El Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió que la policía penitenciaria quede a cargo de la custodia permanente del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). La medida implica un monitoreo las 24 horas del día, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple mientras avanza el juicio por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.
Control estricto
Ordenaron vigilancia permanente sobre Bolsonaro por riesgo de fuga
El Supremo Tribunal Federal dispuso custodia continua en el domicilio del exmandatario brasileño, en el marco del proceso por intento de golpe de Estado y ante la posibilidad de que buscara refugio en una embajada.
La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso, quien atendió un pedido de la Fiscalía General. El magistrado consideró que existe riesgo de fuga hacia alguna embajada, lo que podría entorpecer el desarrollo del caso.
Riesgo de fuga
El juez Moraes fundamentó su resolución en las maniobras atribuidas a Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del exmandatario, quien reside en Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, el legislador habría intentado influir en autoridades brasileñas y en el Congreso para frenar el proceso judicial contra su padre, incluso con pedidos de amnistía.
Según el magistrado, estas acciones demuestran la posibilidad de que Jair Bolsonaro busque escapar de la justicia para evitar la aplicación de la ley penal. Por ese motivo, se dispuso una vigilancia estricta aunque discreta, sin exposición mediática ni invasión de la vida privada o el entorno vecinal.
Pedido de prisión preventiva
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, presentó ante el Supremo Tribunal Federal un pedido de prisión preventiva contra Bolsonaro. La solicitud se fundamenta en el presunto incumplimiento de las medidas cautelares que ya pesan sobre el exmandatario.
El diputado alertó que Bolsonaro podría intentar evadir la justicia aun estando bajo arresto domiciliario, liderando maniobras que buscan entorpecer las investigaciones. El pedido está vinculado al proceso sobre la tentativa de golpe de Estado entre finales de 2022 y comienzos de 2023, en el que también están involucrados exfuncionarios y militares.
En su presentación, Farias subrayó que las conductas atribuidas a Bolsonaro exceden la simple desobediencia y conforman un esquema de desestabilización institucional, marcado por la difusión de desinformación, la movilización de redes digitales y la generación de un clima de inestabilidad política, económica y social.
Audiencias y acusados en el proceso
El proceso judicial se encuentra en su etapa final. El próximo 2 de septiembre comenzarán las audiencias en las que Bolsonaro recibirá el veredicto junto con otros 35 acusados. Entre ellos se encuentran exfuncionarios y militares, todos procesados por su participación en los hechos ocurridos tras las elecciones de 2022, cuando Luiz Inácio Lula da Silva fue proclamado presidente electo.
El informe policial de 170 páginas, elaborado días antes del inicio de esta etapa, advierte que Bolsonaro habría planificado un intento de evasión solicitando asilo político. Primero evaluó a Estados Unidos y se encontró un borrador de carta dirigido al presidente argentino Javier Milei, hallado en su propio teléfono y modificado en febrero de 2024, poco después de entregar su pasaporte.
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