La Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y le puso un nuevo plazo al Gobierno. El juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional, a través del Poder Ejecutivo, a cumplir en un plazo de 5 días con la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Emplazamiento
Financiamiento universitario: la Justicia le dio 5 días al Gobierno para cumplir la ley
El juez Martín Cormick intimó al Estado nacional a ejecutar la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley 27.795. Advirtió que podrá imponer multas por cada día de demora.
La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el marco de la causa iniciada para exigir la aplicación efectiva de la Ley 27.795. El magistrado consideró que la cautelar, que se encuentra firme, todavía no fue cumplida en su totalidad.
En ese contexto, la resolución establece: “En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días”.
La intimación incluye además una advertencia económica concreta: en caso de que el Gobierno no cumpla dentro del plazo establecido, el juez podrá aplicar “astreintes”, es decir, multas por cada día de demora.
Una cautelar que quedó firme
La resolución se produce después de una serie de decisiones judiciales que mantuvieron vigente la medida cautelar. En junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado, con lo cual quedó firme la decisión que ordena avanzar con el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios docentes y de las becas estudiantiles.
A comienzos de septiembre, además, Cormick había rechazado un pedido del Poder Ejecutivo para levantar la cautelar y había solicitado al Gobierno que presentara documentación sobre el grado de cumplimiento de la normativa. En esa oportunidad, el magistrado sostuvo que el Estado no había demostrado que los incrementos otorgados hubieran resuelto el deterioro de los ingresos ni el conflicto planteado.
El nuevo pronunciamiento parte de esa situación y señala que, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, no existe un cumplimiento total de la cautelar. Por eso, fija ahora un plazo perentorio de cinco días.
El conflicto por salarios y becas
La disputa judicial se inscribe en el conflicto que mantienen desde hace meses las universidades nacionales y el Gobierno por el financiamiento del sistema universitario.
La Ley 27.795 establece mecanismos de actualización para los salarios de docentes y no docentes, además de contemplar la actualización de las becas estudiantiles. La aplicación de esas disposiciones quedó en el centro de la controversia luego de que el Poder Ejecutivo cuestionara la forma en que debía instrumentarse su financiamiento.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vienen reclamando que se ejecute la cautelar en sus términos. El abogado del organismo, Pablo Manili, había planteado públicamente que el Gobierno había cumplido sólo parcialmente con lo dispuesto y reclamado al juez que avanzara con la ejecución de la medida.
En paralelo, el Gobierno sostiene que ha realizado incrementos salariales y de becas y que viene cumpliendo con las partidas presupuestarias asignadas a las universidades.
En tanto, este martes se cumple el segundo día de la medida de fuerza por 48 horas (la primera se cumplió el viernes 18 de septiembre) que llevan adelante tanto el sector docente como no docente de las universidades. También ya se anunció la 5ta Marcha Federal Universitaria, la cual se realizará el jueves 15 de octubre de 2026 en todo el país.
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