El Estado Nacional dejaría de percibir $245.952,5 millones a valores de 2026 si se sancionara la ley de biocombustibles que promueve la liga de provincias bioenergéticas -con apoyo de la UIA- en el Senado nacional. Así lo revela un cálculo de la oficina de Presupuesto del Congreso a pedido de una comisión de la Cámara alta.
Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso
El costo fiscal pone en jaque al proyecto de ley de biocombustibles
Aumentar al 15% el corte de naftas y gasoil con bioetanol y biodiésel, supone incrementar un componente exento de impuestos. El Estado dejaría de percibir casi $246 mil millones anuales.
El objetivo central del proyecto es incrementar el corte obligatorio de bioetanol en la nafta y biodiésel en el gasoil, estableciendo un cronograma gradual para alcanzar el 15% en ambos casos. Dado que los biocombustibles están exentos al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (ICO2), el análisis estima el impacto fiscal negativo.
El texto es un informe técnico de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sobre el Proyecto de Ley S-1495/2024, que propone una modificación al marco regulatorio de biocombustibles en Argentina y que impulsa la cordobesa Alejandra Vigo.
Para el cálculo del impacto fiscal, la OPC simuló la elevación de ambos cortes al valor final del 15% para 2026. Esta proyección indica que solo la exención del biodiésel al 15% implicaría un gasto tributario de $488.709,6 millones, mientras que la exención del bioetanol al 15% sumaría $508.992,5 millones.
Más jugadores
Más allá de lo fiscal, el Proyecto S-1495/2024 introduce cambios estructurales en el mercado. En primer lugar, se elimina el carácter transitorio del régimen actual. Y propone modificar una restricción clave: las empresas que refinen hidrocarburos, y sus vinculadas, ahora están autorizadas a participar en el abastecimiento de biocombustibles.
El cambio más significativo en la dinámica de precios es la derogación del Artículo 14 del régimen vigente, que establece que las metodologías de cálculo de precios debían garantizar la rentabilidad mediante precios regulados, lo que -según las proveedoras Pymes de biodiésel- no se cumple y las lleva al quebranto.
El proyecto propone licitaciones únicas, transparentes y de acceso público, contemplando la situación de las Pymes frente a los grandes jugadores del sector, que son las grandes aceiteras instaladas fundamentalmente en los puertos del sur santafesino.
El reparto de la “perdida”
El informe de la OPC aclara que “la pérdida total de $245.952,5 millones” no es absorbida únicamente por el Tesoro Nacional. Detalla que se ven afectados varios destinos específicos.
Los mayores recortes en millones de pesos de 2026 incluirían el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS): -$69.223,1; Fideicomiso de Infraestructura de Transporte: -$68.957,7; Fondo Nacional de la Vivienda: -$36.360,8; Tesoro Nacional: -$25.093,1 y Provincias (coparticipación): -$25.093,1.
El proyecto incentiva un mayor uso de combustibles más limpios y reestructura el sistema de precios hacia la competencia, presenta un dilema financiero claro. Pero la expansión del gasto tributario mediante la exención fiscal de los biocombustibles implica un déficit que pone en escena las metas del gobierno nacional para achicar el gasto.
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