La crítica situación financiera que atraviesa la asociación civil Un Mundo Especial, ubicada en Colastiné Norte, mantiene interrumpidos los servicios para unos 70 niños, niñas y jóvenes con discapacidad, mientras se sostiene únicamente el funcionamiento del hogar permanente donde residen 25 personas. La situación ya lleva 12 días -desde el 18 de marzo- y continuará al menos hasta el 6 de abril, ante la falta de respuestas y de financiamiento nacional.
Continúa el cese de actividades en "Un mundo especial" y afecta a 70 chicos con discapacidad
La crisis de financiamiento golpea a la atención de personas con discapacidad: terapias suspendidas, salarios atrasados y creciente incertidumbre. Se decidió extender hasta el 6 de abril la suspensión de cuatro de los cinco servicios que brinda la institución.

"En principio habíamos previsto que la medida era hasta el 27 de marzo. Pero llegado el día, la situación es exactamente la misma que la semana pasada. No hemos recibido nada de Nación", afirmó la presidenta de la institución, Susana Beresvil, en relación al programa Incluir Salud cuya obra social financia la mayoría de los tratamientos que allí se brindan.
Según detalló, el último pago nacional se registró el 20 de diciembre y desde entonces "ya se cumplieron tres meses sin que recibamos ni un centavo".
La consecuencia directa es la paralización de los servicios terapéuticos, educativos y de rehabilitación. "Los centros permanecen cerrados con todo el dolor del alma", expresó Beresvil, y precisó que el cese alcanza a "70 chicos y jóvenes" que dejaron de recibir sus tratamientos en cuatro de los cinco servicios: centro de día, centro educativo terapéutico, atención temprana y apoyo escolar.

Los esfuerzos se concentraron en sostener el hogar de alojamiento permanente que sigue funcionando con normalidad: "Los 25 chicos, jóvenes y algunos adultos están contenidos, con alimentación cubierta y con un equipo profesional que mantiene la atención, aunque con carga horaria reducida", indicó.
Impacto en los trabajadores
La falta de recursos impacta de lleno en los trabajadores. La institución, que cuenta con unas 80 personas entre personal en relación de dependencia y profesionales, acumula atrasos salariales. "La semana próxima ya vamos a deber dos meses de sueldo", advirtió Beresvil, y detalló que el único pago reciente permitió cubrir apenas "un 9% del salario", lo que en algunos casos significó montos de entre 50 mil y 200 mil pesos. "¿Qué hacés con ese dinero en el supermercado?", graficó.
El plantel de trabajadores de la institución incluye a profesores de educación especial, terapistas ocupacionales, kinesiólogo, asistente social, trabajadores auxiliares y asistentes del hogar, entre otros.
Para sostener mínimamente la estructura, la entidad debió reducir cargas horarias y reorganizar tareas. "Estamos peleando para salvaguardar la fuente de trabajo de 80 personas", remarcó la titular de la institución, quien describió un escenario atravesado por "rabia, angustia e incertidumbre". A esto se suma la falta total de interlocución con organismos oficiales: "No hubo ningún organismo ni nacional ni provincial o local que se haya acercado a preguntar cómo estamos".

En paralelo, crece la preocupación en el sector. Beresvil indicó que otras instituciones que atienden a la discapacidad atraviesan situaciones similares y no descartó que puedan adoptar medidas en los próximos días si no hay respuestas. "Si no hay un cambio con respecto a los pagos, la plata se termina, es como en cualquier casa", advirtió.
Mientras tanto, el sostenimiento del hogar y de algunas obligaciones básicas depende en gran medida de la solidaridad. "La sociedad nos está dando una mano y eso es muy importante", reconoció, aunque aclaró que esos aportes "no solucionan el problema estructural".
Población vulnerable
"Acá atendemos a población vulnerable. En un 80% pertenece a Incluir Salud, por lo que son los chicos que tienen pensiones no contributivas. Tenemos una cuota societaria de la familia, que tampoco es obligatoria de pago", explicó. En ese marco, insistió en que la salida requiere una respuesta urgente del Estado: "Con que Nación pague al menos un mes, ya podríamos empezar a funcionar".









