A un mes del inicio, la guerra en Medio Oriente dejó de ser un conflicto leído en términos puramente militares para transformarse en una amenaza energética global.

El cierre del Estrecho en el Golfo Pérsico ha desatado una crisis energética global, afectando precios y el suministro de petróleo. Países de todo el mundo implementan medidas urgentes para mitigar el impacto de la crisis energética, desde subsidios hasta liberación récord de reservas.

A un mes del inicio, la guerra en Medio Oriente dejó de ser un conflicto leído en términos puramente militares para transformarse en una amenaza energética global.
Transcurridos los primeros treinta días, el Estrecho de Ormuz acapara las miradas del mundo. El embudo de apenas 33 kilómetros se consolidó como el epicentro de una crisis energética con buena parte del suministro global de petróleo interrumpido y los precios del crudo alcanzando picos, ante el bloqueo de Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Lo que comenzó con el denominado operativo "Furia épica" terminó por convertir al estrecho en una llave de paso para el comercio internacional, transformando el negocio de combustibles, fertilizantes y materias primas que se el transportan en todo el planeta.
Alcanzado el primer período del conflicto se estiman un total de más de dos mil víctimas en la región, incluyendo la del ayatola Alí Jamenei. Se sucedieron durante las primeras cuatro semanas un despliegue inédito de misiles, drones y bombardeos como parte de los ataques. Pero también sorprendió el impacto que la guerra tuvo sobre Ormuz, impulsando el precio del petróleo y afectando a todo el planeta.

Es que el angosto paso marítimo mostró su rol estratégico para la economía global, ya que proporciona conexión entre el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo. La decisión de Irán de bloquear su paso lo volvió el punto de mayor congestión comercial en el mundo. Donde antes transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado, el tráfico cayó hasta un 90%, reduciendo los volúmenes exportados por esa vía a menos del 10% del nivel previo al conflicto bélico, según calcula la Agencia Internacional de la Energía.
Así, el conflicto agregó en el comercio energético una capa de costos que antes no había. Agencias internacionales reportaron que durante estas cuatro semanas se incrementaron los seguros de guerra, se duplicaron los fletes y hasta se habla de peajes informales en yuanes en vez de dólares para habilitar el paso de modo selectivo.
Así, los países asisten a una puja distributiva energética que obliga a los principales gobiernos del mundo a implementar estrategias de supervivencia para mitigar el impacto en sus finanzas. A continuación, una recopilación de los efectos y medidas tomadas en distintas partes del mundo.
En Estados Unidos, con la gasolina cerca de los US$4 por galón, el Congreso norteamericano reactivó la iniciativa para suspender de manera temporaria el impuesto federal a los combustibles (18,4 centavos por galón para la nafta). La Casa Blanca, por su lado, busca evitar cuellos de botella flexibilizando la venta de combustibles de verano, permitiendo ventas más amplias de mezclas con etanol (E15) durante un período acotado, en un intento por aliviar precios en surtidores. En paralelo, los estados activaron medidas propias, por ejemplo Georgia suspendió su impuesto estatal a la nafta y el diésel por 60 días, un gesto concreto que baja la cuenta del surtidor pero abre un agujero en caja.

En Canadá, la situación tiene dos caras. Por un lado, el país productor —y exportador neto— se presenta ante el mundo como proveedor “confiable” en plena incertidumbre, y puso sobre la mesa un aporte de 23,6 millones de barriles a la liberación coordinada de la IEA, vía aumentos de producción ya previstos y ajustes operativos (como reordenar mantenimientos) dentro de una ventana de 90 a 180 días. Por otra parte, en el plano doméstico, los canadienses pagan el combustible a precio internacional. Aun con la eliminación del impuesto federal al carbono para consumidores que estaba vigente desde abril del año pasado, los vaivenes por la guerra empujaron el precio en las estaciones canadienses.

En Centroamérica —importadora neta y con menos margen de maniobra— la discusión adquiere tono de urgencia. Guatemala llevó al Congreso propuestas de subsidio directo en estaciones de servicio, con descuentos temporales durante algunos meses, con el Estado como amortiguador del salto internacional. En Costa Rica, donde el precio interno suele reaccionar por mecanismos regulados, el debate gira sobre el traslado del shock a inflación y turismo, con la economía mirando de reojo el “efecto dominó” de un barril que ya no se mueve como antes. En Panamá la crisis pega tanto en el surtidor como la logística, por lo que el gobierno negocia posibles subsidios y el Canal trabaja al límite por un tráfico extra de buques energéticos redirigidos tras el cierre de Ormuz.
Argentina optó este viernes por una herramienta técnica con impacto directo en los surtidores: habilitó, de forma voluntaria, elevar el corte de la nafta hasta 15% de bioetanol buscando dar flexibilidad a refinadoras y contener las subas que se dispararon en las últimas dos semanas.
Brasil, por su parte, presentó un nuevo esquema de subsidio para importaciones de diésel con financiamiento compartido entre federación y estados, y Petrobras reordenó su distribución para reforzar oferta mediante contratos y evitar distorsiones de precios vinculadas a subastas.

El caso de Chile exhibe el límite fiscal como noticia en sí misma, en medio del cambio de gobierno. Tras semanas de contención, la gestión de Kast tomó sus primeras medidas entre ellas, decidió trasladar la mayor parte del shock a los surtidores, por lo que la nafta sufrió enormes aumentos en pocas horas, ante lo que el Palacio de la Moneda anunció medidas de mitigación concentradas en transporte público y apoyos a rubros específicos.

En Uruguay el ajuste también tomó lugar este viernes. Se habilitó la suba del 7% desde el próximo lunes, con cambios metodológicos hacia revisiones mensuales. En Paraguay también se vivieron aumentos recientes, con la empresa estatal Petropar trasladando incrementos a las pizarras en respuesta al repunte internacional.
Europa, aunque cada país muestra estrategias propias, intenta mostrar una estrategia coordinada. A través de la Agencia Internacional de la Energía, se anunció la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia: 400 millones de barriles y se aguarda para aumentar la cifra en los próximos días si la incertidumbre continúa.
En España, el gobierno de Pedro Sánchez impulsó un decreto anticrisis con movilización de 5.000 millones de euros e incluyó recortes impositivos en energía y carburantes, además de ayudas sectoriales (transporte, agricultura) y refuerzos de bonos sociales. Para evitar que la rebaja “se la coma” el margen empresarial, también se reforzaron obligaciones de información y sanciones a petroleras si no reportan datos de precios, costos y volúmenes.

Alemania debate su propio escudo: la coalición en el poder puso en estudio desde recortes en impuestos energéticos hasta topes de precios y un impuesto extraordinario (windfall) sobre beneficios, además de reactivación temporal de centrales a carbón. El diagnóstico es revelador: no falta combustible, falta precio.
En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni avanzó con una baja de 25 centavos por litro en impuestos especiales al combustible por unos 20 días, dentro de un paquete que también contempla alivios para transporte (especialmente camiones) y advertencias públicas contra la especulación.

Francia eligió una vía más austera: el Ejecutivo descartó ayudas generalizadas y sostuvo que cualquier apoyo debe ser focalizado y revisable, en un contexto de déficit y deuda elevados; incluso advirtió que recortes de impuestos o subsidios amplios pueden empujar la inflación sin aumentar oferta. Antes que bajar impuestos en masa, París pidió a refinerías aumentar producción donde sea posible (sobre todo diésel y jet fuel), y combinó monitoreo de mercado con medidas sectoriales para transporte y pesca.
En el Este europeo, la crisis del combustible se superpone con otra guerra —la de Rusia contra Ucrania— y produce una paradoja: el petróleo caro engorda ingresos rusos, pero el sabotaje y la logística recortan su capacidad de exportar. Para proteger el mercado interno, Moscú anunció un veto a las exportaciones de gasolina desde el 1° de abril hasta fines de julio, una medida repetida en otros episodios de tensión de precios domésticos.

En Ucrania, el encarecimiento del diésel y de fertilizantes llegó como “daño colateral”: el gobierno reconoció el salto de costos —con subas fuertes en urea y combustible— pero afirmó que no pone en riesgo la siembra de primavera, aunque sí aprieta la caja del productor.
Rumania evaluó recortar impuestos internos y ya aplicó controles sobre márgenes, límites a exportaciones y ajustes en mezclas, además de paquetes de ayuda para transportistas y agricultores. Polonia, por su parte, anunció una batería de medidas: bajar el IVA de los combustibles, reducir el impuesto especial al mínimo europeo y aplicar topes en surtidor, con un costo fiscal mensual relevante y discusión sobre gravar ganancias extraordinarias del sector energético. En tanto que Hungría, con Viktor Orbán en primera línea, aplicó un techo de precios por litro (nafta y diésel) para vehículos matriculados en el país y liberación de reservas estatales para sostener suministro.
Uno de los efectos más grandes de Ormuz se da en Asia. Es que por por el estrecho de Medio Oriente viaja la mayor parte del crudo que alimenta a las grandes economías importadoras de esa región. Por eso, allí las medidas mezclan presupuesto, energía y hasta estrategia industrial.

China recurrió a su manual de control: su planificador económico, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), anunció aumentos de precios máximos de gasolina y diésel, pero “capados” a cerca de la mitad de lo que marcaría el mecanismo habitual, en una decisión excepcional para amortiguar el traslado al consumidor. En paralelo, Reuters reportó que Beijing restringió exportaciones de combustibles refinados para prevenir faltantes internos y liberó insumos (como fertilizantes) de reservas comerciales para atravesar la temporada agrícola.

Japón trató el tema como seguridad nacional: el Ministerio de Economía (METI) flexibilizó reglas para usar más centrales a carbón —bajando la dependencia de GNL amenazado por la disrupción— y pidió a mayoristas cambiar el benchmark de precio de combustibles desde Dubai a Brent, porque el diferencial de crisis encareció el marcador regional. A esto se le sumó liberación de reservas y subsidios para contener el precio de la gasolina, una combinación que, en Tokio, busca comprar tiempo mientras se recompone el mercado.
En Corea del Sur, donde la energía es primordial para la fabricación de chips, el gobierno combinó estabilización financiera y alivio en surtidor: anunció recompra de bonos para dar liquidez, amplió recortes impositivos sobre combustibles (más profundos para diésel), elevó topes de precios en estaciones y, a nivel energético, aumentó operación nuclear y aflojó límites al carbón.
India, en tanto, eligió bajar impuestos para bajar el golpe inflacionario: recortó el impuesto especial adicional sobre la nafta y eliminó el del diésel, a la vez que aplicó gravámenes sobre exportaciones de combustibles (diésel y jet) para cuidar el mercado interno. Además, el gobierno aseguró contar con abastecimiento de crudo para al menos 60 días pese a la disrupción de envíos desde el Golfo, producto de la reciente diversificación en sus compras, alineado con los Estados Unidos.
En Australia, la crisis mostró el talón de Aquiles de un país desarrollado pero importador de combustibles. Reuters informó que Australia compra afuera cerca del 90% de su combustible, tuvo cancelaciones de cargamentos desde Asia y registró faltantes localizados por compras de pánico, aunque el gobierno insistió en que no hay planes de racionamiento por ahora. El Ejecutivo australiano puso cifras para encuadrar el debate: alrededor de 38 días de reservas de nafta y 30 días de diésel y jet fuel, con refinerías domésticas operando a plena capacidad y una fuerza de tarea nacional para robustecer la cadena.

Nueva Zelanda, con menos espalda y más sensibilidad social, tomó un atajo directo: pagos semanales temporales (NZ$50) a familias de ingresos bajos para compensar el salto del combustible, además de publicar un plan de contingencia de suministro y alinear estándares de combustibles con Australia para ampliar opciones de importación.