Al Congreso de la Nación

Por este medio, al que agradezco sinceramente la oportunidad que me brinda, quisiera expresar que con la nueva Ley de Glaciares podría llegar a generarse -entre otras cosas- un desastre ecológico. Y a esto no lo digo yo únicamente, solo basta con escuchar alguna de las reflexiones y consideraciones de los científicos argentinos sobre las posibles consecuencias.

Ellos dan siempre una opinión basada en el conocimiento y defienden con honestidad los intereses de nuestro país. El único propósito de esa ley -a mi entender- es beneficiar a las empresas mineras que en su mayoría son extranjeras y a las cuales solo les interesa llevarse nuestros minerales al menor costo posible.

Con reglas poco exigentes en cuanto a la contaminación del ambiente, para evitar problemas legales y multas, como sucedió con esa minera que derramó cianuro -compuesto químico muy tóxico y contaminante- en el norte del país y pidió disculpas por la gravedad del hecho.

Tampoco habría que aprobar la privatización parcial del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), es decir el de los reactores nucleares de baja potencia, como se explicó en nota anterior a la presente.

Es de público conocimiento que hay gestiones avanzadas para que esa obra sea privatizada, sin siquiera mediar una licitación pública, a IMPSA, la ex empresa Industria Metalúrgica Pescarmona de Mendoza, adquirida en su momento por capitales norteamericanos.

Al menos se hubiera intentado hacer una privatización exclusivamente con capitales argentinos para que Estados Unidos no interfiera en las decisiones estratégicas de la empresa. Como vislumbran la calidad tecnológica y el futuro económico promisorio del proyecto, lo quieren asociar a IMPSA.

Por eso creo que por todos los medios el Congreso de la Nación debe evitarlo y hacer una presentación ante la justicia. Es necesario que se escuche la opinión del físico argentino Diego Hurtado y la de los directores anteriores a los que designó el presidente Javier Milei.

Los gobernadores, por su parte, deben tener todo esto en cuenta, para poder pedirles a sus senadores y diputados que se opongan a esa privatización, y que no se dejen seducir por haber sido invitados al viaje a Estados Unidos para hacerlos cambiar de opinión.

Nuestro gobierno promociona con videos la compra por argentinos de acciones de YPF, pero se abstiene de hacer un llamado para que capitales argentinos compren acciones de las empresas mineras, o el Reactor Nuclear CAREM para su finalización (que bien podría concretarse con una mínima inversión del Estado nacional).

Sé que están haciendo gestiones por un fideicomiso para la finalización del CAREM con capitales exclusivamente nacionales, algo que sin duda va a constituir un estímulo poderoso para el desarrollo científico tecnológico de nuestro país.

Y con respecto a la inversión inicial que hace una de las mineras extranjeras, entiendo que no es de 45 mil millones de dólares sino de solo 8 mil, o tal vez menos, y el resto con la reinversión de las utilidades que la explotación de las minas vaya generando. Por lo tanto, se les debería exigir una mayor participación del Estado nacional y/o de capitales nacionales.

Además, se les debería requerir que, además de chilenos, contraten ingenieros argentinos, que están muy bien capacitados. Supongo que a esto último no lo hacen para evitar que se denuncie alguna irregularidad que puedan observar. Y también que compren insumos nacionales y no solo chilenos. Tantas ventajas no se les puede conceder.

Igualmente, tendrían que requerirles que obtengan puro el mineral que extraen por varias razones. Una de esas razones: en el caso del litio, en estado de pureza, vale ocho veces más que el mineral bruto. Otra razón: las mineras siempre se abusan y hacen figurar que el contenido del mineral puro es menor que el existente en realidad y eso, que es una defraudación que se le hace al país, tendría que corregirse.

A esta irregularidad la observó un ingeniero químico ya fallecido, profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, quien justamente estaba haciendo una investigación para demostrarla.

Lamentablemente, el ingeniero no consiguió finalizar su investigación. Todas las organizaciones sin fines de lucro que cuidan los intereses de nuestro país tendrían que prestarle atención a este hecho, para reclamar que el mineral se procese en nuestro país y se obtenga en estado de pureza, para que así nos quede un mayor beneficio.

También deberían alentar que la minería sea explotada por las empresas nacionales, reuniendo capitales argentinos, de modo que las utilidades que deja una mina no sean remitidas en su totalidad al exterior (como hacen las firmas extranjeras), y el capital sea reinvertido en Argentina, fundamentalmente en el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Tendrían que instalarse industrias exclusivamente de capital argentino, diseñadas con tecnología nacional para la obtención de los distintos minerales en estado de pureza (cobre, oro, litio), lo que contribuiría a desarrollar importantes fuentes de empleo y beneficios económicos adicionales.

Sobre la Ley de Tierras

Los legisladores nacionales no deberían aprobar una modificación de la llamada Ley de Tierras, que establece límites a los extranjeros para la compra de campos en Argentina. Más del diez por ciento del territorio nacional ya está, de acuerdo a la información ampliamente difundida, en manos de capitales extranjeros.

El pretexto que se argumenta es que suprimiendo esa normativa y aprobando otra que permita la compra de tierras sin límite alguno, van a incrementarse las inversiones extranjeras en el país, lo que a mí parecer es un elegante engaño.

La experiencia demuestra que lo del incremento de la inversión no es cierto y uno de los ejemplos de ello, entre tantos otros, es el caso de la firma Benetton, que tiene una inmensa extensión de tierras en nuestra Patagonia y nunca hizo inversión alguna. Hasta fue señalada de sacar la producción a través de Chile para evadir impuestos.

No solo no debería modificarse la Ley de Tierras, sino que tendría que profundizarse, prohibiéndole a los capitales extranjeros que puedan comprar indiscriminadamente grandes extensiones en nuestro país.

Asimismo, a quienes ya posean tierras en Argentina, reclamarles que las vendan fragmentadas en parcelas mínimas rentables a veterinarios e ingenieros agrónomos argentinos, para que ellos puedan trabajarlas y volverlas productivas.

En muchos países del mundo se prohíbe a extranjeros adquirir tierras en su territorio, entre otros Tailandia, Japón y hasta Estados Unidos, que tiene estados en donde se prohíbe a extranjeros dichas operaciones, y si alguien lo hace se le exige venderlas.