Un taller de instalación de equipos de gas natural comprimido (GNC) sin habilitación, cilindros de procedencia injustificada y vehículos que circulaban con obleas truchas. La trama de irregularidades que comenzó a investigarse en 2019 tuvo su capítulo final: el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a tres años de prisión en suspenso al responsable de uno de los establecimientos allanados.
Denunciado por el Enargas
Obleas ajenas, tubos sin control y un taller clandestino: el negocio de GNC que terminó ante la Justicia
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso tres años de prisión en suspenso al responsable de un establecimiento que operaba al margen de las regulaciones del Enargas. Los otros dos involucrados en la investigación resolvieron sus situaciones procesales mediante suspensiones de juicio a prueba.
La sentencia fue dictada este miércoles 4 de noviembre por el juez federal Luciano Lauría, quien declaró a Roque Adrián Garramuño, de 51 años, autor del delito de tenencia de materiales explosivos o inflamables sin la debida autorización legal, previsto en el artículo 189 bis, inciso 1°, tercer párrafo, del Código Penal.
La pena fue acordada mediante un juicio abreviado, con intervención del fiscal federal auxiliar Nicolás Sacco y el consentimiento del acusado y de su abogado particular, Sebastián Oroño.
Además de dejar en suspenso el cumplimiento de los tres años de prisión, el magistrado le impuso reglas de conducta por igual período: fijar residencia, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y abstenerse de cometer nuevos delitos.
Por las redes sociales
El expediente se inició a partir de denuncias de la Gerencia de Gas Natural Comprimido del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y del asesor letrado de la Cámara de Talleristas Integrales de GNC y Afines de la Región Centro y de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de Santa Fe.
Las presentaciones advertían sobre la presunta falsificación y comercialización de obleas habilitantes para equipos de GNC, ofrecidas a través de redes sociales. La investigación quedó inicialmente en manos del entonces fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien actualmente se desempeña como juez federal en esta jurisdicción.
Por disposición de la fiscalía, las tareas fueron encomendadas a la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de Prefectura Naval Argentina en Santa Fe. Los investigadores detectaron actividades de montaje de equipos, pruebas hidráulicas y provisión de obleas al margen de los controles del organismo regulador.
El 26 de mayo de 2020 se concretaron los allanamientos. En el taller de Garramuño, ubicado en Monseñor Zaspe al 3900, los prefectos secuestraron once cilindros de GNC y un Renault Sandero con un equipo instalado. También se realizaron procedimientos en otros domicilios vinculados con la pesquisa, donde fueron incautados más tubos y documentación relacionada con la actividad.
Una oblea de otro vehículo
En su resolución, Lauría destacó los informes técnicos del Enargas. El organismo determinó que los cilindros secuestrados no tenían documentación que acreditara su procedencia ni su aptitud técnica.
También constató que el Renault Sandero no estaba registrado como habilitado para utilizar GNC y que la oblea adherida a su parabrisas correspondía a otro vehículo. Los dos cilindros encontrados en el baúl tampoco registraban operaciones asociadas.
A esto se sumó que los domicilios investigados carecían de certificación vigente para funcionar como talleres de montaje de equipos de gas.
Para el magistrado, las pruebas permitieron acreditar que Garramuño tenía bajo su poder materiales inflamables sin autorización legal y que, por su actividad específica, conocía las exigencias reglamentarias para su almacenamiento, instalación y utilización. El propio imputado reconoció los hechos al prestar conformidad con el acuerdo abreviado.
La sentencia también ordenó decomisar los once cilindros secuestrados en su domicilio y el equipo de GNC instalado en el Renault Sandero, al considerar que la medida resultaba necesaria para proteger la seguridad pública.
Los otros involucrados
La investigación había alcanzado originalmente a otros dos hombres, vinculados con las instalaciones de equipos de GNC y la provisión de elementos para el funcionamiento de los talleres clandestinos. Ambos resolvieron su situación procesal mediante suspensiones de juicio a prueba, aunque en distintas instancias del expediente.
Carlos Alfredo P. obtuvo el beneficio durante la etapa de instrucción, a partir de un planteo presentado por la defensa oficial el 27 de abril de 2022.
En tanto, Rodrigo Emiliano S. lo solicitó después de que las actuaciones fueran elevadas al Tribunal Oral Federal. El 25 de julio de ese año se le concedió la probation por el término de un año y, una vez cumplidas las condiciones impuestas, el 10 de octubre de 2023 se declaró extinguida la acción penal y se dispuso su sobreseimiento.
De esta manera, la condena dictada el miércoles recayó sobre el único de los tres imputados que llegó a juicio por la tenencia de materiales inflamables sin autorización legal.
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