La reducción de retenciones anunciada por el gobierno nacional implicaría que unos US$114 millones anuales que hasta hoy iban al fisco nacional, se quedarán en manos de productores y empresas santafesinas. Es el efecto más relevante de la medida que acaba de anunciar la administración de Javier Milei.
Efecto de la baja parcial de retenciones al agro
Los productores de Santa Fe recuperan US$ 114 millones al año pero Nación se lleva mucho más desde la provincia
El impacto fiscal para la administración Pullaro supone una mejora de apenas US$ 8 millones en 12 meses. Nación se sigue llevando una gran tajada; la provincia aporta un 40% del total de los derechos de expoprtación nacional; sólo en 2022 salieron de bolsillos santafesinos más de US$ 4 mil millones.
Pero si esa es la magnitud de uno o dos puntos de reducción en los derechos de exportación de granos y derivados que salen de la economía santafesina, según las estimaciones del equipo económico que conduce el ministro Pablo Olivares, no es difícil entender por qué la administración Pullaro ha insistido en la eliminación total de las retenciones al campo.
¿Cuánto se va de los bolsillos santafesinos por los aranceles aún vigentes? Vale recordar que la medida nacional supone bajas parciales: Soja: de 26% a 24%; Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%; Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%; Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5% y Girasol: de 5,5% a 4,5%. Impuestos que se pagan en economías productivas; contrastes con las regalías a provincias mineras o petroleras.
Sin un cálculo específico de los volúmenes y valores FOB exportables por cada complejo, no es posible inferir del cálculo del ministerio de Economía santafesino, cuánto es el total de lo que Nación aún recauda en Santa Fe. Pero vale recordar un estudio de la Bolsa de Rosario de 2024, que estimó que los productores santafesinos pagaron US$ 4.370 millones de ese impuesto nacional en 2022.
Plata que se va y no vuelve
La Bolsa de Comercio de Rosario había estimado que en 2025, bajo el esquema vigente de alícuotas hasta ayer, la recaudación total por DEX para exportaciones de soja, trigo, maíz, girasol, cebada y sorgo sería de alrededor de US$ 8.165 millones. Esi sin que Nación haga inversiones en infraestructura para el principal complejo exportador.
La misma entidad expuso en un informe del 2024 que los productores de la provincia de Santa Fe ponen de sus bolsillos el 40% del total de los derechos de exportación que recauda el gobierno nacional. Un recurso que además no se coparticipa, es decir que sale de los bolsillos privados de la provincia y tampoco vuelve parcialmente al fisco santafesino.
Aquél reporte de Guido D’Angelo y Emilce Terré permite inferir la millonaria magnitud de lo que el gobierno central saca de los bolsillos de la principal economía santafesina, cuyo producto no sólo deja de dinamizar a la propia producción sino que debilita su complejo entramado.
En la lista del ecosistema, además de los contratistas y los dueños de los campos, hay ingenieros agrónomos, contadores, semilleros, proveedores de insumos, desarrolladores de tecnología para agricultura de precisión, fabricantes de maquinaria agrícola. Y vendedores de “chatas” que sostienen el hub industrial automotriz argentino. La lista sigue.
El impacto fiscal
Para mediados de 2024, el economista Salvador Vitelli calculó que el gobierno central se llevó de las cadenas agroindustriales un total de US$ 223 mil millones por retenciones desde que Eduardo Duhalde las repuso “provisoriamente” en 2002.
Más allá de la serie histórica, para los números del preente, con la baja relativa de entre uno y dos puntos de retenciones, el impacto fiscal para la provincia es menor. En la Casa Gris estiman que al Estado provincial podrían ingresar otros US$ 8 Millones anuales como resultado de mayor coparticipación de tributación interna (Impuesto a las Ganancias e IVA).
Nadin Argañaraz -del Instituto Argentino de Análisis Fiscal- explicó que “la renta que antes era capturada por el Estado nacional, pasa a los productores. Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como ganancias, IVA y presión tributaria general por ambos destinos del ingreso”.
“Lógicamente, esto genera una recaudación adicional para los tres niveles de gobierno”, expone Argañara. Para el gobierno nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del impuesto a las Ganancias dada la distribución de coparticipación, se reduce el costo fiscal directo a US$ 520 millones -equivalente a $704.600 millones- y a 0,08% del PBI.
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