¿Cómo crecer sin dejar a nadie atrás?

Argentina atraviesa un cambio de paradigma que busca fortalecer los cimientos de su estructura económica. El giro hacia un modelo que privilegia las exportaciones y la inversión privada como motores principales, puede ser el camino hacia la acumulación de divisas que el país tanto anhela para generar estabilidad y crecimiento sostenido.

Sin embargo, esta transición plantea una tensión macroeconómica significativa: históricamente, el crecimiento de la economía doméstica ha estado impulsado por el consumo interno.

En este contexto, una contracción del consumo sin mecanismos de transición y compensación adecuados no solo podría profundizar la desaceleración del comercio minorista, sino también generar efectos adversos sobre el empleo urbano, la recaudación y la estabilidad del entramado socioeconómico.

El desafío central de la economía argentina consiste en generar nuevas fuentes de empleo y recomponer el salario real de manera sostenible. Para ello, no alcanza únicamente con aumentar la productividad laboral: es necesario que esas ganancias de eficiencia se traduzcan efectivamente en una mejora del poder adquisitivo.

De lo contrario, si el incremento de la productividad no se transfiere a los ingresos de los hogares, el mercado interno se debilita y la inversión pierde su principal fuente de demanda inmediata. En este escenario, la irrupción de la inteligencia artificial añade una complejidad sistémica: la automatización no es una amenaza lejana, sino una realidad que ya presiona sobre miles de puestos de trabajo.

Sin un Estado que actúe como puente, capacitando y fomentando nuevas fuentes de empleo, el riesgo de una obsolescencia laboral masiva es latente. La urgencia se hace aún más evidente al observar la microeconomía de los hogares. Hoy asistimos a un fenómeno alarmante: el endeudamiento familiar para cubrir necesidades básicas.

Cuando el crédito se utiliza para comer, la mora deja de ser un problema financiero para convertirse en una crisis social. Es aquí donde la política pública debe ser creativa y presente, como la de la Provincia de Santa Fe, que ha sabido leer la necesidad de aliviar la carga financiera de las familias a través del Plan de Protección de los Ingresos.

El libre mercado, como mecanismo de asignación, encuentra su límite ético y práctico en la dignidad de las personas. No estamos hablando de números en una hoja de cálculo, sino de comunidades, pymes y familias que han sostenido la producción nacional durante décadas.

El Estado tiene la responsabilidad moral y política de acompañar a quienes quedan rezagados y esto no es una distorsión del sistema, sino un requisito para la sostenibilidad de la transformación que se lleva adelante.

La discusión no pasa por rechazar la apertura económica, sino por administrar sus costos de transición. La integración a los mercados globales resulta necesaria para elevar la competitividad y ampliar las oportunidades de crecimiento, pero una liberalización abrupta, sin mecanismos de adaptación productiva y contención social, puede generar fuertes desequilibrios sectoriales.

En ese marco, el rol del Estado consiste en amortiguar los costos de reconversión y facilitar una transición ordenada hacia un esquema más abierto y competitivo.

Proteger el tejido productivo y el capital humano implica reconocer que el cierre de empresas, comercios o el deterioro de sectores estratégicos como la educación no responde exclusivamente a problemas de eficiencia, sino también a procesos de ajuste que pueden destruir capacidades acumuladas durante mucho tiempo y difíciles de reconstruir en el corto plazo.

Llegados a este punto, la pregunta que da título a estas líneas deja de ser un interrogante teórico para transformarse en un imperativo ético: ¿Cómo crecer sin dejar a nadie atrás? La discusión no radica en elegir entre mercado o Estado, sino en construir un esquema de transición que sea capaz de compatibilizar: competitividad, innovación y cohesión social.

El objetivo de avanzar hacia una economía abierta, exportadora y tecnológica, dependerá no solo de la velocidad de las reformas, sino también de la capacidad institucional para amortiguar sus costos distributivos y facilitar la adaptación productiva y laboral.