El empresario Lázaro Báez fue imputado formalmente como supuesto líder de una estructura dedicada al lavado de dinero que, según la investigación judicial, habría continuado operando desde el lugar donde permanece detenido, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Imputaron a Lázaro Báez por manejar una red de lavado de dinero desde la cárcel
La investigación alcanza a 16 personas y apunta a operaciones por $390.880.000, además de posibles conexiones con una organización dedicada al narcotráfico en la Patagonia.

La acusación se presentó durante dos audiencias realizadas en Santa Cruz, en el marco de una investigación que involucra a 16 personas y que está dividida en dos expedientes vinculados entre sí.

La presentación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. Los cargos fueron expuestos ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez.
Maniobras por casi $391 millones
Uno de los expedientes se centra en un presunto circuito de operaciones financieras ilegales por un monto estimado en $390.880.000. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Báez habría coordinado las maniobras mediante comunicaciones telefónicas, pese a las restricciones que establece el artículo 12 del Código Penal para las personas condenadas.
La calificación legal provisoria contempla los delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Los investigadores sostienen que el dinero de origen presuntamente ilícito habría sido incorporado nuevamente al circuito económico formal a través de transferencias divididas entre distintas cuentas bancarias de personas allegadas y billeteras virtuales.
Báez cumple actualmente una condena unificada de 15 años de prisión.

Presunta red de narcotráfico
La investigación también incluye un segundo expediente relacionado con una supuesta organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la región patagónica.
Esta causa tiene nueve personas imputadas y, según los investigadores, presenta conexiones logísticas con el entorno del empresario. De esta manera, ambos procesos avanzan de forma vinculada, aunque investigan diferentes actividades delictivas.
Doce detenidos con prisión preventiva
Durante las audiencias, el juez Claudio Marcelo Vázquez avaló la prisión preventiva de 12 de los acusados y estableció medidas de coerción para los otros cuatro imputados.
Además, dispuso un plazo de dos años para desarrollar la investigación y ordenó el embargo de los vehículos secuestrados, junto con el levantamiento del secreto financiero.
Entre los elementos reunidos por la fiscalía se encuentran intervenciones telefónicas y documentación incautada durante los procedimientos. Ese material forma parte de las pruebas utilizadas para reconstruir el funcionamiento de las presuntas maniobras y determinar la participación de cada uno de los involucrados.
Con las defensas preparando sus planteos y los imputados sin prestar declaraciones, la investigación abre un nuevo capítulo judicial en Santa Cruz y vuelve a poner bajo la lupa las actividades económicas y los bienes vinculados a Lázaro Báez.









