¿Qué Banco Central necesita una Argentina federal y productiva?

Esta semana la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Si bien días previos había trascendido que el gobierno estaba evaluando ofrecer lugares en el Directorio a los gobernadores aliados, al momento de votar prevaleció el proyecto original, que básicamente reduce la función de esta institución a preservar el valor de la moneda, prohíbe el financiamiento al Tesoro, y endurece las condiciones para remover a sus autoridades.

Con las elecciones en la puerta de la esquina y la imagen presidencial cayendo en picada, esta ley se percibe más como un anuncio efectista que una verdadera intención de cambiar esta institución central para la Argentina.

Adicionalmente, tiene como mensaje que la política económica actual -que está arrastrando a la economía real a la recesión permanente- sería inamovible más allá de la suerte electoral, tal y como se pretendió con la ley de convertibilidad en la década de 1990.

Al margen de esas cuestiones, la discusión sobre la reforma del Banco Central abre una oportunidad que la Argentina no debería desperdiciar: pensar qué Banco Central necesita una Argentina federal, productiva y con enormes desigualdades sociales y territoriales, y qué espacio deben ocupar en él las provincias.

El fin único no puede ser solo fiscal

El BCRA es la institución que dirige la política monetaria, emite moneda y regula el sistema financiero (bancario y no bancario) del país. En sus últimas dos reformas (1992 y 2012) sus objetivos se ampliaron: ya no solo preserva el valor de la moneda, sino también la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social.

La propuesta libertaria plantea volver a 1992, pero en términos negativos: el único objetivo es prohibir la financiación al fisco, causa primera y última de todos los males de Argentina según el gobierno de Javier Milei.

Si bien es razonable -y hasta necesario por la historia de nuestro país- poner límite a las arbitrariedades que se han cometido en materia fiscal, el diagnóstico del que parte es engañoso: el déficit es una atribución del Congreso (que vota el presupuesto) y del Ejecutivo (que lo diseña y ejecuta), no del Banco Central.

Dos años de gestión libertaria lo demostraron: hubo superávit primario al mismo tiempo que expansión monetaria, ya que la creación de dinero no depende exclusivamente de su financiamiento vía Banco Central.

Eliminar una herramienta, que puede ser determinante en situaciones particulares, como una pandemia o una crisis internacional, para abordar un problema que tiene su origen en otra parte, no tiene sentido ni razonabilidad, es pura demagogia.

Por otra parte, ni en la breve cadena nacional que dio el presidente hace un mes, ni en otras declaraciones públicas se mencionan las tasas de interés, el régimen cambiario y el endeudamiento, los verdaderos protagonistas de nuestros ciclos de crisis.

¿No será que, con esta excusa, lo que se busca es blindar una estrategia cambiaria insostenible, que se paga con la destrucción de la estructura social y productiva? Un pacto fiscal de largo plazo es tan necesario como un pacto monetario y cambiario que no lleven a la ruina recurrente a la economía nacional.

Esta reforma va en sentido contrario: busca blindar una estrategia de apreciación cambiaria, algo parecido a lo que se intentó con la convertibilidad (que ya sabemos cómo terminó) y acaba limitando las herramientas necesarias para amortiguar los costos sociales de las crisis cambiarias y financieras.

Se habla de independencia, poco de gobernanza

El gobierno quiere blindar al presidente del BCRA y a su directorio de la remoción política, que produjo mandatos de apenas un año y medio en promedio en estos noventa y dos años de existencia. Pero la gobernanza de la moneda no se agota ahí.

La independencia técnica, presentada como un ideal, fue muchas veces una ficción. En especial en este gobierno donde el presidente del BCRA, Santiago Bausili, designado al frente de la institución –de manera precaria, ya que no tiene acuerdo del Senado como tampoco lo tiene el resto del directorio- y el ministro de Economía, Luis Caputo, son socios en la consultora Anker.

Eternizarlos en el cargo no blinda al Banco Central de la política: blinda esta política, más allá de que termine o no el mandato de Milei. Hoy el Banco Central puede ser independiente, pero lo es de los intereses nacionales: de la producción, de los exportadores, del trabajo, de las pymes y, sobre todo, de las provincias.

Desde el Rodrigazo hasta hoy, la Argentina atravesó sucesivos ciclos de apreciación cambiaria que destruyeron la trama productiva y siempre terminaron en devaluaciones bruscas. El "dólar barato", vía cepo o vía bicicleta financiera, fue el verdadero problema y siempre benefició a los mismos sectores concentrados en la City.

Por eso, la única reforma verdaderamente transformadora del Banco Central es su federalización donde las provincias tengan verdadera voz y voto en el directorio.

De un banco central a un banco federal

La Argentina necesita reformar el Banco Central. Y la Constitución ya prevé cómo: el artículo 75, inciso 6, habilita al Congreso a "establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda". Se trata de una institución cuya política monetaria y crediticia contemple las necesidades de todas las provincias, no solo las de la City porteña.

El año pasado, los diputados Mónica Fein (mandato cumplido) y Esteban Paulón presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto en ese sentido, para incorporar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la estructura institucional del Banco Central, mediante organismos regionales de coordinación económico-financiera.

Federalizar el Banco Central no significa repartir sillas entre aliados, ni volver a prácticas que demostraron ser perjudiciales. Significa dotar de legitimidad y fortaleza a su gobernanza e incorporar al diseño de la política monetaria, cambiaria y crediticia las necesidades de un país que excede largamente las cuatro manzanas de la City porteña.

El gobierno abrió una discusión necesaria, pero la reforma aprobada en Diputados no ataca los problemas de siempre. Los blinda. El Senado tiene ahora la última palabra. Puede mantener a los privilegiados de siempre o puede animarse a más, cumplir con la Constitución Nacional y por primera vez en casi un siglo, construir el Banco Central que la Argentina federal y productiva necesita.

El autor es diputado provincial de Santa Fe.