Proponen crear un hospital veterinario municipal gratuito en Santa Fe

La creación de un Hospital Público Veterinario Municipal, con atención gratuita para perros y gatos, comenzó a abrirse paso en el debate del Concejo Municipal de Santa Fe. El concejal Jorge Fernández presentó la iniciativa la semana pasada y pidió preferencia para que el expediente ingrese en el tratamiento de las comisiones. La propuesta apunta a que el Estado local asuma de manera permanente la atención sanitaria de los animales, con servicios que vayan más allá de las campañas de vacunación y castración.

“La idea es crear un hospital veterinario municipal para la atención, fundamentalmente, de perros y gatos, pero con alguna excepción también para algún otro animal. Que sea público y gratuito”, explicó Fernández, quien señaló que el proyecto busca complementar el trabajo que ya desarrolla el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) en el ámbito de la ciudad.

En ese sentido, aclaró que la creación del hospital veterinario no implicaría el cierre ni la reducción de las prestaciones actuales. “No excluye al Imusa. El proyecto de ordenanza no implica su cierre, sino que serían dos instituciones u organismos complementarios”, sostuvo el edil, quien presentó el proyecto (expediente Nº CO-0062-02161201-5) junto a su par Jorgelina Mudallel.

La iniciativa contempla la creación de una institución con profesionales veterinarios, personal técnico y administrativo, equipamiento e infraestructura propios, financiada por el municipio. Entre los servicios previstos figuran la atención clínica general, una guardia veterinaria permanente las 24 horas durante todo el año, vacunación, desparasitación, esterilizaciones, diagnóstico, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, internación, laboratorio clínico y diagnóstico por imágenes. También incluye la atención de casos de baja, mediana y alta complejidad.

El proyecto establece, además, la creación de un “Registro de donantes voluntarios de sangre canina y felina”, que funcionaría a través de una plataforma web. Según la capacidad operativa del establecimiento, podría avanzar posteriormente en la conformación de un banco de sangre.

Fernández destacó la importancia de instalar el tema en la agenda pública y legislativa. “Pedí preferencia en la sesión de este jueves, así que en las próximas reuniones de comisiones se va a empezar a tratar. No tengo muchas expectativas de que haya un tratamiento rápido, pero por lo menos ya se mete en el debate público y del Concejo”, expresó.

En los fundamentos de la iniciativa se menciona como antecedente la Ordenanza Nº 9702/2016 de Rosario, que creó un hospital veterinario público y gratuito, actualmente en funcionamiento. También se citan proyectos anteriores presentados en la Legislatura provincial y una iniciativa anterior en el Concejo Municipal santafesino.

Salud animal y responsabilidad del Estado

Por su parte, Natalia Pallavicini, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, asesoró en la elaboración del proyecto. Para la especialista, la propuesta responde tanto a una transformación en la manera de concebir a los animales desde el derecho como a una demanda concreta de la ciudadanía. “Hay una necesidad desde un punto de vista ético, que tiene que ver con el reconocimiento de que los animales tienen que ser protegidos y de que esa protección la tiene que asumir el Estado”, planteó.

Pallavicini vinculó la iniciativa con la reforma de la Constitución Provincial de 2025, que incorporó la protección de los animales en su artículo 33, y con la Ley Orgánica de Municipios. En ese marco, consideró que la salud animal debe formar parte de las políticas públicas y no quedar supeditada exclusivamente a la voluntad o a las posibilidades económicas de las personas responsables de su cuidado.

“Lo primero que hacemos en el proyecto, como una cuestión jurídica innovadora, es categorizar al animal como ‘paciente veterinario’”, destacó. Y explicó que ese reconocimiento implica considerar a los animales como titulares del derecho a la salud. “No negamos que la salud animal está vinculada con la salud ambiental y con la salud humana. Pero también decimos que el animal en sí mismo, como sujeto, importa y, por lo tanto, cuidar su salud también importa”, argumentó.

La propuesta establece expresamente que las prestaciones del hospital serán públicas y gratuitas, sin posibilidad de cobrar aranceles ni contraprestaciones económicas. Para Pallavicini, esa condición es central frente a los costos que pueden representar las consultas, los estudios, las cirugías y las internaciones, especialmente cuando se trata de animales que viven en la calle o están en situación de abandono.

La abogada advirtió que, ante la falta de un servicio público de estas características, parte de esa demanda recae actualmente sobre las organizaciones proteccionistas. “La Protectora de Animales está oficiando de hospital, porque muchas personas le llevan sus animales, incluso algunos que necesitan ser internados. Pero tiene capacidad operativa y de estructura para los animales que están en su refugio, no para atender a otros”, explicó. Y dijo que “el proteccionismo puede aportar esfuerzo y recursos económicos, pero claramente la obligación la tiene que tener el Estado”.

La Protectora, desbordada

Lorena Arbe, presidenta de la Asociación Civil Protectora de Animales de Santa Fe, sostuvo que la creación de un hospital veterinario municipal es una “necesidad urgente”, tanto por las dificultades económicas que atraviesan las familias como por la creciente demanda que recibe la institución. El refugio alberga actualmente a 320 perros y otros 100 están distribuidos en hogares, mientras que a diario llegan vecinos de barrios cercanos con animales enfermos o accidentados.

“El hospital es necesario en la ciudad. Primero, por toda esta situación económica; a la gente no le sobran recursos para la asistencia veterinaria”, señaló Arbe. Y agregó que en los barrios del noroeste santafesino que rodean al refugio, como San Agustín, La Ranita, La Tablada, Loyola, Los Troncos y Nuevo Horizonte, muchas familias no tienen presupuesto para afrontar los costos de una clínica privada para sus animales de compañía.

“Hoy llevar un perro a atender puede costar un mínimo de 250.000 pesos y una consulta veterinaria ronda los 60.000. ¿Quién tiene ese dinero para atender a un gato accidentado que alguien acaba de rescatar de la calle?”, planteó, al recordar el caso de una persona que debió buscar alternativas para asistir a un felino atropellado.

La presidenta de la Protectora explicó que una médica veterinaria concurre tres veces por semana al refugio para atender a los animales de la institución, pero la demanda de los vecinos suele superar esa capacidad. “Hay veces que llega la veterinaria y ya tiene entre 5 y 10 personas esperando con sus animales. Entonces tiene que atender a esa gente y, a veces, no llegamos a atender a los nuestros”, relató.

En muchos casos, la entidad termina haciéndose cargo de los medicamentos, los análisis y las internaciones. “Nosotros estamos haciendo una función que se tendría que hacer desde el ámbito público. La gente cree que nosotros somos parte del Municipio, y no es así. Pero tampoco la hacemos volver con el animal enfermo o accidentado: siempre se lo atiende”, advirtió.

Arbe afirmó que los gastos veterinarios también impiden realizar arreglos necesarios en el refugio. “Todo lo que juntamos está destinado a la asistencia veterinaria. Se nos están cayendo tapiales, se rompen puertas y se hunden los pisos, pero no podemos hacer mejoras porque la prioridad es atender a los animales”, explicó.

Otros puntos del proyecto

La propuesta también contempla la participación de las organizaciones de protección animal tanto en la conducción como en el seguimiento del hospital. Plantea crear un “directorio” y una “comisión permanente de seguimiento”, con representantes del municipio, profesionales veterinarios y organizaciones de protección animal, para evaluar el funcionamiento del establecimiento y formular recomendaciones.

El proyecto no fija una ubicación para el hospital. En caso de aprobarse, la decisión quedaría en manos del Ejecutivo, que también debería prever las partidas presupuestarias para su construcción, equipamiento, puesta en marcha y sostenimiento.