La Mesa de Entidades Productivas realizó una reunión -con la presencia de todas las organizaciones que la componen- para unificar acciones respecto de la problemática que presenta el aumento de la litigiosidad laboral, en especial en lo referido a enfermedades y accidentes laborales. Se invitó para ello al diputado provincial José Corral (UNIDOS) que es el autor de una iniciativa de modificación del Código Procesal Laboral para revertir la tendencia de aumento de juicios que provocan aumento de los costos para las PYMES y desalientan el trabajo registrado. Cabe destacar que el gobernador Maximiliano Pullaro incluyó esta semana ese proyecto de ley en el temario de las sesiones extraordinarias de la Legislatura.
Durante la reunión el legislador expresó que “la conocida como “industria del juicio” en Santa Fe, en el tema riesgos del trabajo, le cuesta al sector privado 100 millones de dólares por año”, detallando que “la alícuota que se paga en Santa Fe es un 15% superior a la Córdoba y casi 50% más que el promedio del país. Las PYMES santafesinas pagan una alícuota del 4% de la masa salarial mientras que Córdoba es 3,4% y el promedio país es 2,7%, es un verdadero “impuesto al trabajo registrado”. Afirmó que “la avivada de algunos genera sobrecostos a nuestras empresas, desincentiva el trabajo registrado, le quita competitividad a Santa Fe frente a otras provincias y no trae ningún beneficio para los trabajadores”.
La provincia está en el podio de la cantidad de juicios cada 10000 trabajadores, peleando la punta con San Luis. Tenemos 142 juicios cada 10000 trabajadores que es más del doble que Córdoba (68) y casi el doble que provincia de Buenos Aires. La media nacional es de 62 juicios cada 10000 trabajadores.
El proyecto modifica el Código Procesal Laboral dándole intervención a un Cuerpo de Peritos Especializados que se expida previamente sobre la pertinencia abrir un proceso judicial para evitar así el abuso de ese remedio, desligando en todos los casos los honorarios de los peritos al monto de la sentencia. Previo a un juicio, la enfermedad profesional o el accidente laboral ya ha sido evaluado por una Comisión Médica a través de un procedimiento en el que intervienen médicos especialistas, abogados y demás profesionales de todas las partes involucradas que tiene incluso instancia de apelación ante la Comisión Médica Jurisdiccional. Además de ello, en el proyecto se establecen plazos de caducidad más razonables, como lo han hecho muchas provincias, para evitar plazos largos de incertidumbre que generan más costos y más litigios.
Finalmente, el diputado provincial expresó que “es el paso necesario para cerrar el proceso de adhesión a la ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 y armoniza con el nuevo Baremo (tabla que estandariza la evaluación, para calcular compensaciones de manera sistemática y justa)
que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lleva adelante; el Convenio firmado recientemente entre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y Provincia de Santa Fe a través del gobernador Maximiliano Pullaro y la Corte Suprema de Justicia da el marco institucional a todas estas acciones”.
A su turno los representantes de las entidades expresaron su apoyo a la iniciativa, no sólo como una medida de bajar costos, sino también para que nuestra provincia no se vea perjudicada en la competitividad con las demás a la hora de tomarse decisiones en nuevas inversiones.
Incluso hubo dirigentes que detallaron casos concretos donde se pudo apreciar la necesidad impostergable de un cambio en la legislación.
Presentes
La reunión contó con la presencia de Guillermo R. J. Álvarez de la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE), Octavio Benuzzi por la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Santa Fe, Cristian Fiereder de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Juan Pablo Durando y Teresa Avilé Crespo de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Ricardo Argenti de la Sociedad Rural de Santa Fe, Enzo Zamboni y Carlos Rafaelli de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe y Carlos Arese por el Centro Comercial de Santa Fe.