Israel aprobó este lunes una controvertida reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos juzgados como culpables de asesinatos terroristas.

La Knéset aprobó la medida este lunes con 62 votos a favor y 48 en contra. La nueva legislación, promovida por el ministro de Seguridad Ben Gvir, genera críticas por su aplicación selectiva y potencial impacto en derechos humanos.

Israel aprobó este lunes una controvertida reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos juzgados como culpables de asesinatos terroristas.
El debate ocurrió en la Knéset (el Parlamento israelí). La ley fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra. Según el texto, los tribunales militares israelíes deberán imponer la pena de muerte a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada declarados culpables, mientras que los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes podrán optar por cadena perpetua bajo condiciones más estrictas.
La reforma, promovida por el ultranacionalista y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, votó a favor. Tras la sesión, Ben Gvir celebró la aprobación descorchando una botella de champán, promoviendo críticas de la oposición israelí.
La legislación exige que la pena de muerte entre en vigor en un plazo de 30 días, aunque se espera que grupos de derechos humanos presenten una petición ante la Corte Suprema de Israel en contra. Los opositores a la ley la califican de racista, draconiana y poco probable que disuada los ataques de militantes palestinos.
En la antesala de la votación, Ben-Gvir, cuyo partido es crucial para la coalición liderada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, promovió la medida luciendo una pequeña soga prendida en la solapa, en una clara referencia al método de ejecución propuesto por el proyecto de ley: la horca.

"Con la ayuda de Dios, implementaremos plenamente esta ley y eliminaremos a nuestros enemigos", declaró Ben Gvir tras la aprobación del proyecto de ley para su votación final, añadiendo que se trataría de "la ley más importante" aprobada por el parlamento en los últimos años.
Entre los críticos se encuentran israelíes y palestinos, organizaciones internacionales de derechos humanos y Naciones Unidas. Argumentan que establece una jerarquía entre los sistemas judiciales israelíes.
"Se aplicará en los tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Esto significa que los judíos no serán procesados bajo esta ley", declaró Amichai Cohen, investigador principal del Centro de Valores e Instituciones Democráticas del Instituto para la Democracia de Israel.

Cohen añadió que, según el derecho internacional, el Parlamento israelí no debería legislar en Cisjordania, que no es territorio soberano israelí. Muchos miembros de la coalición de extrema derecha de Netanyahu buscan anexar Cisjordania a Israel.
Además, se señala que el proyecto de ley no contempla la clemencia, contraviniendo las convenciones internacionales, pues establece que las ejecuciones deben llevarse a cabo dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.

Si bien Israel contempla la pena de muerte como posible castigo para actos de genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos delitos de terrorismo, el país no ha ejecutado oficialmente a nadie desde el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.
Además, los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido habían instado a los responsables en la Kneset y al Gobierno israelí a abandonar el plan, según un comunicado publicado el domingo por el Ministerio de Exteriores alemán en Berlín.
"Nos preocupa especialmente el carácter discriminatorio de facto del proyecto de ley", reza el comunicado, publicado en inglés. "La aprobación de esta ley corre el riesgo de socavar el compromiso de Israel con los principios democráticos". Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido se oponen a la pena de muerte en todo el mundo y bajo cualquier circunstancia.
El proyecto de ley no se aplicará retroactivamente a ninguno de los militantes que Israel mantiene detenidos y que atacaron el país el 7 de octubre de 2023. Existe otro proyecto de ley en consideración que aborda el castigo para estos atacantes.
Algunos legisladores de la oposición temen que el proyecto de ley pueda perjudicar futuras negociaciones de rehenes. Israel intercambió a unos 250 rehenes tomados durante el ataque de octubre de 2023 por miles de prisioneros palestinos.
El Comité Público contra la Tortura en Israel, un grupo de defensa local, afirma que el Estado ha votado sistemáticamente a favor de la abolición de la pena de muerte en la ONU. El Shin Bet, la agencia de seguridad israelí, se había opuesto a esta práctica hasta hace poco, creyendo que podría incitar a nuevos planes de venganza por parte de militantes palestinos.