Instituciones de discapacidad en alerta por atrasos en pagos y falta de actualización de aranceles

El sector que trabaja con personas con discapacidad atraviesa una situación crítica tanto en Santa Fe como a nivel nacional, con reclamos por atrasos en los pagos, falta de actualización de aranceles y dificultades para sostener servicios. Desde las organizaciones advierten que el sistema está en tensión desde hace meses y que la falta de definiciones en torno a la ley de emergencia en discapacidad agrava el panorama, con riesgo para la continuidad de algunas prestaciones e instituciones.

Francisco Zanotti, vicepresidente de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe (Uendisfe), explicó que la crisis se profundizó en las últimas semanas y motivó medidas de fuerza en todo el país, incluida Santa Fe. Uendisfe es una red de 40 organizaciones, dedicadas a brindar servicios y a trabajar en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

"El sistema está en crisis hace bastante tiempo y se agudizó a partir de un corte en la cadena de pagos durante el mes de febrero, que tensionó muchísimo la posibilidad de cumplir con las obligaciones. Hace meses que muchas instituciones vienen atravesando un estrés financiero por atrasos y por falta de actualización de aranceles", señaló Zanotti al diario El Litoral.

En ese contexto, advirtió que los pagos pueden demorarse entre 90 y 120 días, lo que obliga a revisar permanentemente los presupuestos para afrontar sueldos, servicios y honorarios profesionales. "Además, hay una desactualización de aranceles que los debe fijar la Agencia Nacional de Discapacidad", añadió.

Por este motivo, en lo que va del corriente mes se realizaron ceses de actividades, tanto en Santa Fe como en otras provincias, durante tres días (13, 18 y 19 de marzo), así como movilizaciones para visibilizar la situación, una de las cuales se llevó a cabo el jueves pasado en bulevar Gálvez al 2300.

"Un mundo especial" en riesgo

El vicepresidente de Uendisfe remarcó que las dificultades ya tienen consecuencias concretas. "La semana pasada una institución de la ciudad de Santa Fe anunció la suspensión de varios servicios y decidió sostener solamente el hogar. Cuando los principales financiadores -como el Pami y el programa Incluir Salud- no pagan, no hay manera de seguir funcionando", advirtió Zanotti.

Se trata de la asociación civil Un Mundo Especial, ubicada en Colastiné Norte, que atraviesa una situación económica crítica que obligó a suspender parte de sus actividades y concentrar los recursos en sostener el hogar permanente donde viven 25 personas con discapacidad. La institución brinda cinco servicios -centro de día, centro educativo terapéutico, atención temprana, apoyo escolar y residencia- y actualmente asiste a 95 concurrentes con un plantel de unos 80 trabajadores.

La presidenta de la entidad, Susana Beresvil, explicó a El Litoral que el problema se agravó en los últimos meses por la interrupción de transferencias. "La situación es muy compleja, porque desde el 20 de diciembre no estamos recibiendo pagos de la obra social del Incluir Salud, que solo abonó hasta noviembre, y además hay un atraso muy grande en las diferencias de aranceles de la obra social provincial que nos adeuda desde agosto la diferencia del nomenclador", afirmó.

Frente a ese escenario, la institución resolvió suspender de manera provisoria los servicios de atención temprana, apoyo escolar, centro de día y centro educativo terapéutico desde el pasado 18 y hasta el 27 de marzo, con el objetivo de reorganizar recursos humanos, garantizar la continuidad del hogar y a la espera de poder ponerse al día con los salarios del personal.

Beresvil aclaró que no se trata de un cierre definitivo, sino de una medida para poder afrontar obligaciones básicas, aunque advirtió que la situación es crítica. "No vamos a levantar el cese hasta que al menos podamos pagar el sueldo de febrero. Terminamos de pagar enero el viernes y ya con marzo, vamos a quedar debiendo dos meses. Es muy triste porque estamos interrumpiendo tratamientos de rehabilitación a unos 70 chicos, pero no tenemos otra alternativa", sostuvo.

También señaló que la incertidumbre se mantiene pese a la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad: "Hay una ley aprobada, pero no se aplica. Las instituciones civiles existimos porque el Estado no pudo dar estas respuestas, y hoy el abandono es incomprensible".

Por su parte, Zanotti sostuvo que si la situación general se mantiene podría producirse un efecto en cadena en otras entidades, ya que muchas dependen casi exclusivamente de los fondos del sistema nacional de prestaciones y de la obra social provincial, cuyos pagos también se realizan con demora. También señaló que las instituciones deben cumplir numerosos requisitos para funcionar, pero que al momento de cobrar se encuentran con demoras que vuelven inviable la planificación.

"No hay respuestas claras"

Consultado sobre si hay interlocutores a quienes elevarles el reclamo, el integrante de Uendisfe indicó que, si bien existen canales de diálogo, no hay respuestas claras sobre cuándo se normalizará la situación. "Las unidades locales del Pami y de Incluir Salud no tienen capacidad de resolver los reclamos y todo se deriva a Buenos Aires. No hay precisiones sobre cuándo se van a regularizar los pagos ni sobre cómo se va a financiar el sistema. Y con respecto al ámbito provincial, mantuvimos reuniones formales donde le planteamos sobre la necesidad de simplificar y acortar los pagos", explicó.

En este escenario, el conflicto se vincula además con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, cuya reglamentación fue parcial y todavía deja puntos sin resolver. La norma prevé medidas para garantizar prestaciones y actualizar aranceles, pero desde el sector sostienen que aún no se definió con claridad el financiamiento ni el cronograma de implementación. "La ley no ha tenido efectos concretos hasta ahora y seguimos sin certezas. Si no hay respuestas, las perspectivas son muy difíciles para muchas organizaciones", concluyó Zanotti.