Nueve personas fueron imputadas este viernes por haber provisto ilegalmente de armas de fuego, muchas de gran calibre, a terceros. Algunas de estas aparecieron vinculadas a hechos de sangre, robos y violencia de género.

La fiscal rosarina Juliana González realizó las atribuciones delictivas este viernes en los tribunales de la capital provincial, y señaló que la próxima semana pedirá que queden en prisión preventiva.

Nueve personas fueron imputadas este viernes por haber provisto ilegalmente de armas de fuego, muchas de gran calibre, a terceros. Algunas de estas aparecieron vinculadas a hechos de sangre, robos y violencia de género.
La fiscal rosarina Juliana González encabezó hoy una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe, para brindar detalles sobre la audiencia en la que imputó a las nueve personas detenidas el pasado 3 de diciembre en la capital provincial, Recreo y Esperanza. Ante el juez Pablo Spekuljak, atribuyó el delito de “provisión ilegal de armas de fuego” a todos los individuos.
La funcionaria señaló que la circulación ilegal de armas de fuego es uno de los objetivos de investigación prioritarios delineados por la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según explicó González, los imputados son todos "legítimos usuarios" que se encontraban debidamente registrados ante el Registro Nacional de Armas (Renar). La investigación, que se inició hace aproximadamente seis meses, se disparó debido a un patrón alarmante: la adquisición de un número elevado de armas en un escaso período de tiempo.
El perfil del armamento adquirido también encendió las alarmas, pues respondía a calibres de alto poder ofensivo. Específicamente, los imputados compraron pistolas de calibre 9 mm, .40 y calibre .380.
La preocupación principal de la fiscalía reside en la cantidad de armamento que se presume fue volcado al mercado negro. Durante los 17 allanamientos realizados en los domicilios declarados de guarda, el objetivo era incautar aproximadamente 150 armas.
Sin embargo, la fiscal detalló que solo se lograron recuperar y secuestrar entre 15 y 20 armas. Esto implica que la vasta mayoría, casi 130 artefactos, "están volcadas de alguna manera al mercado ilegal".
Algunas de las armas que no estaban en poder de los legítimos usuarios fueron encontradas en hechos delictivos de violencia altamente lesiva. Se pudo determinar que estos artefactos aparecieron en escenas de homicidios, tentativas de homicidio, abuso de armas y también en hechos que se produjeron en un contexto de violencia de género.

La fiscal también señaló que, en algunos de los casos donde se hallaron las armas, las personas involucradas ya se encuentran condenadas por otros tipos de delitos.
Uno de los principales desafíos en este tipo de investigaciones es la reconstrucción de la procedencia de las armas, dado que las halladas en las escenas de crimen suelen estar "limadas" (con su número de serie borrado).
Para poder recuperar la numeración original y así llegar al legítimo usuario, el equipo de la MPA tuvo que recurrir a diversos procedimientos, incluyendo el "revenido químico". Estos procedimientos especializados permitieron conocer el número de serie original y vincular el arma directamente con el usuario legítimo.

“No es fácil reconstruir un arma limada", pero es el único camino para conocer a quién pertenece.
Además de la búsqueda de armamento, los 17 allanamientos arrojaron otros resultados. En dos de los domicilios se incautó material estupefaciente, elementos destinados a fraccionar la droga, balanzas y elevadas sumas de dinero. Esto será investigado por el fiscal Eric Fernández.
En cuanto al trámite judicial, la fiscal González indicó que este viernes se realizó la audiencia imputativa y que las medidas cautelares serán discutidas el próximo martes 16 de diciembre.

La investigación se originó y es llevada adelante por el Equipo de Abordaje Estratégico de delitos cometidos con armas de fuego, que depende de la Fiscalía General del MPA. La unidad fue creada en abril de 2024 tras la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad nacional.
En esa línea, la fiscal subrayó la importancia de "intercambiar información con otras agencias del Estado" para poder relacionar los datos y vincular a estas personas con la estructura criminal.