Figura entre los expedientes del Concejo de Santa Fe un proyecto que busca, en su espíritu, fortalecer la transparencia en todos los actos de gobierno y de la función pública en la ciudad capital: se trata de la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción, dentro de la órbita del Legislativo local.
En debate público
Proponen crear en la ciudad de Santa Fe una Oficina Municipal Anticorrupción: los detalles
Es un proyecto que está en el Concejo. Tiene como objetivo prevenir y detectar actos de corrupción en todo el Sector Público Municipal y, dado caso, activar los resortes jurídicos que den lugar a los procesos sancionatorios correspondientes.
El expediente (N° 0062-02070661-0) "no se mueve" desde el 18 de septiembre. Tiene un último pase a la comisión de Gobierno, según pudo saber El Litoral: todo indica, dado que quedan pocas sesiones -se viene el tratamiento del Presupuesto y la Tributaria 2026, más la sesión Preparatoria, donde asumirán los nuevos concejales- que no prosperará este año legislativo.
En concreto, este proyecto de ordenanza plantea crear en la órbita del Concejo una Oficina Municipal Anticorrupción, que tendrá como objetivo fundamental "prevenir y detectar actos de corrupción en todo el Sector Público Municipal y, en su caso, instar los procedimientos sancionatorios respecto de los mismos", dice la iniciativa legislativa a la que tuvo acceso este diario.
Actos de corrupción
La iniciativa legislativa define como actos de corrupción al requerimiento o la aceptación por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas en el ámbito municipal, "de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona".
Esto "a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas".
Además, la realización -por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas en el ámbito municipal- de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.
El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos antes aludidos y "la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos ilícitos" también son considerados hechos de corrupción.
Funciones de la oficina
La Oficina Municipal Anticorrupción tendría funciones tales como "recibir denuncias de toda persona humana o jurídica ya sean particulares, agentes públicos u organismos estatales en relación con hechos o actos potencialmente encuadrados en los supuestos actos de corrupción" antes descriptos.
También, investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, a los agentes públicos a los que se les atribuya un hecho o acto de corrupción. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el sólo impulso de la Oficina Municipal Anticorrupción y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga.
Deberá investigar preliminarmente a toda institución o asociación que tenga como una de sus fuentes de recursos el aporte estatal municipal, directo o indirecto, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de dichos recursos; y denunciar ante la Justicia competente los hechos o actos que pudieran constituir delitos.
Otra de las funciones será constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Municipal; y "evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función", agrega, entre otras.
El director y una comisión
El proyecto, que es impulsado por el edil Jorge Fernández, con la coautoría de su par del Bloque PJ, Jorgelina Mudallel, plantea que la Oficina Anticorrupción estaría a cargo de a cargo de un funcionario al que se denominará Director, y que sería designado por una comisión ad hoc conformada por los presidentes de todos los bloques del Legislativo de Santa Fe.
No podrá ser electo director ni el intendente, ni un concejal ni ninguna persona que ejerza un cargo público dentro de toda la administración municipal. Tampoco los que estuvieran interesados directa o indirectamente en cualquier contrato oneroso con la Municipalidad.
Además, el funcionamiento de la Oficina Municipal Anticorrupción se regiría por un reglamento interno elaborado por el titular (el director), y que deberá ser aprobado por el Concejo Municipal por mayoría simple de sus miembros.
El Director de la Oficina Anticorrupción desempeñará sus funciones "con autonomía" tanto del Ejecutivo Municipal como del Legislativo, "no estando sujeto a mandato o autoridad de ningún órgano", aduce luego. Y podría formalizar los procedimientos sancionatorios correspondientes (ante el MPA) ante hechos de corrupción probados.
Fundamentos
"A pesar de que la lucha contra la corrupción se ha instalado en la agenda pública internacional y nacional desde la década de los '90 promoviendo el diseño de diversas políticas públicas y estándares comunes en materia de transparencia, controles y rendición de cuentas, la Municipalidad local se encuentra un paso atrás en el diseño de tales políticas", dicen Fernández y Mudallel.
Con todo, la adaptación a dichos estándares "ha sido lenta y fragmentada", consideran los ediles. Uno de los motivos es "la ausencia de una institución específica dedicada a dicha tarea".
Así, la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción "busca ocupar, a nivel local, el centro de la escena en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de mayor transparencia en el Sector Público Municipal", concluyen los ediles.
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