Santa Fe está al frente de las estadísticas nacionales de juicios laborales cada mil trabajadores, y es la provincia en la que más creció el indicador de litigiosidad. Eso en el marco de una tendencia nacional en la que las demandas crecen cuando los accidentes y las enfermedades laborales retroceden.
Un problema que afecta a la productividad provincial
Santa Fe busca bajarse del podio nacional sobre litigiosidad laboral
Los juicios crecieron a pesar de una menor tasa de siniestralidad y enfermedades laborales. El rol decisivo de los peritajes, de las comisiones médicas en instancia administrativa, a los auxiliares de la justicia.
Así lo revela un informe de Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral del Ieral-Fundación Mediterránea, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.
“Las tasas de juicios iniciados por cada mil trabajadores presentan grandes diferencias: van desde 0,1 casos en Salta, hasta 24 y 23 juicios por mil asegurados en Santa Fe y San Luis, respectivamente. La consecuencia es un fenómeno de arbitrariedad territorial que erosiona el principio de igualdad ante la ley y profundiza la incertidumbre económica”.
Caullo expone que nueve jurisdicciones concentran cerca del 80% de los juicios del sistema. “Se observa que en la mayoría hubo más juicios en 2025 respecto de 2024. Los incrementos son particularmente marcados en Santa Fe, San Luis y Chubut”, expone la analista
Condicionante del empleo
“La litigiosidad laboral volvió a convertirse en un factor que condiciona la generación de empleo formal. Los datos recientes muestran un retorno a niveles de judicialización cercanos a los que motivaron la reforma de 2017, borrando en pocos años los avances logrados tras la sanción de la Ley 27.348”.
En un contexto de “menos siniestros, pero más juicios” es uno de los capítulos desafiantes de la reforma laboral que promete el gobierno central. En tanto, es “incertidumbre operativa, costos crecientes para las empresas y presiones sobre las alícuotas del seguro.
“Entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentó un marcado rebote, estimando al cierre de 2025 alrededor de 125.000 presentaciones, volumen semejante al máximo histórico de 2017.
“Este incremento -expone el reporte del Ieral- se da en un contexto donde la siniestralidad descendió, lo que confirma que el motor del fenómeno no está en la ocurrencia de accidentes, sino en la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia”.
Los “socios de la incapacidad”
Caullo señala que las pericias médicas son centrales para comprender el problema. En varias provincias rige un esquema en el cual el perito judicial (en alguno casos se designa por sorteo) percibe honorarios que “no están fijados en función del trabajo realizado, sino que se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada”, lo que “genera una tendencia sistemática al sobrediagnóstico.
“A esto se agrega que muchas veces son profesionales que no cuentan con especialización en la valuación del daño laboral ni capacitación específica en la temática y no existen mecanismos sistemáticos de monitoreo de su desempeño.
“Pero la distorsión más grave la genera el hecho de que el procedimiento vigente los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica”.
¿Qué pasó con la ley?
Caullo recuerda que la Ley 27.348 “buscó corregir esta falla mediante la creación de Cuerpos de Peritos Médicos (CPM) integrados por médicos seleccionados por concurso, especializados y capacitados, con un esquema adecuado de remuneración, sujetos a monitoreo y con procedimientos que los obligan a revisar técnicamente el dictamen de la Comisión Médica”
“Sin embargo, la implementación de la ley fue muy parcial. En la mayoría de las provincias se mantienen condiciones que incentivan a litigar”, dice la especialista. Y eso sucede en Santa Fe.
Cabe recordar que el gobernador Maximiliano Pullaro firmó horas atrás un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia santafesina y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia.
El presidente de la Corte, Roberto Falistocco, destacó que ya se ha llamado a concurso para designar los peritos del Poder Judicial. El gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Fernando Pérez, auguró que “los empleadores estarán asegurados y podrán reducir costos laborales, lo que generará mayor margen para la inversión y el crecimiento de la industria santafesina”.
Ese es uno de los puntos neurálgicos de un problema que le resta competitividad sistémica a la economía santafesina. Si la instancia administrativa de las ART tiene en sus comisiones médicas criterios opuestos a los de una dinámica jurídica sin peritos especializados, el margen de litigiosidad -en los hechos- crece.
Los números cantan
Caullo expuso que “la cuota que las empresas pagan a las ART (expresadas como porcentaje de la masa salarial) combina dos componentes: el riesgo real de la actividad y el costo esperado de litigiosidad.
“Cuando este último crece y se desacopla de la siniestralidad, termina dominando la estructura de costos del seguro. Así, las empresas argentinas terminan pagando menos por accidentes reales y más por riesgo judicial. El resultado es que las alícuotas vienen creciendo al punto que en agosto ya llegó a 2,9% de la masa salarial”, expuso Caullo.
La especialista del Ieral recordó que entre 2010 y 2016, mientras la siniestralidad caía, la alícuota promedio del sistema subió de 3,20% a 3,46% de la masa salarial. Tras la reforma de 2017, y con la reducción de juicios, las alícuotas iniciaron un descenso consistente.
“Pero desde 2021/2022, con el retorno de la litigiosidad, las primas volvieron a presionar al alza impulsadas por la masificación de juicios que distorsiona la lógica actuarial del sistema. Se estima que actualmente los juicios insumen aproximadamente un tercio de la alícuota, amenazando la sustentabilidad de la cobertura”.
Concluye que “el aumento de las alícuotas justifica la preocupación y reclamo de los empleadores. Pero en la medida en que estos incrementos alcanzan para cubrir sólo parcialmente el impacto financiero de la judicialización, la sostenibilidad del sistema se está erosionando.
“Las recientes disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación estableciendo, ante una situación de déficit financiero, una inhibición general de bienes sobre una ART alerta sobre posibles riesgos sistémicos”.
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