La investigación por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en enero tras una violenta detención en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, sumó dos nuevos uniformados imputados.
Audiencia en libertad
Muerte en la Seccional 8va: dos nuevos policías imputados, esta vez por encubrimiento
Se trata de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería que acudieron al lugar donde fue detenido Mauro González, quien horas más tarde fue hallado sin vida en un calabozo.
El fiscal de la Unidad Especial de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, quien ya imputó por “tortura seguida de muerte” a cinco policías y por “vejaciones agravadas” a un sexto, formalizó este miércoles la atribución delictiva contra dos efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería.
Se trata de Natalia A. y Santiago I., quienes están bajo la lupa por haber presenciado el castigo físico contra el joven y no haber intervenido ni denunciado el accionar de sus colegas. A diferencia de los primeros seis policías, estos nuevos acusados fueron imputados en libertad, en la sede del MPA.
También fue citada a audiencia imputativa en libertad la médica policial que revisó a la víctima antes de que fuera ingresado a la Comisaría 8va, donde murió. Todavía no hay fecha, pero se espera que sea fijada para los próximos días.
Encubrimiento agravado
Según la atribución delictiva, ambos integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería de la U.R.I. tomaron conocimiento directo de los "tratos rigurosos y ásperos" que sus compañeros de fuerza le aplicaban a la víctima en las inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, pero optaron por el silencio y la inacción.
Esta nueva derivación del caso refuerza la hipótesis fiscal de que existió un "plan común" o, al menos, una connivencia institucional que permitió el desenlace fatal dentro de un calabozo de la Seccional 8va.
La calificación legal elegida por el fiscal Hernández para los nuevos imputados es la de autores de “encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones”, en concurso ideal con la “omisión de reprimir delitos”.
Para los investigadores, los agentes no solo fallaron en su deber legal de perseguir y denunciar actos delictivos que presenciaron en razón de su cargo, sino que con su omisión permitieron que el calvario de González continuara hasta su traslado y posterior muerte por asfixia tras broncoaspirarse.
Testigos directos de la violencia
De acuerdo con la imputación, Natalia A. y Santiago I. llegaron a la escena minutos después de las 14.43 del 17 de enero. Allí observaron cómo los agentes Lucas Aranda, Melisa Díaz, Sebastián Bandirali, Facundo Amarillo, Sabrina Petitón y Juan Cruz Barros mantenían sujeto a Mauro González en el piso.
La víctima, que atravesaba una "crisis subjetiva", ya presentaba las rodillas ensangrentadas y era presionada con rodillas y pies en las zonas dorsal, abdominal y hepática por parte de los funcionarios policiales.
La fiscalía sostiene que los dos nuevos imputados no pudieron ser ajenos al sufrimiento de la víctima, especialmente cuando el padre del joven advirtió a los gritos que su hijo había sido sometido recientemente a una cirugía abdominal.
Lejos de detener el castigo, el ensañamiento se habría incrementado deliberadamente, incluyendo la colocación de un segundo par de esposas y la flexión forzada de las piernas de González antes de arrojarlo violentamente a la caja del móvil policial.
Los señalados como “encubridores”, pese a estar obligados por ley a hacer cesar el delito e individualizar a sus autores, omitieron cualquier acción de auxilio o denuncia.
Evidencias
Para sostener esta nueva imputación, la fiscalía se apoyó en una serie de evidencias que incluyen el análisis del recorrido histórico de las unidades policiales a través de los registros de GPS y las actas de análisis de audios radiales de la central de emergencias.
También fueron fundamentales los testimonios recogidos en sede fiscal, así como el informe médico legal que documentó más de veinte lesiones visibles y la fractura de la séptima costilla derecha de González.
Esta nueva imputación contra miembros de Infantería pone de relieve lo que la fiscalía denominó anteriormente como el "muro de silencio azul" (Blue Wall of Silence), una regla no escrita entre oficiales de policía para no denunciar la mala conducta, corrupción o brutalidad de sus compañeros.
Mientras el caso avanza, cuatro de los policías originalmente acusados permanecen en prisión preventiva, mientras que otros cuatro -entre los que están los recientemente imputados- siguen vinculados a la causa pero en libertad, bajo diferentes reglas de conducta.
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