Diputados: la Comisión de Seguridad pidió articular políticas entre los tres poderes

El recrudecimiento de la violencia en la semana en la ciudad de Rosario obligó a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a suspender el "receso" parlamentario electoral para sentarse en una mesa a los efectos de analizar la grave situación generada por los últimos homicidios y además la situación en el sistema penitenciario sobre cuya gravedad habían advertido en un reciente encuentro con autoridades del área.

A la reunión convocada por el presidente de la Comisión, Juan Cruz Cándido (UCR) se le sumaron presidentes de varios bloques que habían hecho gestiones ante el propio titular del cuerpo, Pablo Farías, preocupados por el desborde de situación. El encuentro fue virtual y finalmente fueron 17 los firmantes del pronunciamiento emitido en las primeras horas de la tarde del miércoles. Incluso el justicialismo sumó al encuentro a Matilde Bruera y a Lucila De Ponti quien integra la comisión. Se dijo a El Litoral que en el documento hubo aportes de todos los sectores políticos.

En el documento los legisladores expresan "la preocupación por la creciente violencia urbana, que se ve reflejada en el aumento de homicidios dolosos, heridos de armas de fuego o blancas y ataques a domicilios y entidades públicas. Y hacemos llegar nuestra solidaridad a quienes resultan víctimas de estos ataques e intimidaciones".

Más adelante le solicitan al gobernador Omar Perotti "la urgente convocatoria a los bloques parlamentarios de ambas cámaras y a la Junta Provincial de Seguridad, tal como lo establece el decreto 024/15 y conforme a lo requerido en las comunicaciones 37400 y 40278 aprobadas por esta misma Cámara y remitidas al Poder Ejecutivo, o el ámbito institucional que se considere adecuado para garantizar la convocatoria y articulación de los tres poderes del Estado santafesino y otros actores institucionales relevantes a los fines de consolidar el trabajo permanente y sostenido en materia de seguridad". Precisamente las representantes justicialistas sugirieron que el propio gobernador defina el ámbito dentro del cual convocar a los poderes. Las comunicaciones mencionadas en el documento fueron aprobadas en junio último y no encontraron, hasta el momento, eco en la Casa Gris.

Pero además, los diputados reclaman "la puesta en marcha de un plan de contingencia que permita desplegar en el territorio todos los recursos humanos y de equipamiento con los que cuentan las fuerzas provinciales de seguridad". En el encuentro se habló de la necesidad de que el plan implique poner más efectivo a la calle y habilitar más horas OSPE. También se hizo hincapié en la gestión del parque automotor para tenerlo disponible para tareas urbanas. No se dejó de mencionar los problemas que tienen algunas unidades regionales a principios de mes por la falta de habilitación de partidas para combustibles.

A la hora de propuestas, sugieren "la conformación de una mesa permanente de trabajo de asuntos penitenciarios a efectos de la coordinación entre los Ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad".

Del planteo no fue ajeno el gobierno nacional al que exigen "el refuerzo de la presencia de fuerzas federales en nuestra provincia y se informe con claridad la cantidad de agentes que desempeñan funciones en nuestro territorio, así como las tareas que cumplen los mismos. Asimismo, consideramos fundamental la planificación de tareas y de recursos a través de un comando unificado permanente. Al mismo tiempo, solicitaremos una audiencia con la Ministra de Seguridad de la Nación (Sabina Frederic)".

En el documento plantean al Poder Ejecutivo "la necesidad que se ejecute de manera urgente lo aprobado en el Presupuesto 2021 para seguridad pública y servicio penitenciario, así como los recursos extraordinarios remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional".

Los legisladores hacen público "el compromiso para abordar en forma urgente y trabajar mancomunadamente con el Poder Ejecutivo para generar los consensos necesarios en torno a las modificaciones legislativas sobre los cambios estructurales con implicancias en el mediano y largo plazo que están en debate o las que puedan proponerse". Afirman además "la necesidad de fortalecer las estructuras de investigación y persecución de delitos como el lavado de activos, comprometiéndonos en el debate presupuestario 2022 a hacer hincapié en este objetivo".

La Comisión dice estar abierta al diálogo con vecinos e instituciones de los barrios y las ciudades que enfrentan a diario esta realidad y cuya participación es fundamental para las soluciones que se propongan.

"La complejidad de la situación y el dolor y el miedo que atraviesan a gran parte de nuestra sociedad requieren de la respuesta unánime de todos los poderes del Estado y, con esa responsabilidad, reiteramos nuestra disposición al trabajo conjunto", expresa el párrafo final. Entre los firmantes está toda la comisión de Seguridad que además de Cándido están Gabriel Chumpitaz (Pro); Lionella Cattalini (PS), Sergio Basile (UCR); Pablo Pinotti (PS), De Ponti y Amalia Granata (Somos Vida y Familia).

Sumaron sus firmas Farías, Joaquín Blanco (PS); Fabián Palo Oliver (UCR); Marcelo González (UCR), Matilde Bruera, Agustina Donnet (Igualdad) ; Carlos Del Frade (Frente Social y Popular); Julián Galdeano (UCR); Mónica Peralta (Gen) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia).

Frederic

El presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Cruz Cándido, elevó la nota a la ministra de Seguridad de nación, Sabina Frederic, a los efectos de solicitarle una audiencia para considerar la situación de las fuerzas federales en Santa Fe. El legislador entiende que debe haber coordinación entre fuerzas federales y provinciales, pero también necesitan certeza sobre el número de efectivos en el territorio. Algún legislador rosarino hizo notar que prefectos y gendarmes se hacen ver en bulevar Oroño y en calle Córdoba de Rosario, pero no en los barrios.

Leyes

En la últimas horas, Cándido envió un correo electrónico al ministro de Seguridad, Jorge Lagna, con los nombres de los siete asesores que se sentarán con funcionarios de esa cartera a discutir los mensajes sobre el área que remitió el Poder Ejecutivo el año pasado. En una reunión, semanas atrás, de la comisión con Lagna acordaron que la discusión de la letra de los proyectos la iban a analizar asesores de las partes.