La investigación por la muerte de Mauro Daniel González sumó una nueva imputación. Una médica de la Policía de Santa Fe que examinó al joven cuando fue llevado a la Comisaría 1ª, quedó acusada de homicidio culposo por su intervención durante los minutos que permaneció en esa dependencia, antes de continuar el recorrido que terminó en la Comisaría 8ª, donde falleció.
Violencia institucional en Santa Fe
Imputaron a una médica por su actuación antes de una muerte bajo custodia policial
La profesional fue acusada de homicidio culposo por la atención brindada en el trasladado a la Comisaría 1ra y luego a la 8va, donde falleció Mauro González. La querella cuestiona que no haya dispuesto su derivación a un centro de salud y que haya consignado solo parte de las lesiones que presentaba. La semana próxima habrá dos audiencias en tribunales por el caso.
La audiencia imputativa se realizó este martes en la Fiscalía Regional Nº 1, ubicada en avenida General López y Saavedra, y estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos y Violencia Institucional del MPA.
El abogado Rodolfo Mingarini, representante de la familia González, explicó que la acusación está vinculada con la atención que recibió el joven y, particularmente, con la falta de derivación a un centro asistencial. Según planteó, la profesional debía aplicar el protocolo vigente para la atención de personas detenidas en condiciones de vulnerabilidad.
Mingarini recordó que ese procedimiento fue establecido mediante una resolución interministerial de 2019 y sostuvo que también alcanzaba a la médica. Si durante la revisación advirtió que González podía encontrarse bajo los efectos del consumo de sustancias, como consignó en su intervención, debía adoptar otras medidas.
"Lo que tenía que hacer era tomar otro tipo de accionar y no lo hizo", afirmó el abogado. En concreto, señaló que correspondía disponer su traslado a un centro hospitalario para una atención adecuada.
Lesiones registradas
Otro de los puntos señalados por la querella es el registro realizado durante la revisación. Según Mingarini, González presentaba 22 lesiones visibles, pero la médica consignó solamente siete en el esquema correspondiente.
El abogado también evitó especular sobre las razones que pudieron haber llevado a la profesional a realizar esa evaluación. Consultado sobre si pudo haber intentado proteger a otros integrantes de la fuerza, respondió que no iba a atribuirle una intención que no estuviera respaldada por la evidencia.
"Yo me manejo con lo que se va comprobando, con la evidencia que se va reuniendo", sostuvo.
Durante la audiencia imputativa, la médica no realizó una exposición extensa sobre su intervención. De acuerdo con Mingarini, manifestó que había realizado correctamente su trabajo y no profundizó en las razones de su proceder.
La profesional sí expresó su pesar ante Lucas y Natalia, hermanos de Mauro, que se encontraban presentes en la audiencia. El abogado aclaró que no se trató de un reconocimiento de responsabilidad, sino de una manifestación de dolor por la pérdida.
El papel de las omisiones
La incorporación de las conductas omisivas constituye uno de los aspectos centrales de la investigación. Mingarini sostuvo que, además de las acciones desplegadas por los policías durante el procedimiento, deben analizarse aquellas medidas que tenían la obligación de adoptar y no realizaron.
"No estamos acostumbrados a manejarnos con los criterios o los conceptos de omisión. Por eso cuesta mucho entender por dónde viene el tema", explicó.
El abogado remarcó que esa perspectiva no fue introducida por la jueza Cecilia Labanca en su resolución sobre las medidas cautelares, como cuestionaron algunas de las partes. Según recordó, la querella había planteado el análisis de las omisiones en distintas oportunidades durante la investigación.
En el caso de la médica, la acusación se concentra precisamente en una conducta que, de acuerdo con la hipótesis sostenida por la querella, debía realizar y no realizó: disponer la atención hospitalaria de González frente al estado en que se encontraba.
Qué vio la médica
La profesional de la salud examinó a González entre las 15.25 y las 15.40 del 17 de enero, cuando había transcurrido menos de una hora desde su aprehensión. Mingarini sostuvo que las imágenes de las cámaras de seguridad permiten observar las condiciones en que el joven llegó a la Comisaría 1ª.
Según describió, González no se encontraba exaltado al momento de la revisación y las imágenes muestran que fue ingresado prácticamente arrastrándolo. Esa circunstancia, sostuvo, también debía formar parte de la evaluación médica.
Respecto de la posibilidad de que las lesiones hubieran sido producidas después de la revisación, Mingarini señaló que no puede establecerse con absoluta certeza, aunque aclaró que esa hipótesis no surge de la reconstrucción realizada hasta el momento.
La imputación contra la doctora no modifica, por ahora, su situación cautelar. El delito atribuido tiene una expectativa de pena de 1 a 5 años de prisión y la Fiscalía entendió que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida restrictiva de la libertad. En particular, no se consideró que pueda entorpecer la investigación ni ejercer presión sobre testigos.
Próximas audiencias
La nueva imputación se incorpora a una investigación que ya tiene a varios policías acusados por las circunstancias que rodearon la muerte de González, ocurrida el 18 de enero mientras permanecía bajo custodia policial.
Lucas Gonzalo Aranda, Facundo Amarillo Bogliolo, Sebastián Bandirali y Melisa Gabriela Díaz permanecen en prisión preventiva como presuntos coautores de tortura seguida de muerte. Sabrina Mailén Petitón, imputada por el mismo delito, transita el proceso en libertad, mientras que Juan Cruz Barros fue acusado por vejaciones calificadas y también permanece en libertad.
La situación procesal de Melisa Díaz será revisada el 1 de septiembre, en una audiencia solicitada por su defensa para revisar la prisión preventiva.
Además, el 3 de septiembre, a las 8.30, en el nuevo edificio de Tribunales, se realizará la audiencia de revisión de las medidas cautelares de los demás imputados alcanzados por la resolución judicial.
La investigación continúa así con el análisis de las responsabilidades individuales de quienes intervinieron desde la aprehensión de González hasta su ingreso a la Comisaría 8ª, donde finalmente murió.
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