El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) una iniciativa impulsada por el gobierno nacional que el Congreso convirtió en ley en junio de 2024 como parte de la Ley Bases y que ahora está tratando una segunda versión más importante que ya tiene media sanción de Diputados, sumo el cuestionamiento del dos veces ministro de Economía Domingo Cavallo que lo señaló de otorgas “privilegios cambiarios y financieros para algunos sectores y tamaños de empresas” que ponen en desigualdad de condiciones a las pymes que son las que conforman la mayor parte del aparato productivo nacional.
Cavallo criticó el RIGI: “Atenta contra el grueso del aparato productivo nacional”
Dijo que genera una ventaja desleal que perjudica a las empresas medianas y pequeñas.

El Rigi ofrece beneficios fiscales, tributarios, aduaneros y cambiarios por 30 años a proyectos que superen los 200 millones de dólares en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura, turismo y tecnología que, con el argumento de brindar estabilidad y previsibilidad a largo plazo, ofrece una reducción en la alícuota del Impuesto a las Ganancias, libre disponibilidad de divisas para exportaciones disminuyendo progresivamente la obligación de liquidarlas en el Mercado Libre de Cambios, exención de derechos de importación y exportación para bienes de capital y repuestos y estabilidad fiscal por el tiempo de vigencia del régimen.

Según el gobierno nacional ya hay 20 proyectos aprobados por un total de u$s46.000 millones en inversiones, mientras están en espera de ser aprobadas otras 21 propuestas. El último megaproyecto que tuvo luz verde en los últimos días fue el de Rincón de Aranda de la empresa Pampa Energía en Vaca Muerta, que contempla una inversión de USD 4.500 millones para extraer petróleo y prevé exportaciones por unos USD 17.000 millones a lo largo de 30 años de operación.
Lejos de tener en cuenta las advertencias que han sido hechos también por entidades gremiales empresarias vinculadas al sector productivo de la economía como la UIA, que pidió una mayor participación de las empresas argentinas en los proyectos autorizados bajo este régimen, el Congreso nacional esta tratando estos días a instancias del gobierno nacional, una nueva versión denominada Super Rigi para inversiones que superen los U$D 1.000 millones, fundamentalmente vinculadas con la tecnología y a las energías renovables, que ofrece, como el primero, incentivos fiscales (El Impuesto a las Ganancias se reduce al 15% contra el 35% general y el 25% del primero Rigi) , una alícuota reducida sobre dividendos, beneficios en las contribuciones patronales, facilidades aduaneras y garantiza estabilidad regulatoria, cambiaria y tributaria por 30 años.
Cavallo dijo en un artículo que escribió en su blog que en un escenario global caracterizado por el "vertiginoso avance de los cambios tecnológicos, las erráticas políticas comerciales de los Estados Unidos y los riesgos de conflictos geopolíticos", el Estado no debería otorgar "privilegios cambiarios y financieros para algunos sectores y tamaños de empresas" y advirtió que atenta contra el tejido PyME y el grueso del aparato productivo nacional.

El padre de la Convertibilidad y hasta que lo criticó uno de los referentes de Javier Milei, dijo que "eliminar estos sesgos es la clave del éxito de la estrategia de crecimiento económico. Y esto no se consigue con el RIGI y mucho menos con el Súper RIGI, porque ambos esquemas discriminan y ponen en desventaja a millones de empresas y emprendedores cuyas decisiones de inversión y esfuerzos exportadores son indispensables para afrontar con éxito los desafíos de una eficiente asignación de recursos, con flexibilidad y agilidad".
La importación de un campamento modular para 5 mil trabajadores desde China por U$S 52 millones para el proyecto de cobre Vicuña en la provincia de San Juan provocó enfáticas reacciones por parte de entidades y empresas argentinas y fue puesto como un (mal) ejemplo de las consecuencias que tendrá este régimen sobre las empresas argentinas que, aseguran, están en condiciones de competir con empresas de otros países pero quedan fuera de carrera contra los precios subsidiados de los productos chinos.
La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI) y sectores gremiales informaron que fabricar estos módulos en el país, la empresa Modular Homes cotizó cerca de 70 millones, habría generado entre 400 y 500 empleos industriales directos durante un año, que ahora se reducirán a una menor participación que se ocupará de las tareas de montaje de la megaciudad.








