La investigación por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida el 18 de enero mientras permanecía bajo custodia policial en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, sumó un nuevo capítulo procesal.
Violencia institucional
Fiscalía y querella apelaron la libertad de una policía imputada por la muerte de Mauro González
La querella y la Fiscalía apelaron la decisión que dejó en libertad a la policía Sabrina Mailén Petitón, al considerar que no existen fundamentos para diferenciar su situación de la de otros imputados por tortura seguida de muerte. Aunque cuestionó ese aspecto puntual, el Ministerio Público de la Acusación destacó la resolución dictada por la jueza Cecilia Labanca en una audiencia de alta complejidad.
Tanto la Fiscalía como la querella interpusieron recursos de apelación parcial contra la resolución que, la semana pasada, dejó en libertad a la policía Sabrina Mailén Petitón, una de las cinco integrantes del Comando Radioeléctrico imputadas por el delito de tortura seguida de muerte.
Aunque ambos recursos responden a fundamentos propios, coinciden en un punto central: solicitar que la Cámara de Apelaciones revise el tratamiento cautelar otorgado a la agente, cuya situación difiere de la de otros cuatro policías que permanecen en prisión preventiva pese a estar alcanzados por la misma calificación legal.
Primeras imputaciones
La carpeta judicial se inició a partir de la muerte de González, ocurrida horas después de haber sido detenido el 17 de enero en barrio Yapeyú, donde atravesaba una crisis subjetiva. Según la reconstrucción de la Fiscalía, los primeros policías que acudieron al lugar omitieron convocar asistencia sanitaria y lo redujeron mediante un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza.
La acusación sostiene que las agresiones continuaron durante el traslado, en distintas detenciones que realizaron los móviles policiales y, finalmente, en la Comisaría 8ª, donde el hombre fue ingresado a un calabozo pese a encontrarse prácticamente inconsciente.
Horas más tarde murió por una broncoaspiración que, de acuerdo con las pericias oficiales, era un desenlace altamente previsible y evitable.
Tras casi seis meses de investigación, el fiscal de la Unidad Especial de Violencia Institucional del MPA, Ezequiel Hernández, solicitó la detención de cinco efectivos del Comando Radioeléctrico y un integrante de la Guardia de Infantería.
Las imputaciones se desarrollaron el viernes 3 de julio y, posteriormente, entre el miércoles 8 y el jueves 9 de julio se llevó adelante en los tribunales de Santa Fe la audiencia de medidas cautelares.
Como resultado de esa instancia, Lucas Gonzalo Aranda, Facundo Amarillo Bogliolo, Sebastián Bandirali y Melisa Gabriela Díaz quedaron en prisión preventiva como presuntos coautores del delito de tortura seguida de muerte. En tanto, Sabrina Mailén Petitón, imputada por el mismo delito, y Juan Cruz Barros, acusado por vejaciones calificadas, continuaron el proceso en libertad con reglas de conducta.
La apelación
El recurso presentado por la querella se circunscribe exclusivamente a la situación procesal de Petitón. Para el abogado Rodolfo Mingarini, representante de la familia González, la resolución no explica adecuadamente por qué recibió un tratamiento distinto al de Bandirali.
"Bandirali hizo exactamente lo mismo que Petitón. Ambos llegaron en el segundo móvil para reforzar el procedimiento, participaron de la aprehensión y luego permanecieron junto a los demás efectivos durante el traslado y la custodia de Mauro hasta dejarlo en el calabozo. No hay diferencias objetivas entre una conducta y la otra", sostuvo.
El letrado aclaró que la impugnación no obedece a razones ajenas al proceso: "No hay lecturas políticas ni intencionadas. Es una cuestión absolutamente técnica, vinculada con la interpretación que hizo la jueza y la aplicación del derecho", afirmó.
La Fiscalía también apeló ese tramo de la resolución. Su planteo sostiene que la propia jueza entendió que Petitón integra la coautoría atribuida al resto del grupo operativo, pero al mismo tiempo justificó su libertad sobre la hipótesis de que, durante la investigación, su conducta pudiera encuadrarse en un delito distinto, como la omisión de hacer cesar la tortura.
Para el Ministerio Público de la Acusación esa posibilidad futura no puede sustentar una decisión cautelar actual. Además, considera que esa figura penal no resulta aplicable a quien formó parte del mismo procedimiento y tenía responsabilidad directa sobre la víctima.
Una resolución destacada
Más allá de la apelación parcial, la actuación de la jueza Cecilia Labanca recibió una valoración positiva por parte de la propia Fiscalía. Fuentes del MPA remarcaron que la magistrada resolvió una carpeta judicial particularmente compleja, con seis defensas particulares, la intervención de la querella, numerosos planteos técnicos y un fuerte interés institucional y político.
La audiencia de medidas cautelares se extendió durante más de diez horas distribuidas entre el miércoles 8 y el jueves 9 de julio, tras lo cual Labanca brindó una fundamentación oral de casi dos horas para resolver cada uno de los planteos formulados por las partes.
Desde la Fiscalía subrayaron que el recurso no cuestiona el desarrollo general de esa resolución, sino únicamente la decisión de mantener en libertad a Petitón.
La investigación avanza
Mientras la Cámara de Apelaciones deberá resolver los recursos presentados por la Fiscalía y la querella, la investigación continúa ampliando el alcance de las responsabilidades penales.
Este miércoles 15 de julio, Hernández imputó a dos efectivos de la Guardia de Infantería -Natalia Altamirano. y Santiago Ibarra- por encubrimiento agravado y omisión de promover la persecución y represión de delitos, al considerar que presenciaron las agresiones sufridas por González y no hicieron nada para impedirlas ni denunciarlas.
Además, permanece pendiente la audiencia imputativa de la médica policial que examinó a la víctima antes de su ingreso a la Comisaría 8ª. La querella sostiene que su actuación también deberá ser analizada en la carpeta judicial, al entender que existieron omisiones en la asistencia médica brindada antes del desenlace fatal.
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