En la noche del miércoles, agentes de la Prefectura Naval Argentina junto a personal de Asuntos Internos ejecutaron una serie de allanamientos en el marco de una investigación por microtráfico de drogas en la ciudad de Santa Fe y la región.

La investigación reveló dos asociaciones ilícitas dedicadas a ingresar droga a los penales y venderla dentro y fuera de las cárceles.

En la noche del miércoles, agentes de la Prefectura Naval Argentina junto a personal de Asuntos Internos ejecutaron una serie de allanamientos en el marco de una investigación por microtráfico de drogas en la ciudad de Santa Fe y la región.
Las medidas se realizaron bajo la conducción de la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, y con la colaboración de sus pares Ezequiel Hernández y Diego Vigo.
Según se indicó en conferencia de prensa, la pesquisa comenzó en junio de este año, a partir de la sospecha sobre la existencia de asociaciones ilícitas dedicadas a la comercialización de estupefacientes tanto en el interior como en el exterior de unidades penitenciarias.

El procedimiento, iniciado alrededor de las 23, incluyó 12 allanamientos en domicilios particulares además de requisas en la cárcel federal de Coronda y la cárcel provincial de Las Flores.
Como resultado, fueron detenidas 19 personas, seis de ellas ya privadas de libertad en ambos penales. Se secuestraron 500 gramos de cocaína, 650 gramos de marihuana, unos 35 teléfonos celulares, anotaciones vinculadas a la contabilidad del negocio, un arma de fuego y más de 1,5 millones de pesos en efectivo.

La investigación reveló la existencia de dos organizaciones criminales que actuaban de manera independiente: Una más grande, integrada por unas 14 o 15 personas, que comercializaba droga dentro y fuera de la cárcel.
Y otra más pequeña, orientada principalmente a las ventas internas.
Los fiscales confirmaron que la droga era ingresada de forma oculta durante las visitas, mediante envoltorios diseñados para evadir controles.
El fiscal Vigo destacó que este operativo se enmarca en la política criminal del MPA a partir de la desfederalización parcial de la ley de estupefacientes. "Se trata de un caso priorizado, que nos permitió consolidar la hipótesis de asociación ilícita con fines de comercialización de drogas", señaló.

Las pesquisas continúan. El análisis de los celulares y la documentación secuestrada permitirá definir la magnitud real de las estructuras criminales investigadas y la posible imputación de nuevos involucrados.
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