La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera política luego de que la Cámara de Representantes aprobara este lunes el inicio formal de un proceso de destitución en su contra.
Crisis política
Filipinas inició el proceso de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte
La Cámara de Representantes aprobó avanzar con el juicio político contra la vicepresidenta filipina, acusada de corrupción, abuso de poder y presuntas amenazas contra el presidente Ferdinand Marcos Jr. El caso pasará ahora al Senado, que deberá definir su futuro político.
La decisión abre una nueva etapa de tensión institucional en el país asiático y podría afectar sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028.
La votación se resolvió con una amplia mayoría parlamentaria: 255 legisladores votaron a favor del juicio político, 26 en contra y nueve se abstuvieron. El respaldo superó ampliamente el mínimo constitucional requerido para avanzar con el proceso, equivalente a un tercio de los miembros de la Cámara.
Con esta decisión, los artículos de acusación serán enviados al Senado filipino, que deberá constituirse en tribunal para llevar adelante el juicio político. Si Duterte fuera declarada culpable, podría ser removida del cargo e inhabilitada para ocupar funciones públicas en el futuro.
La vicepresidenta rechazó las acusaciones y aseguró que se defenderá en el Senado. Su equipo legal afirmó que la acusación deberá probar cada uno de los cargos presentados durante el proceso.
Las acusaciones contra Sara Duterte
Los artículos de destitución incluyen acusaciones por corrupción, soborno, abuso de poder, malversación de fondos públicos, incitación a la sedición y supuestos complots de asesinato. Parte de las denuncias apuntan también a presuntas amenazas realizadas contra el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y otras autoridades políticas del país.
La ofensiva parlamentaria se produce en medio de una creciente ruptura política entre las familias Marcos y Duterte, dos clanes que habían sellado una alianza electoral en 2022 y que actualmente atraviesan uno de sus momentos de mayor enfrentamiento.
Sara Duterte es hija del expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien gobernó el país entre 2016 y 2022 y cuya figura continúa teniendo fuerte influencia política. El exmandatario enfrenta además investigaciones internacionales vinculadas a la controvertida “guerra contra las drogas” impulsada durante su gobierno, una política que dejó miles de muertos y fue denunciada por organismos de derechos humanos.
La vicepresidenta ya había enfrentado un proceso similar en 2025. En aquella oportunidad, la Cámara de Representantes había aprobado artículos de destitución, pero posteriormente la Corte Suprema declaró inconstitucional el procedimiento por cuestiones vinculadas a plazos y garantías procesales.
Tras el fallo judicial, nuevas denuncias fueron presentadas este año y el Congreso volvió a avanzar con un nuevo proceso de impeachment adaptado a las exigencias fijadas por la Corte Suprema filipina.
La situación adquiere además un fuerte peso político debido a que Sara Duterte había confirmado recientemente su intención de competir por la presidencia en las elecciones previstas para 2028. Una eventual condena en el Senado podría impedirle participar en futuros procesos electorales.
El Senado definirá el futuro político de la vicepresidenta
De acuerdo con la Constitución filipina, el Senado tiene la responsabilidad exclusiva de juzgar los casos de juicio político contra altos funcionarios del Estado. Para que la vicepresidenta sea condenada se requiere el voto favorable de al menos dos tercios de los senadores.
El proceso promete convertirse en uno de los episodios políticos más relevantes de los últimos años en Filipinas, no solo por el peso institucional del cargo sino también por el impacto que puede tener en el escenario electoral y en el equilibrio de poder dentro del oficialismo.
En las últimas semanas, la tensión política se profundizó luego de cambios en la conducción del Senado y de movimientos internos que reflejan divisiones entre aliados del presidente Marcos y sectores vinculados al clan Duterte.
Mientras tanto, simpatizantes de la vicepresidenta denunciaron una supuesta persecución política y sostienen que el proceso busca debilitar su candidatura presidencial. Desde el gobierno filipino, en cambio, remarcan que las instituciones deben investigar las denuncias y garantizar transparencia en el manejo de fondos públicos.
Sara Duterte se convirtió además en la primera vicepresidenta en la historia de Filipinas en enfrentar dos procesos de destitución impulsados por la Cámara de Representantes.
El caso también genera repercusión internacional debido al peso político de la familia Duterte en el sudeste asiático y al contexto de creciente polarización política que atraviesa Filipinas. Analistas locales consideran que el desenlace del juicio político podría redefinir el mapa político del país en los próximos años.
Por el momento, el Senado todavía debe establecer el calendario formal del juicio y definir las reglas del proceso. Mientras eso ocurre, la vicepresidenta continúa en funciones y mantiene una importante base de apoyo popular, especialmente en sectores vinculados al legado político de su padre.
La evolución del caso será seguida de cerca tanto dentro como fuera de Filipinas, en un escenario donde las disputas institucionales y las tensiones entre los principales grupos políticos del país continúan creciendo.
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