Muerte en una comisaría de Santa Fe: Derechos Humanos recibió a la familia, que ya es querellante

La muerte de un hombre de 35 años en la Seccional 8ª de la ciudad de Santa Fe sumó este jueves un nuevo capítulo, cuando los padres de la víctima fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón. Además, la familia interviene formalmente como querellante en el caso que investiga el fallecimiento bajo custodia estatal.

La reunión se realizó en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, donde —según informó el abogado querellante Rodolfo Mingarini— el funcionario se comprometió a interceder ante la Defensa Pública y el Ministerio de Seguridad para garantizar el acceso a la información y el seguimiento institucional.

El deceso de Mauro Daniel González (35) ocurrió en la madrugada del 18 de enero, cuando el hombre se encontraba alojado en un calabozo de la dependencia ubicada sobre avenida General Paz al 7300.

Horas antes, el fiscal Roberto Olcese había dispuesto su libertad, decisión que fue comunicada a la comisaría a las 22.40 del sábado. Sin embargo, en horas de la madrugada, al ir a notificarlo para efectivizar la medida, el personal constató que no respondía a los estímulos. La causa fue inicialmente caratulada como “investigación de muerte”.

Querella admitida

El 21 de enero los padres, los tres hermanos y los cinco hijos menores de edad de la víctima se constituyeron como querellantes a través del Dr. Mingarini. El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia hizo lugar al planteo, habilitando su participación activa en la producción de prueba y el control de la investigación.

En un primer momento intervino el fiscal de Homicidios, Estanislao Giavedoni, quien dispuso las medidas urgentes, entre ellas la participación de la División Científica Forense de la PDI, Asuntos Internos, División Judiciales de la URI y autoridades policiales de la zona; y se aplicó el Protocolo de Minnesota para la realización de autopsia.

Posteriormente, el legajo pasó a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, a cargo del Dr. Ezequiel Hernández.

Desde la querella sostienen que el abordaje debe ser integral y abarcar no sólo el momento del hallazgo en la celda, sino también las circunstancias previas a la detención, el traslado y la evaluación médica. “No se trata de fragmentar la investigación, porque hay acciones pero también omisiones”, planteó el abogado.

Puntos bajo análisis

El hombre había sido aprehendido el sábado 17 de enero por personal del Comando Radioeléctrico en barrio Yapeyú, tras un llamado al 911 que denunciaba desorden en la vía pública. De acuerdo con la reconstrucción que impulsa la querella, la detención habría sido ilegal y estuvo acompañada de apremios.

Según esa hipótesis, fue reducido en la puerta de su vivienda de calle Hermanos Figueroa al 9600, donde fue esposado y trasladado en un móvil policial. La defensa sostiene que existen testigos presenciales y registros de cámaras de seguridad —tanto del sistema 911 como municipales y privadas— que documentan distintos tramos del procedimiento.

Tras pasar por otras dependencias, fue examinado por un médico que consignó lesiones con un tiempo estimado de recuperación de siete días. Finalmente, ingresó a la Seccional 8ª alrededor de las 16.

Más tarde, otros aprehendidos habrían advertido que presentaba dificultades respiratorias. El diagnóstico preliminar habló de una posible broncoaspiración, aunque los resultados definitivos de la autopsia y estudios complementarios aún no fueron incorporados al expediente.

El caso también puso bajo la lupa la comunicación a la Defensa Pública —que, según la querella, no habría sido notificada en el plazo correspondiente— y la calificación inicial del procedimiento como “resistencia a la autoridad”.

Mientras se aguardan los informes periciales, la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos agrega un seguimiento político-institucional a una investigación que analiza responsabilidades por una muerte ocurrida en un ámbito de custodia estatal.