Una jubilada sacada de su casa terminó poniendo rostro a la crisis de vivienda en España y activando una secuencia política que, menos de dos semanas después, desembocó en elecciones anticipadas.
Elecciones anticipadas
Cómo el desalojo de una jubilada de 87 años terminó sacudiendo al Gobierno de Sánchez en España
Maricarmen Abascal llevaba siete décadas en la misma vivienda. Su desalojo catalizó una crisis habitacional que terminó movilizando a miles de personas y obligando al Gobierno a tomar medidas urgentes en el Parlamento, exponiendo la falta de mayoría del oficialismo, que terminó impulsando la decisión oficial.
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Maricarmen Abascal tiene 87 años, movilidad reducida y vivía desde hacía más de siete décadas en la misma vivienda de Madrid cuando el 23 de septiembre fue desalojada después de un prolongado conflicto con la propiedad.
La mujer, jubilada y con problemas de movilidad, fue retirada del edificio en camilla y trasladada en una ambulancia del Samur, mientras decenas de vecinos y activistas protestaban detrás de un cordón policial. Su abogada sostuvo entonces que la empresa nueva propietaria del inmueble, Urbagestión, no había aceptado las alternativas planteadas para evitar o aplazar el desahucio.
La escena de la mujer retirada de su casa multiplicó una indignación que ya existía por el aumento de los alquileres y la escasez habitacional.
El caso no explica por sí solo la caída de la legislatura de Pedro Sánchez. Sí funcionó como catalizador. La vivienda pasó en pocos días de ser uno de los problemas estructurales españoles a ocupar el centro absoluto del debate político.
“Ni una Maricarmen más”
La reacción salió rápidamente a las calles. El pasado 26 de septiembre, unas 25.000 personas, marcharon por Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”.
Hubo además protestas en unas 40 ciudades y una acampada permanente en la Puerta del Sol, donde la movilización empezó a recordar por su formato a las concentraciones de 2011.
Desde el hospital, Maricarmen pidió continuar. “Valor, luchar, defender lo que es vuestro”, dijo en un video difundido por el Sindicato de Inquilinas.
La presión tuvo un primer resultado individual: la jubilada alcanzó un acuerdo para regresar a su vivienda mediante un contrato por ocho años y un alquiler similar al anterior. Pero para entonces su historia ya había dejado de pertenecerle únicamente a ella.
El Gobierno intentó convertir esa movilización en respuesta legislativa, pero recibió un nuevo revés.
De la calle al Congreso
Sánchez impulsó dos decretos en materia habitacional con medidas que incluían protección frente a desahucios, prórrogas y renovación de contratos, límites sobre alquileres y restricciones a compras especulativas por grandes fondos. El propio presidente pidió a los diputados que fueran “valientes” y advirtió que el rechazo provocaría “un daño inmenso”.
Pero el viernes ocurrió lo contrario. El primer decreto cayó por 178 votos contra 172, con PP, Vox, Junts y UPN en contra. El segundo fue rechazado por 184 contra 166, sumándose también el PNV entre quienes no acompañaron.
La derrota tuvo una dimensión superior a la política de vivienda. Mostró que el complejo bloque que permitió a Sánchez continuar en La Moncloa después de las elecciones de 2023 ya no podía garantizarle mayorías siquiera ante una iniciativa construida al calor de una fuerte movilización social.
Junts volvió a ocupar el lugar decisivo. El partido independentista sostuvo que las medidas estaban mal diseñadas y podían reducir la oferta de alquileres y elevar aún más los precios. El Gobierno mantuvo los textos y perdió.
Convocatoria y estrategia
El traspié abrió una pregunta inmediata: cuánto sentido tenía prolongar una legislatura sin mayoría suficiente para aprobar medidas relevantes y sin haber logrado sacar adelante nuevos presupuestos.
Sánchez se tomó el fin de semana para consultar al Gobierno, al PSOE y a sus aliados. Este lunes dio la respuesta: disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre, nueve meses antes del final previsto de la legislatura.
“Para hacer más, necesitamos el apoyo de la gente”, explicó, y reclamó una “mayoría progresista mucho más amplia” en el próximo Parlamento.
La Moncloa pretende, sin embargo, que la campaña no entierre la cuestión que precipitó el desenlace. El Gobierno trabaja para volver a aprobar medidas de vivienda y someterlas a la Diputación Permanente una vez disueltas las Cortes.
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