Un total de 32 teléfonos celulares fueron secuestrados el jueves pasado desde una oficina de la Seccional 7ma. de policía de Santa Fe, donde estaba alojado el camillero santotomesino, acusado de estafar en más de 70 millones de pesos a cuatro mujeres con las que mantuvo breves noviazgos o una relación de amistad.
Presos y comunicados
Por el caso del camillero estafador de mujeres, secuestraron 32 celulares de una comisaría
Se investiga cómo fue que le facilitaron un dispositivo, a través del cual se comunicó con su ex pareja para decirle que le pida “médico” para el trabajo cuando quedó detenido. Al momento de la requisa no se hallaron teléfonos entre los alojados.
La requisa fue solicitada por el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández, a instancias de la fiscal del caso, Yanina Tolosa, quien se encontró con que el acusado continuaba comunicándose con el exterior, aún estando preso.
Matías Nicolás De la Peña (37), se encuentra privado de la libertad desde el lunes 15 de septiembre, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) allanó su casa y la de su madre en la ciudad de Santo Tomé, en busca de evidencias.
Por Facebook
Desde entonces permaneció alojado en la comisaría del noroeste de la ciudad, desde donde logró comunicarse con su ex pareja, quien a su vez también podría ser víctima, según trascendió en la última audiencia.
A través del mensajero de la red social Facebook, De la Peña le escribió a la mujer desde el perfil “Cone Colón”, de otro preso de apellido Flores. “Soy Mati” -le decía-, “comunicate con Maxi para que me pida ‘médico’, que lunes o martes vuelvo”, habría sido el texto enviado, minimizando la grave situación que atravesaba.
Luego, el hermano de De la Peña puso sobreaviso a la mujer de que éste se volvería a comunicar desde otros perfiles de redes sociales, para que prestara atención y siguiera sus instrucciones.
También se investiga cómo hizo De la Peña para transferir unos $ 150.000 que le quedaba en la cuenta corriente a la madre de su hija, en el lapso que se encontraba privado de la libertad.
Requisa policial
Como resultado de la alerta que generó las comunicaciones, el jueves 18 de septiembre el fiscal Hernández solicitó la requisa de la unidad policial ubicada sobre calle Mansilla 9700, a metros de la avenida Teniente Loza.
Efectivos de Asuntos Internos que realizaron la labor secuestraron un total de 32 teléfonos celulares, de los cuales ninguno estaba en el módulo de detención, sino en dependencias accesibles a los policías que trabajan en el lugar.
Del total, 11 tenían algún tipo de rótulo, lo que implicaba que podrían tratarse de efectos secuestrados en procedimientos de rutina, no obstante ninguno de ellos estaba en sobre cerrado ni tenía cadena de custodia.
En otra caja fueron hallados otros 19 aparatos los cuales directamente no tenían nada que permitiera su identificación. Estaban en dos cajas distintas en una oficina, disponibles libremente y sin registro de para qué se usaban, señalaron fuentes del caso.
Un sospechoso
Además, al momento de la intervención de la Agencia de Control Policial (ACP), el personal de Asuntos Internos le pidió a los uniformados que se encontraban desempeñando sus tareas que dejara sobre la mesa todos sus teléfonos.
Luego, encontraron entre las cosas de uno de los empleados otro teléfono encendido del que no había informado, por lo que ante la sospecha de que pudo haber sido ese el que se facilitaba a los presos, también quedó en poder de la autoridad judicial para ser peritado.
Un dato clave, que lleva a pensar que las comunicaciones se produjeron desde dentro del lugar de encierro es que el mensaje fue enviado a través del perfil de Facebook “Cone Colón” perteneciente a Damián Armando Luis Flores, que cuenta con dos cuentas -una abierta y otra restringida- con el mismo nombre.
El punto es que Flores se encuentra alojado en la misma comisaría, desde el 7 de agosto de 2025, en el marco de una causa que investiga la fiscal María Lucila Nuzzo, según informó la Dra. Tolosa durante el tratamiento de las cautelares.
Entorpecimiento probatorio
Este intento por evadir el ordenamiento legal, fue utilizado por la fiscal durante la audiencia de prisión preventiva, al argumentar en función de los riesgos procesales que implicaba la liberación de De la Peña.
Aunque todo indica que no se dará a la fuga, puesto que tiene trabajo y una hija menor de edad, lo cual implica cierto arraigo; nada hace pensar que no interferirá con la investigación, ya sea amedrentando a las víctimas o intentando ocultar futura evidencia que pudiera ser colectada, especialmente ante la posibilidad de que aparezca una quinta damnificada.
Por esos y otros argumentos que fueron desplegados en audiencia, el juez penal Leandro Lazzarini ordenó este martes la medida cautelar de máxima para Martín De la Peña, quien previamente fuera imputado por el delito de “estafa -4 hechos- en concurso real”.
En tal sentido el Dr. Lazzarini dijo que “el riesgo de entorpecimiento probatorio está acreditado” y destacó las “características de vulnerabilidad de las víctimas que han depositado la confianza en De la Peña” y fueron sistemáticamente engañadas.
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