Santa Fe necesita la Emergencia en Violencia de Género

Talia Liliana Baduna tenía 29 años y estaba embarazada. El miércoles 21 de octubre murió en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, después de diez días de internación, tras haber sido atacada en su casa por el hombre con el que convivía, según la investigación del Ministerio Público de la Acusación. Su bebé nació por cesárea de urgencia y sigue internado. La causa, en principio tramitada como tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo en un contexto de violencia de género, ahora se investiga como femicidio. Le corresponde a la Justicia establecer responsabilidades. Durante diez días, una familia esperó respuestas, las mismas que exigimos como sociedad.

Escribo estas líneas con el dolor de siempre, pero también con una convicción cada vez más firme: no alcanza con lamentar cada nuevo femicidio o cada nuevo intento de femicidio. Tampoco alcanza con describir lo evidente, por más que el gobierno nacional cuestione sistemáticamente la existencia de la categoría femicidio y haya vaciado áreas estatales estratégicas para prevenirlos. El problema es que la situación es tan acuciante que, además de nombrar y describir, en nuestra provincia se requiere un posicionamiento claro y medidas concretas.

Desde la magistratura aprendí que nombrar el femicidio es el primer acto de justicia. En 2012, la Ley 26.791 incorporó el femicidio al artículo 80 del Código Penal. Cuando me tocó aplicar esa categoría como jueza penal en Rosario, comprobé lo que significa: llamar a las cosas por su nombre le devuelve a la víctima su historia y le quita al agresor la coartada del "conflicto de pareja", del "hecho aislado" e inclusive la apelación constante a la que acudía la extensa historia de las supresiones. Y me refiero a la simplificación del “crimen pasional” y su narrativa de ocultamientos.

Hoy, como legisladora y como presidenta de la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, entiendo que la ley, en tanto dispositivo que funda las semánticas necesarias para definir y, con ello, “nombrar” lo que consideramos lesivo de nuestra integridad física y psíquica, debe acudir a un imperativo ético insoslayable: que el lenguaje no opere desde la opacidad y llame a las cosas por su nombre. Es indispensable nombrar claramente una problemática para reconocerla como tal.

Y en esa convicción me sitúo. Hay que nombrar aquello que pretendemos desmantelar. Y si de violencias se trata, no podemos ser especulativos. Estamos en emergencia. El Estado puede ser muy preciso en el lenguaje y muy tardío en la acción, pero si cuenta con las herramientas —y el lenguaje es una— podremos establecer con certeza el estado de situación y desde allí exigir las respuestas.

Hay otra coartada que conviene desarmar. Quienes cometen femicidios son, casi siempre, varones conocidos, parejas, exparejas o cercanos a las víctimas. Es decir, varones "comunes", hombres a quienes nadie señalaría en la calle porque en apariencia no tienen ninguna cualidad monstruosa. La figura del monstruo tranquiliza, porque ubica la violencia lejos de nosotros, y por eso mismo nos desarma. Según la Fiscalía, la violencia en la casa de Talia llevaba al menos dos años. Todavía no sabemos si ella llegó a denunciar la situación que padecía. Esa incertidumbre es, en sí misma, un dato: según los relevamientos de las organizaciones feministas, gran parte de las mujeres asesinadas por violencia de género nunca había hecho una denuncia formal.

Las cifras confirman que no estamos frente a casos aislados. Según los registros de las organizaciones, Santa Fe lleva más de 40 femicidios y alrededor de 70 intentos en lo que va del año, y está entre las provincias con la tasa más alta del país. El mismo fin de semana en que atacaron a Talia, Bárbara Aragón fue asesinada en Empalme Graneros. En Argentina, una mujer muere por violencia de género cada 33 horas. Sí, casi una mujer por día.

Lo que escuchamos

En las últimas semanas, en la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades y en diversos foros abiertos a lo ancho y largo de nuestra provincia hemos escuchado a organizaciones feministas, sociales, territoriales y sindicales. Pusieron su voz las asambleas lesbotransfeministas, las trabajadoras de la docencia y del Estado, las referentes de los comedores barriales. Lo hicieron dando cuenta de la diversidad de voces, de la complejidad de un territorio tan amplio como es nuestra provincia, desde miradas situadas, justamente, en el conocimiento de este territorio.

Lo que nos dijeron confirma el diagnóstico que venimos construyendo juntas: la violencia machista crece. Y en los barrios y en el interior de la provincia, el Estado todavía no llega a intervenir como debería en una situación de urgencia, donde la vida de las mujeres corre cada vez más peligro.

Nos hablaron de localidades donde faltan recursos, donde las comisarías tienen deficiencias edilicias básicas y donde la presencia estatal, cuando hay una urgencia, es escasa o llega tarde. Y nos recordaron algo que a veces la política prefiere no mirar de frente: la primera escucha la sostienen los comedores, las organizaciones y las asesorías barriales. Son estos espacios los que reciben el primer relato, acompañan el primer paso y sostienen la contención mientras el sistema se pone en marcha. Lo hacen, muchas veces, con lo que tienen a mano y sin que nadie se los reconozca. Fue una vecina, de hecho, quien llevó a Talia al hospital. Estamos hablando, entonces, de que las tramas comunitarias y afectivas sostienen como pueden una situación que las desborda porque exige, en definitiva, un Estado presente.

El Estado no puede construir su política de protección sobre el esfuerzo silencioso de quienes ya están al límite. Cuando se apoya solo en ese esfuerzo, lo que parece una red de asistencia se convierte en una delegación de responsabilidades.

Por qué la emergencia

Se me preguntará por qué insisto en una declaración de emergencia cuando existen leyes, protocolos y medidas de protección. Respondo con honestidad: porque esas herramientas, incluidas las que hoy se discuten en la Legislatura de Santa Fe, son necesarias y conviene que avancen, pero se activan cuando la violencia ya fue denunciada. Y hay violencia que no llega a la denuncia, o que llega cuando ya es demasiado tarde.

La Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 obligan al Estado a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Prevenir aparece primero, y por una razón: la sanción llega cuando el daño ya ocurrió.

La emergencia es lo que nos permite llegar antes.

Declararla significa reconocer que lo que ocurre en Santa Fe exige una respuesta extraordinaria, a la altura de un problema estructural. Significa decir, sin eufemismos, que los índices de femicidios que registra nuestra provincia son alarmantes. Ya lo advirtieron las organizaciones, que además señalaron que las herramientas administrativas no alcanzan para abordar de manera específica la violencia de género.

Es decir, además de declaraciones –muy necesarias, por cierto, en tanto permiten la visibilización del problema– es necesario brindar herramientas concretas. Las organizaciones lo dijeron con claridad y lo comparto sin matices: la declaración debe contar con partidas presupuestarias específicas, con plazos claros y con una explícita voluntad política. Sin presupuesto, es un comunicado. Sin plazos, es una promesa. Sin voluntad política, es un gesto que se archiva.

Lo urgente y lo permanente

En la Comisión también se discutió cómo ordenar el trabajo, y creo que ahí hay una señal de madurez. Existe una conveniencia técnica en tramitar, por un lado, la declaración de emergencia, que da respuesta rápida, presupuesto e instrumentos urgentes; y por otro, los sistemas de protección integral, la autonomía económica y las reformas judiciales y laborales, que deben consolidar marcos normativos permanentes a mediano y largo plazo.

Lo urgente no puede esperar a lo estructural, y lo estructural no puede quedar sepultado bajo lo urgente. Necesitamos las dos cosas, cada una en su carril.

Ese segundo carril incluye propuestas valiosas que se pusieron sobre la mesa: la autonomía económica y el acceso a la vivienda como condiciones reales para poder salir de la violencia, la lógica de acompañamiento económico articulado que tuvo el ex programa nacional Acompañar, la articulación efectiva con el Poder Judicial para que las medidas de protección se cumplan, y la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos de trabajo, en línea con el Convenio 190 de la OIT.

Lo que sigue

Junto a las integrantes del Interbloque del Partido Justicialista, Lucila De Ponti, Celia Arena y Sonia Martorano, presentamos un proyecto de ley que declara la emergencia provincial en violencias de género, y apuntala, además, posibles caminos presupuestarios frente al terrible desfinanciamiento de los dispositivos nacionales que el gobierno de Javier Milei ha pulverizado. Asimismo, la diputada Claudia Balagué presentó otro proyecto en el mismo sentido.

Ambas iniciativas se encuentran en pleno análisis con el objetivo de alcanzar la mejor síntesis posible: una herramienta jurídica que dé lugar a una política pública capaz de anticiparse y prevenir los femicidios. Esto implica poner todo el poder del Estado al servicio de las mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género.

Por su parte, el oficialismo ingresó por el Senado un proyecto, que acaba de obtener media sanción, que propone un modelo de gestión del riesgo . Si bien allí se ofrecen herramientas valiosas, lo que todavía falta es reconocer que estamos en una situación de emergencia. Como dijo el senador Pirola en la sesión: "¿Por qué es urgente? Porque hay una emergencia. Porque el problema se repite y crece."

El Estado declara emergencias climáticas y agropecuarias cuando el clima compromete la producción, y lo hace porque entiende que hay situaciones que exigen una respuesta extraordinaria. ¿Cómo no hacerlo, entonces, frente a quienes sufren violencia y cuya vida corre riesgo?

Un dictamen es valioso y necesario porque nos permite establecer acuerdos. Pero es apenas el piso de una discusión que debe llegar al recinto y convertirse en una decisión de toda la Cámara. Es un tema que merece consenso, y creo que puede tenerlo. A mis colegas legisladores, de todos los bloques, los invito a construirlo juntos. Cada femicidio no puede ser una pregunta que la provincia no responde.

Talia no va a volver. Su familia no va a recuperar lo que le arrebataron. Una imagen que de solo describirla nos exime de comentarios, pero nos quiebra. Declarar la Emergencia en Violencia de Género no repara lo irreparable, pero puede redefinir un decir y un hacer. En definitiva: establecer un límite y un plan de acción urgente. Esa es la deuda que tenemos con ella, con sus hijos y con el derecho de todas las mujeres de nuestro territorio a vivir una vida libre de violencia.

Santa Fe no puede esperar más.

Ni una menos.