La carga tributaria total sobre un alimento en Argentina para el año 2025 se distribuye entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), representando entre el 42% y el 43% del precio final que paga el consumidor.

Así surge del análisis del costo impositivo y previsional total de la cadena productiva y comercial en el promedio de las principales ciudades del país. Pondera los alimentos que tributan la alícuota plena del IVA del 21%.

La carga tributaria total sobre un alimento en Argentina para el año 2025 se distribuye entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), representando entre el 42% y el 43% del precio final que paga el consumidor.
Un informe del Instituo Argentino de Análisis Fiscal reveló cómo se reparte esta carga según el nivel de gobierno y los tributos específicos considerados en las fuentes. El reporte no incluye el detalle de las excepciones, ya que por alícuotas diferenciales, el componente fiscal en el precio de la leche es del 26%, en el pan del 24% y en la carne tiene 25,4%.
Según el reporte, el gobierno nacional concentra la mayor parte de la recaudación impositiva sobre los alimentos, sumando aproximadamente un 33,1% del precio final del producto. Los componentes principales son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las cargas previsionales, Ganancias y el denominado impuesto al cheque.
El IVA es el tributo con mayor peso individual, representando el 17,4% del precio final (para alimentos con alícuota del 21%). Los regímenes de Seguridad Social -incluyen aportes y contribuciones previsionales, de obra social, riesgos del trabajo y sindicales- tienen una incidencia del 9,4%.

A su vez el impuesto a las Ganancias, que recae sobre las utilidades de las empresas de la cadena, representa según el centro de estudios el 4,4% del precio de los alimentos. Y el impuesto a los débitos y créditos bancarios tiene una incidencia del 1,9%, bajo el supuesto de una bancarización total de las operaciones.
La carga provincial en el precio final de los medicamentos se centra fundamentalmente en el controversial Impuesto a los Ingresos Brutos. Se aplica sobre las ventas netas en las distintas etapas de la cadena (se acumula impuesto sobre impuesto) y su incidencia varía levemente según el tamaño del comercio minorista: del 7,6% en pequeños y hasta 7,8% en grandes superficies como hipermercados.
A nivel de gobiernos locales, Iaraf señala que el tributo más relevante aplicado sobre las ventas es la denominada Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.

Los municipios no la aplican sobre el costo de un servicio sino utilizando como base las ventas netas. Su peso en el precio final es del 1,5% cuando el alimento se vende en un comercio minorista pequeño, pero aumenta al 2,2% en el caso de comercios grandes.
Para el Iaraf, la distribución total presenta ligeras variaciones dependiendo de dónde se realice la compra final: en comercios minoristas pequeños la carga fiscal alcanza el 42%. En comercios minoristas grandes asciende al 43%, debido principalmente a una mayor incidencia de los impuestos provinciales (Ingresos Brutos) y municipales (TISH).
El gobierno nacional ha prometido la baja del impuesto al cheque e incluyó reducciones relativas en las cargas previsionales en el marco de la reforma laboral. Pero la Casa Rosada presiona a los gobernadores para que reduzcan Ingresos Brutos, un recurso que, en el marco de las restricciones fiscales, los gobernadores no están dispuestos a ceder.