Villas miseria: se rompe un consenso nacional

Las villas miseria, nombre que desde mediados de la década de 1950 se le da a los asentamientos urbanos de viviendas precarias, y que casi siempre se inician sobre terrenos usurpados, es uno de las grandes humillaciones nacionales. Millones de argentinos, y también unos cuantos inmigrantes latinoamericanos, viven hacinados en estos barrios.

Es un problema histórico, que va a cumplir un siglo: las primeras villas en la ciudad de Buenos Aires habrían aparecido con la crisis de 1929. Pero todo estalló en el siglo XXI. Actualmente hay 6.467 villas en todo el país, según el Registro Nacional de Barrios Populares, con más de 5 millones de habitantes, pero se cree -no hay registros fidedignos- que en el año 2000 había poco más de 1.000.

Las villas son el rostro más duro del fracaso argentino, porque no deberíamos estar tan mal. Hay países con un ingreso per cápita parecido al nuestro, como Chile o Bulgaria, donde también hay barrios precarios similares, pero no tantos como aquí. El caso argentino va más allá de lo estrictamente económico, e involucra también a la caótica organización territorial de nuestros grandes aglomerados urbanos.

Otra característica de la cuestión de las villas, es que durante todas estas décadas ha habido un gran consenso político alrededor de ellas. Sobre todo, si vamos al siglo XXI. Este consenso gira alrededor de la llamada "integración sociourbana".

Es un tema complejo, pero podríamos sintetizarlos así: regularización de las villas como el hogar legítimo de sus habitantes, reconociéndoles la propiedad, y agregando ayuda pública para urbanizar los barrios y mejorar las viviendas. Este enfoque supone que la villa se puede convertir, con el correr del tiempo y ayuda mediante, en un barrio de viviendas dignas y equipadas.

Con sus matices, de este consenso del siglo XXI participaron tanto el kirchnerismo, desde el gobierno nacional y con su Plan de Integración Socio Urbana, como el macrismo-larretismo que gobernó la Capital desde 2007. Pero en el siglo XX había otras voces. Una, ya legendaria y emblemática, fue la del intendente porteño Jorge "Topadora" Domínguez en los años 90.

"Topadora" proponía la erradicación de la Villa 31, del barrio de Retiro: desalojar a sus habitantes y destruir de las construcciones precarias, y la posterior recuperación (y venta) de los terrenos, aunque con una indemnización prevista (se hablaba de 25 mil dólares de aquél tiempo para cada familia).

Domínguez consideraba que su plan debía aplicarse rápido para evitar el crecimiento de la villa, y tenía todo listo para accionar, pero una coalición de amparos judiciales, oposición política y la Iglesia -con el protagonismo de Jorge Bergoglio, futuro Papa- detuvo a sus topadoras. Allí se consolidó el consenso político actual.

Poco antes de Domínguez, en los 80, desde el Perú tomó impulso la propuesta del pensador liberal Hernando De Soto y el escritor Mario Vargas Llosa, quien casi llega a presidente.

Ellos proponían entregar escrituras de propiedad a los millones de peruanos que vivían en barrios carenciados, con la convicción de que ellos mismos, una vez propietarios -y ya no usurpadores de terrenos- iban a mejorar sus viviendas y barrios.

Entre los liberales argentinos de la época, enrolados en la UCD –o Ucedé, el partido de derecha que integraba el gobierno de Carlos Menem- muchos también creían en la solución peruana. Que, vale aclarar, se parece a la realidad de hecho en muchas zonas de nuestro país (salvo por la parte de la escrituración).

Esa realidad marca que el Estado no cuestiona que los habitantes de villas sean los propietarios de sus viviendas, pero no los ayuda y espera que ellos solos las mejoren. Antes de ello, en los 60 y 70, los regímenes militares (1966-1973 y 1976-1983) aplicaron diferentes planes de erradicación de villas, que incluían desalojos forzados y recuperación de terrenos, pero no contemplaban una compensación real.

Tal vez hoy no hay un partido político que represente programáticamente esta postura extrema, pero sí hay muchos argentinos que piensan de esta manera. Hicimos una encuesta nacional sobre este tema. En primer lugar, las villas miseria preocupan a los argentinos: el 87% se considera muy preocupado o algo preocupado por la cuestión, y sólo 13% poco o nada preocupado.

Luego, hicimos una pregunta general, sobre la frase "las villas miseria deben ser erradicadas de las grandes ciudades argentinas", y ahi el 49% se manifestó de acuerdo con ella, y el 31% en desacuerdo, mientras que el 20% restante dijo no saber. Y finalmente, preguntamos sobre las diferentes opciones de política, explicando las cuatro principales. O sea, qué hacer con las villas.

La más elegida la de "regularización con ayuda": reconocer la propiedad de los habitantes, y además urbanizar los barrios y mejorar viviendas con ayuda estatal. El 42% apoyo ese enfoque, que representa la posición de casi toda la clase política tradicional. Sin embargo, la posición dura de los regímenes militares, "erradicación sin ayuda", es la preferida por el 22% de los argentinos.

Luego, le siguió la posición que se intentó en los 90: "erradicación con ayuda" (indemnización, o relocalización financiada), que prefiere el 16%. Finalmente, 7% se inclinó por "regularización sin ayuda" (reconocer la propiedad, pero que los beneficiarios de la escritura mejoren sus casas). El 13% de los consultados respondió no saber.

¿Qué muestra el estudio? Que el consenso sobre el problema de las villas miseria no es tal. Aunque más del 40% avala el camino que han seguido, con sus matices, los gobiernos nacionales y del AMBA en el siglo XXI, muchos buscan otras soluciones.

El propio Jorge Macri dice que las políticas que siguieron sus predecesores -de su mismo partido- fracasaron. Una mayoría de argentinos está a la búsqueda de soluciones y respuestas a uno de los problemas más graves y emblemáticos de la decadencia nacional.