Cómo funciona el Plan Safra, la política clave que impulsa el agro brasileño
El Plan Safra es la principal política agrícola de Brasil y el eje central del financiamiento al sector agropecuario. Con un fuerte protagonismo del crédito privado y un diseño institucional estable, el programa explica buena parte del liderazgo productivo y exportador alcanzado por el país en las últimas décadas.
El Plan Safra también segmenta el financiamiento según el perfil del productor.
El Plan Safra constituye la política agrícola más relevante de Brasil y el principal pilar de financiamiento del sector agropecuario. Su objetivo central es promover el acceso al crédito a lo largo de toda la cadena de valor del agro, desde la producción primaria hasta la industrialización y la comercialización de granos y productos agroindustriales.
Coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA), el programa tiene vigencia anual, de julio a junio, y articula un amplio conjunto de líneas de crédito, incentivos fiscales y herramientas financieras.
A lo largo de los últimos 25 años, el Plan Safra evolucionó de manera sostenida, ampliando el volumen de crédito disponible y fortaleciendo la competitividad del agro brasileño.
25 años de reformas
En ese período, el financiamiento rural pasó de apenas 13.000 millones de reales en la campaña 2000/01 a más de 516.000 millones de reales en 2025/26, lo que equivale a cerca de 94.000 millones de dólares.
El Plan Safra también segmenta el financiamiento según el perfil del productor.
En términos reales, el crédito se multiplicó por más de seis, acompañando el crecimiento productivo que posicionó a Brasil como líder mundial en exportaciones de carne vacuna, soja y maíz, entre otros productos.
Del total de recursos previstos para la campaña 2025/26, alrededor del 20% se destina a inversiones productivas, como la compra de maquinaria agrícola, la construcción de silos y el desarrollo de sistemas de riego.
El 80% restante se orienta al financiamiento comercial de la campaña, fortaleciendo el capital de trabajo y la comercialización de granos. Si bien no todas las asignaciones se ejecutan plenamente, existen recursos de aplicación obligatoria que superan los 300.000 millones de reales.
El Plan Safra también segmenta el financiamiento según el perfil del productor. La agricultura familiar concentra cerca del 17% de los fondos de inversión, principalmente a través del programa Pronaf, mientras que los medianos y grandes productores acceden a más del 22% del crédito, con destaque del Pronamp. El resto de los recursos se asigna sin distinción por nivel de facturación.
El Plan Safra también segmenta el financiamiento según el perfil del productor.
Uno de los rasgos distintivos del modelo brasileño es la combinación de tasas subsidiadas y tasas libres. En la campaña actual, las tasas fijas en reales oscilan entre el 8,5% y el 14,5%, según la línea de crédito. Aproximadamente el 34% del financiamiento cuenta con algún grado de subsidio estatal, mientras que el 66% restante opera a tasas de mercado.
Financiamiento
Más allá del Plan Safra, el financiamiento al agro brasileño se apoya fuertemente en instrumentos del mercado de capitales. La Cédula de Producto Rural (CPR), creada en 1994, se convirtió en una herramienta central para canalizar recursos hacia la producción.
El Plan Safra también segmenta el financiamiento según el perfil del productor.
A este instrumento se suman las Letras de Crédito del Agronegocio (LCA), exentas del impuesto a las ganancias, y otros vehículos como los CDCA, los CRA y los fondos FIAGRO. En conjunto, el crédito privado al agro brasileño alcanza casi 1,4 billones de reales, equivalentes a más de 254.000 millones de dólares.
Este entramado financiero permitió expandir el financiamiento al agro sin aumentar de manera significativa el gasto directo del Estado, movilizando capital privado y aportando previsibilidad al sistema. Como resultado, el crédito interno al sector privado en Brasil representa hoy cerca del 76% del PBI, muy por encima de los niveles observados en Argentina.
El Plan Safra se consolida así como un ejemplo de política pública orientada a potenciar el desarrollo agroindustrial, combinando reglas claras, instrumentos financieros innovadores y una fuerte articulación entre el Estado, el sistema financiero y el sector productivo.