Universidades: el Gobierno fijó nuevas pautas de auditoría

Con la 5ta. marcha federal universitaria en proceso, la administración nacional dispuso nuevas pautas para las auditorías internas de las casas de estudio. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) estableció que las universidades deberán presentar sus planes de trabajo para 2027 antes de fin de mes.

La resolución judicial -que se conoció este miércoles- establece una multa de $ 100.000 por día para Santilli ante el incumplimiento de una medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles, de acuerdo con los parámetros previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.

En paralelo, la Resolución 311/2026 de la Sigen, publicada este jueves en el Boletín Oficial, aprobó lineamientos complementarios para la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de auditoría interna de las universidades nacionales. Las nuevas pautas establecen que las unidades responsables deberán presentar sus proyectos para el ejercicio 2027 antes del 31 de octubre, a través del sistema informático Sisac.

Ambas novedades se conocen en una jornada atravesada por el reclamo de las universidades públicas de todo el país, que vuelven a movilizarse -con el apoyo de centrales sindicales de los trabajadores- para exigir la aplicación efectiva de la ley de financiamiento y la recuperación de los recursos destinados al funcionamiento del sistema.

Con epicentro en el Congreso, en Buenos Aires, la movilización tiene su capítulo también en Santa Fe con una concentración prevista para las 16 en Pedro Vittori y bulevar Gálvez, desde donde se marchará a la sede del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en bulevar Pellegrini 2750, donde tendrá lugar el acto central a las 17 horas.

Apuran las auditorías

Mientras, la Sigen aprobó nuevas pautas para la planificación de las auditorías internas de las universidades nacionales durante 2027. La Resolución 311/2026 establece que las unidades de auditoría deberán presentar sus planes de trabajo antes del 31 de octubre de 2026, mediante el sistema Sisac.

Dispone que cada universidad deberá definir sus auditorías de acuerdo con su estructura, dimensión, actividades, recursos disponibles y riesgos identificados. Entre las áreas prioritarias figuran el presupuesto y las finanzas, las compras y contrataciones, las transferencias y los convenios, el patrimonio y la infraestructura, los gastos en personal y haberes, y los sistemas informáticos y la ciberseguridad.

Las pautas también incluyen la administración de fondos destinados a investigación y extensión, la integridad institucional y los procedimientos para la emisión y el otorgamiento de títulos. La norma aclara que la incorporación de estas áreas no obliga a realizar una auditoría independiente de cada una, sino que deberán considerarse dentro de la planificación general según los riesgos y las características de cada institución.

Uno de los puntos centrales es la evaluación del estado de las rendiciones de fondos ante la autoridad nacional competente. Los informes deberán identificar los montos recibidos, los recursos aplicados, las rendiciones presentadas, los importes observados y los pendientes, además de los vencimientos y la documentación respaldatoria. Las auditorías deberán diferenciar la información verificada de aquella que aún no haya sido conciliada.

El texto establece, además, que las observaciones, recomendaciones y medidas correctivas deberán registrarse en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (Sisac). La elaboración y presentación de las rendiciones continuará siendo responsabilidad de las áreas de gestión de cada universidad.

En los fundamentos, la Sigen sostiene que el control interno sobre las instituciones universitarias nacionales se encuadra en las leyes de Administración Financiera y de Educación Superior. Al mismo tiempo, la resolución señala que las tareas de auditoría deben respetar la autonomía y la autarquía universitarias: se concentrarán en los procesos de gestión y administración, sin sustituir las decisiones de los órganos de gobierno ni evaluar el mérito académico o científico de las instituciones.