El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, presentó su renuncia este martes luego de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso, en medio de la crisis política desatada por dos accidentes ferroviarios ocurridos en Urda y Adamuz, que dejaron un saldo conjunto de 115 muertos.
Crisis del sector
Renunció el ministro de Transporte de España tras dos tragedias ferroviarias con 115 muertos
Óscar Puente anunció su salida tras asumir la responsabilidad política por los siniestros de Adamuz y Urda, dos episodios que conmocionaron al país y dejaron cientos de afectados.
Durante su intervención, el funcionario anunció que no solo dejará su cargo en el Gobierno, sino que también abandonará su candidatura como cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Valladolid.
"Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo en menos de un año", afirmó Puente, según consignó el diario La Vanguardia.
Los dos accidentes
El primero de los siniestros ocurrió el 18 de enero de este año, cuando un tren de Iryo operado por ILSA, que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, descarriló e invadió la vía contigua. La formación terminó chocando contra un tren Alvia de Renfe que circulaba en dirección contraria hacia Huelva, a la altura del municipio de Adamuz.
El accidente dejó 46 víctimas mortales y abrió un fuerte cuestionamiento sobre las condiciones de seguridad del sistema ferroviario español.
Nueve meses después, el 28 de octubre, se produjo otro siniestro en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Un tren AVE de Renfe impactó a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora contra la parte trasera de una formación de Iryo que estaba detenida tras una falla informática en el sistema de señalización LZB.
La colisión provocó el descarrilamiento y el aplastamiento de cuatro vagones del tren de Iryo, que cayeron por un terraplén en las inmediaciones de Urda, en Toledo. El episodio causó 69 muertes y dejó más de 200 heridos.
La defensa de la seguridad
Al anunciar su salida, Puente sostuvo que tomó la decisión durante los primeros momentos posteriores al accidente, pero que recién la hizo pública una vez que se completaron las tareas más urgentes de asistencia a las víctimas y se adoptaron medidas para incrementar la inversión.
El ministro calificó su renuncia como una decisión de dignidad y consideró que era positiva para España y para la democracia.
También defendió la política de seguridad ferroviaria de su gestión y remarcó que la protección de los pasajeros debe estar por encima de la puntualidad y de los tiempos de viaje.
En ese sentido, señaló que los retrasos promedio en la línea Madrid-Sevilla disminuyeron de 16 a nueve minutos en un año, aunque aseguró que nunca habría pedido reducir las condiciones de seguridad para mejorar esos indicadores.
Por otra parte, reconoció que el nuevo sistema de doble verificación no garantiza una protección absoluta y recordó que los protocolos anteriores llevaban 34 años en funcionamiento sin que se registrara un accidente de estas características.
30 millones de euros para las víctimas
En paralelo a la renuncia, el Gobierno español aprobó un paquete de asistencia de emergencia por 30 millones de euros, equivalentes a unos 33,6 millones de dólares, destinado a las personas afectadas por el choque ferroviario del 28 de octubre.
La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros e incluye dos partidas de 15 millones de euros cada una: una destinada a ayudas directas y otra para adelantar pagos de indemnizaciones, según informó la agencia Xinhua.
Las familias de las personas fallecidas recibirán aproximadamente 72.121 euros en ayudas directas y otros 72.121 euros en concepto de indemnización anticipada.
En el caso de los sobrevivientes, los montos se establecerán de acuerdo con la gravedad de las lesiones sufridas.
Más indemnizaciones
El paquete también contempla duplicar las compensaciones previstas en el seguro obligatorio para pasajeros y crear oficinas especializadas para acompañar a las víctimas y sus familiares.
Además, se establecerán procedimientos específicos para asistir a quienes hayan sufrido lesiones que les impidan continuar trabajando.
Las medidas buscan brindar apoyo económico y administrativo a los afectados mientras España atraviesa una de las mayores crisis ferroviarias de los últimos años, marcada por dos accidentes mortales en menos de un año y la salida del responsable de la cartera de Transporte.
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