurpaciones. Los allanamientos que se llevan adelante permitirán concretar nuevos derribos y seguir combatiendo esta violencia en los barrios".
Red criminal
Las intervenciones edilicias son el resultado de una compleja causa judicial iniciada a fines de 2025 que involucra a una estructura delictiva ligada al presunto líder criminal Francisco Riquelme, actualmente condenado a prisión perpetua.
Durante la investigación, un total de 18 personas resultaron imputadas por delitos que incluyen asociación ilícita, comercio organizado de estupefacientes, homicidios conexos, tentativas de homicidio, amenazas y usurpación de inmuebles.
En los allanamientos previos se incautaron dosis de estupefacientes y armas de fuego utilizadas para disputar el control territorial del barrio.
El fiscal Diego Giro detalló que, tras la detención de Riquelme, la organización se regeneró bajo el liderazgo de su hijo.
La red contaba con la colaboración de un abogado que transmitía las directivas emitidas desde el penal por los miembros encarcelados hacia quienes operaban en el territorio.
Actualmente, tanto el profesional de la abogacía como el resto de los imputados cumplen prisión preventiva.
El abordaje interdisciplinario contempla el trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía santafesina, fuerzas federales y gobiernos locales para desalentar la logística del narcomenudeo en los sectores más vulnerables.
Sobre el Autor
#TEMAS:
