Este jueves, referentes de diversas organizaciones sociales santafesinas realizaron una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) denunciando la aplicación de “prácticas ilegales” durante la aprehensión de Julián Castillo en 2023, quien sufría una crisis subjetiva y murió esposado en la caja de una camioneta patrullero.
Presentación ante el MPA
Organizaciones santafesinas exigen avances en la investigación a policías por una muerte en custodia
Fue en el marco de la causa iniciada tras el fallecimiento de Julián Castillo, que tiene a tres agentes de calle ya un médico policial imputados. Denuncian que no aplicaron el protocolo correspondiente y aprehendieron al joven durante una crisis de salud mental.
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Cecilia Santamaría, madre de Julián, acompañó la presentación junto a su abogado, Guillermo Muné. Fueron recibidos en la sede de General López y Saavedra por el fiscal Ezequiel Hernández, quien está a cargo de la Fiscalía de Violencia Institucional.
Julián tenía 32 años, estudiaba sociología y era militante social. El 8 de marzo de 2023 atravesó una crisis subjetiva vinculada a consumos problemáticos cuando fue interceptado por la policía en la vía pública.
Denuncian que fue tratado con violencia, inmovilizado y esposado, incumpliendo los protocolos de salud mental que exigen un abordaje sanitario. En lugar de ser trasladado a un hospital, Julián fue llevado en la caja de un patrullero hacia una comisaría, se descompensó en el trayecto y llegó sin vida al Hospital Cullen.
En el marco del proceso judicial, a principios de 2025, tres agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) y un médico policial fueron imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Un reclamo colectivo
La presentación se realizó en coincidencia con la campaña global "Acompañe, no castigue", una iniciativa que busca reivindicar los derechos de las personas con consumos problemáticos.
Previo a la presentación, Santamaría explicó que su objetivo es "exigir a la justicia que señale las responsabilidades de los agentes policiales en esa intervención", la cual, según denuncia, "incumplió los protocolos establecidos para esas situaciones".
El documento presentado enfatiza que la normativa vigente, específicamente la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, establece que estas situaciones deben abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, priorizando la asistencia sanitaria sobre las respuestas punitivas.
Sin embargo, las organizaciones advierten que la realidad territorial muestra una tendencia opuesta. El texto entregado a la fiscalía sostiene que "las personas que atraviesan consumos problemáticos no son sujetos peligrosos, ni deben ser objeto de respuestas represivas", sino que requieren políticas públicas de cuidado y protección integral.
El escrito cuenta con el respaldo de instituciones como El Rincón Cultural, Red Puentes, la Asociación Civil Conectar y Deporte Solidario, quienes trabajan diariamente con personas en situación de vulnerabilidad y consumos problemáticos.
No fue un hecho aislado
Uno de los puntos centrales del documento es la descripción del accionar de las fuerzas de seguridad durante la crisis que sufrió Julián en la vía pública. Según el relato de su madre, el joven atravesaba una crisis y la policía intervino "de manera absolutamente arbitraria, persiguiéndolo, tirándolo al piso, tirándosele arriba, esposándolo". A pesar de que los agentes habrían reconocido que se trataba de una situación de salud mental, "lo llevaron a una comisaría en vez de llevarlo a un hospital".
Yamila, integrante de la Red Puentes, remarcó que no se trató de un hecho aislado en la ciudad de Santa Fe. "Todos los días vemos situaciones donde la fuerza de seguridad, principalmente la policía, maltrata a los pibes que tienen problemas de consumo", afirmó, agregando que existe un abordaje centrado en la "penalización y la criminalización y no de la salud mental, como debería ser".
El documento técnico que acompaña la presentación refuerza esta idea al señalar que cuando las intervenciones se realizan bajo prácticas policiales que contradicen los protocolos vigentes, "se agrava la situación de la persona involucrada pudiendo resultar en actos de violencia institucional y provocar desenlaces irreparables".
Marcar un precedente
"Nosotros exigimos que la justicia debe tener perspectiva en derechos humanos para mirar estos incumplimientos, para mirar que se han vulnerado los derechos humanos de Juli", sostuvo Santamaría.
Finalmente, las organizaciones firmantes instan a que el señalamiento de responsabilidades sirva como un precedente para erradicar las prácticas represivas y garantizar que todas las agencias estatales cumplan con sus deberes legales.
“Exigimos justicia por Julián y la transformación real de las prácticas de seguridad: las calles y los barrios necesitan más acompañamiento, más salud pública y erradicar por completo la violencia institucional”, concluye el documento.
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