Déficit estructural cubierto con impuestos; más beneficiarios a costa de menores beneficios; un número de jubilados por moratoria (3,9 millones) supera al de beneficiarios del componente contributivo puro (3,2 millones) y gastos no contributivos (asignaciones universales, bonos y refuerzo de ingresos) que pasaron del 4 al 20% del gasto total de la Anses.
Las jubilaciones ante el gran dilema nacional
Un sistema quebrado que insume el 50,9% de los ingresos de la administración nacional
Promesas de campaña y leyes opositoras proponen recuperar haberes. Los mayores ajustes fueron entre 2021 y 2023; los beneficiarios que no completaron aportes son mayoría.
Son algunos de los datos salientes de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La seguridad social contributiva (haber de quienes aportaron) y semi contributiva (moratorias) tuvo, desde 2009 y hasta 2024, un resultado financiero negativo.
Esto significa que aún sin contabilizar la Asignación Universal por hijo o embarazo, ni la Prestación Básica Universal del Adulto Mayor, el sistema tuvo pérdidas
El reporte de la OPC sirve de diagnóstico a los planteos -no sólo oficialistas- sobre la necesidad de una reforma previsional que está vinculada a la tributaria (los impuestos compensan los quebrantos del sistema) y laboral (hay menos aportantes y más débiles).
“En 2024, ANSES representó el 45,7% de los gastos y el 50,9% de los ingresos de la Administración Pública Nacional”. En medio de una campaña electoral plagada de promesas de mejoras en los haberes sin determinar el financiamiento, la magnitud de esas cifras exhibe con claridad que el previsional y asistencial es un problema central de la política en la Argentina.
Déficit y ajustes
El informe del Congreso destaca un período de expansión del déficit que va desde 2009 a 2020 donde el desbalance mostró una tendencia creciente, ampliándose desde un -1,3% del PBI en 2009 hasta alcanzar su máximo en 2020 con un -4,2% del PBI”.
Y añade “un período de contracción del déficit que va desde 2021 a 2024 donde se observa una reversión de la tendencia, con una contracción significativa del desequilibrio, que se ubicó en -1,2% del PBI al final del período, un nivel equivalente al del inicio de la serie. En este lapso, la caída en el déficit se por la caída de las erogaciones en términos del PBI”.
Es lo que en la jerga se conoce como “ajuste” a los jubilados. Los mayores recortes se produjeron entre 2021 y 2023, cuando Javier Milei aún no era presidente, y continuaron en el primer año de la gestión libertaria.
El deterioro
“Mientras que en 2009 los aportes y contribuciones (11% de la nómina salarial bruta de empleados formales) financiaban el 80% del gasto contributivo y semicontributivo, esta capacidad de cobertura cayó hasta un mínimo de 52% en 2020. A partir de 2021, el indicador inició una fase de recuperación, ubicándose en 77% en 2024, un nivel inferior al del inicio de la serie”.
El sistema se financió así con impuestos de asignación específica que entre 2009 y 2016 “fueron suficientes para generar un superávit financiero global”. Sin embargo, se observa “una erosión de este resultado positivo, que pasó de 0,7% del PBI en 2009 a 0,1% en 2016, lo que evidencia la creciente presión que ejerció el déficit del pilar principal”.
En el período del análisis, los aportes y contribuciones cubrieron cada vez menos parte del gasto: evidenciaron una caída de 0,9 p.p. del PBI; los ingresos tributarios, exhibieron un crecimiento de 1,1 p.p. del PBI. Es la dinámica del quebranto del sistema a pesar de los ajustes de los últimos años.
Menos aportes, más impuestos
“El aumento de los ingresos tributarios como porcentaje del PBI dentro de la estructura financiera de ANSES (de 2,0% en 2009 a 3,1% del PBI en 2024) confirma que el sistema de seguridad social depende cada vez más de la recaudación impositiva”.
Del informe se destaca que en 2009 había en el país 6,3 millones de trabajadores en relación de dependencia y 1,7 millón de independientes (autónomos, monotributo y monotributo social). Esas proporciones pasaron a 7,2 millones y 3,3 millones, respectivamente.
Con el salario en declive, “la base de aportantes que crece a expensas de categorías de menor contribución y las reformas normativas que reducen la recaudación debilitaron la capacidad de autofinanciamiento del pilar contributivo y semicontributivo”.
De hecho la OPC destaca que “la baja tasa de reemplazo del régimen general (38%) es consecuencia de su desequilibrio estructural: con solo 1,5 activos por cada pasivo, el sistema redujo su desbalance” y disminuyó sus déficit a costa de ajustes en las jubilaciones desde el año 2021.
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