La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la prisión preventiva impuesta a Sabrina Petitón, una de las policías imputadas por la tortura seguida de muerte de Mauro González, quien en enero fue hallado sin vida en un calabozo de la Comisaría 8va de la ciudad de Santa Fe.
Cámara de Apelaciones
Confirmaron la prisión de la última policía detenida por la muerte en custodia de Mauro González
Había quedado en libertad en primera instancia, pero luego la Alzada revocó el fallo. Ahora, otro tribunal ratificó la decisión de dejarla tras las rejas mientras continúa la investigación del fallecimiento ocurrido en enero en la Comisaría 8va. de Santa Fe.
La camarista Martha Feijoó fue la encargada de revisar la situación procesal de la uniformada, y rechazó los planteos de la defensa ejercida por el abogado Sebastián Oroño.
De esta forma, la Alzada convalidó la resolución previa del juez de segunda instancia Jorge Andrés, quien en septiembre había revocado la libertad bajo reglas de conducta que le otorgara inicialmente la jueza Cecilia Labanca en primera instancia.
Durante la audiencia realizada el lunes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue representado por el fiscal Carlos Arietti, quien sostuvo los planteos desarrollados anteriormente por el fiscal Ezequiel Hernández, quien está a cargo de la investigación. El querellante Rodolfo Mingarini, que representa a la familia González, también impulsó la confirmación de la cautelar.
Prisión confirmada
Al analizar el recurso interpuesto por la defensa de Petitón, la jueza Feijoó determinó que se mantienen plenamente vigentes los riesgos procesales y los elementos de convicción para fundamentar la medida cautelar más gravosa mientras avanza la investigación penal.
En su fallo, la magistrada desestimó los agravios enunciados por Oroño, que buscaban restituir la libertad de la suboficial bajo la pretensión de asignarle un rol secundario o de mera acompañante en el procedimiento que derivó en la muerte de González.
De este modo, la Cámara dejó firme el criterio de que la presencia activa, el acompañamiento y la custodia brindada por Petitón junto al resto de la patrulla durante la detención, el traslado y el encierro de la víctima en la seccional policial configuraron una coautoría funcional en el delito atribuido.
Con este pronunciamiento, se ratificó la prisión preventiva de Petitón, consolidándose como la quinta integrante de la fuerza que permanecerá privada de su libertad mientras la causa continúa avanzando.
La acusación
El dramático suceso que dio origen a la causa penal se desencadenó la tarde del sábado 17 de enero de 2026 en inmediaciones del cruce de calles Chaco y Hermanos Figueroa, en el barrio Yapeyú del noroeste santafesino, cuando Mauro González atravesaba una "crisis subjetiva" vinculada a padecimientos de salud mental o consumo de sustancias.
La fiscalía sostiene que los primeros agentes del Comando Radioeléctrico que acudieron al llamado del 911 omitieron aplicar los protocolos sanitarios vigentes y desplegaron un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza física.
A pesar de que el padre del joven advirtió desesperado que su hijo había sido intervenido quirúrgicamente en la región abdominal, los uniformados intensificaron los castigos físicos en la zona hepática, le colocaron dos pares de esposas ajustadas y lo arrojaron a la caja del patrullero.
De la atribución delictiva surge que tras un irresponsable recorrido, que incluyó paradas en una estación de servicio y en Medicina Legal sin brindarle la atención médica de urgencia que requería su grave deterioro, la víctima fue arrojada en estado de inconsciencia dentro de una celda de la Comisaría 8ª, donde falleció la madrugada del 18 de enero por asfixia tras broncoaspirarse.
La autopsia oficial constató más de veinte lesiones visibles en el cuerpo de González y la fractura de su séptima costilla derecha.
Nueve imputados
La investigación conducida por la Fiscalía de Violencia Institucional abarca un total de nueve personas imputadas con distintos grados de responsabilidad.
Junto a Sabrina Petitón, los oficiales del Comando Radioeléctrico Lucas Aranda, Melisa Díaz, Sebastián Bandirali y Facundo Amarillo Bogliolo cumplen prisión preventiva acusados como coautores de “tortura seguida de muerte” . Amarillo suma una acusación paralela por “vejaciones”, “daños” y “falsedad ideológica” por un hecho de 2024.
El agente del Cuerpo Guardia de Infantería Juan Cruz B. transita el proceso en libertad imputado como coautor de “vejaciones calificadas”, mientras que sus colegas Natalia A. y Santiago I. enfrentan cargos en libertad por “encubrimiento agravado” y “omisión de reprimir delitos”.
Finalmente, una médica de la Policía de Santa Fe se encuentra imputada por “homicidio culposo” debido a las omisiones en las que habría incurrido durante el examen previo a que la víctima fuera encerrada en el calabozo.
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