En un escenario de alta tensión política en Paraguay, el expresidente Santiago Peña prestó declaración indagatoria este sábado ante la Fiscalía General del Estado en Asunción, apenas horas después de que se hiciera efectiva una orden de detención en su contra.
Crisis Política y Judicial en Paraguay
Tras su destitución en juicio político, el expresidente Santiago Peña declaró ante la Fiscalía
El exmandatario paraguayo se presentó en la sede de la Fiscalía General del Estado en Asunción tras ejecutarse una orden de detención en su contra. Su defensa sostuvo que no tuvo responsabilidad directa en las maniobras financieras investigadas, mientras que Pedro Alliana ya asumió el Poder Ejecutivo.
El exjefe de Estado arribó al edificio judicial a bordo de un vehículo oscuro y bajo una reducida escolta policial. Acompañado por su abogado defensor, Ricardo Preda, compareció ante los investigadores para responder en el marco de la causa que lo involucra. Al respecto, su representante legal adelantó públicamente el eje de la estrategia defensiva, al señalar que el exmandatario no posee responsabilidad directa sobre las colocaciones financieras bajo la lupa de la Justicia.
Por estrictas razones de seguridad y ante la presencia de manifestantes en los alrededores, las autoridades dispusieron a último momento modificar la sede del trámite judicial. Si bien la audiencia estaba prevista originalmente en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), la comparecencia fue trasladada de urgencia al edificio principal de la Fiscalía General, situado en el microcentro de la capital paraguaya.
La compleja situación procesal de Peña se desencadenó tras la jornada del viernes, cuando el Senado paraguayo aprobó por unanimidad su destitución mediante un juicio político, medida que lo privó de los fueros constitucionales que le garantizaban inmunidad. Tras el apartamiento del mandatario, la sucesión presidencial se hizo efectiva de inmediato con la jura del hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien asumió la conducción del Poder Ejecutivo para completar el mandato constitucional hasta 2028.
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