Los abogados de Santiago Peña cuestionaron este viernes la validez del juicio político que tramita el Senado paraguayo por la crisis de Ueno Bank. Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro se presentaron ante el pleno y sostuvieron que la renuncia del mandatario impide que continúe ese procedimiento.
La defensa de Peña pidió anular el juicio político: “No hay pruebas, hay dimes y diretes”
Los abogados del mandatario sostuvieron ante el Senado que su renuncia impide continuar el proceso y cuestionaron la acusación por el colapso de Ueno Bank.

La defensa planteó que las eventuales responsabilidades deben ser investigadas directamente por la Justicia. Ferreiro dejó planteadas reservas para recurrir tanto a la Corte Suprema como a tribunales internacionales de derechos humanos y afirmó que “este juicio sería nulo”.
Cuestionamientos a la acusación
Preda reconoció la crisis bancaria y sostuvo que los ahorristas y jubilados merecen respuestas. Sin embargo, rechazó que el documento acusatorio reúna los elementos necesarios para destituir al presidente y cuestionó la falta de identificación de las normas que habría infringido.
“Una acusación que pretende remover a un jefe de Estado necesita pruebas y este libelo no trae ninguna”, afirmó. El abogado también objetó que se atribuyan a Peña decisiones de otras instituciones, entre ellas el Banco Central y el Instituto de Previsión Social (IPS).

“No hay pruebas, hay dimes y diretes”, sostuvo Preda durante su exposición. La defensa cuestionó el valor otorgado a publicaciones periodísticas y señaló que no se presentaron testimonios que acrediten una supuesta intervención presidencial en las decisiones investigadas.
Los argumentos sobre el banco
Los representantes de Peña expusieron una cronología de Ueno Bank y afirmaron que la conversión de la financiera en banco comenzó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, dos años antes de que el actual mandatario asumiera. Con ese argumento, buscaron desvincularlo del inicio de ese proceso.
También rechazaron que se le atribuya la modificación del reglamento de inversiones del IPS, aprobada en noviembre de 2024. Según sostuvieron ante los senadores, esa decisión correspondió al órgano administrador de la entidad previsional y contó con fundamentos técnicos propios.
Los abogados intervinieron luego de que el Senado rechazara una prórroga de 72 horas solicitada por Peña para preparar su defensa. El mandatario había cuestionado el tiempo transcurrido entre la notificación de la acusación y la convocatoria para responder ante la Cámara Alta.

Investigaciones penales
En paralelo, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra Peña. También ordenó conformar un equipo de agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar los hechos denunciados.
Las actuaciones abarcan la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en la entidad y las decisiones de autoridades de distintas instituciones del Estado.









