La descivilizacion del debate y la necesidad de recuperar el argumento

La verborragia y hostilidad que hoy domina el escenario político argentino no resulta ser un conjunto de exabruptos aislados. Desde la cuenta de X del presidente de la Nación se dicta un lenguaje oficial de confrontación al que se acoplan opositores, legisladores y gobernadores.

Bajo el manto sagrado de la libertad de expresión, se ha convalidado una retórica de la descalificación, transformando el debate en un campo de batalla verbal. Cualquier disidencia o crítica a una gestión -sea por parte de un economista académico, un artista o un periodista- se responde inmediatamente con un etiquetado basado en descalificaciones como "ensobrado", "basura", "inútil" o "delincuente".

Reducir estos arrebatos discursivos a un simple rasgo de temperamento o a un impulso emocional o al "fragor del debate", sería un grave error de diagnóstico que soslayaría el impacto social, político e institucional que producen las palabras de quienes detentan el poder público.

Más bien son parte de una estrategia política deliberada y transversal que ha sido diseñada a medida de las tecnologías aplicadas a la comunicación que imperan en nuestro tiempo. Y la adopción de esta metodología obedece a razones precisas.

Debatir con datos y argumentos requiere tiempo y un esfuerzo intelectual y cognitivo que parece no se está dispuesto a realizar. Además, un discurso saturado de agravios que mantiene un tono electoral permanente -incluso en funciones- opera como un mecanismo que evita la rendición de cuentas.

Tal como ya lo explicara hace casi cien años Carl Schmitt, la elección del discurso violento traza una línea divisoria tajante entre buenos y malos. Bajo la premisa de que, así como en la moral la distinción fundamental es el bien y el mal, y en la estética es lo bello y lo feo, en la política la distinción suprema y específica debe darse entre el amigo y el enemigo.

Y al enemigo no se le refutan sus ideas: se lo combate y se lo deslegitima. De este modo se busca exaltar las virtudes morales del propio grupo, al que se lo blinda ideológicamente para lograr una fidelidad ciega y monolítica.

¿El resultado? Una polarización absoluta de posiciones donde no existen los grises, ni la neutralidad, ni la moderación, haciendo desaparecer por completo cualquier posibilidad de consenso o acuerdo. Esta práctica es incompatible con el sistema democrático.

La democracia fue diseñada exactamente para lo contrario: construir a partir del disenso y entender que el opositor es un adversario legítimo, nunca un enemigo. Es allí cuando aparecen las redes sociales como potenciadores del mensaje.

El llamado "algoritmo de la indignación" -fenómeno ya ampliamente comprobado que demuestra que el contenido que genera ira o miedo se comparte hasta un 70% más rápido que el contenido neutral o racional- hace del discurso agresivo una herramienta de adoctrinamiento sobre periodistas u opositores, provocando un efecto erosivo sobre la calidad democrática.

Bajo el prisma del derecho constitucional, cabe recordar que es una premisa axiológica de nuestro Estado constitucional la necesidad de internalizar la inescindible vinculación existente entre la libertad de expresión y el sistema democrático, reconociéndole una función política.

En este sentido, tanto la Constitución Nacional como los Tratados Internacionales que suscribimos garantizan que el debate sobre asuntos de interés público se desenvuelva con la mayor amplitud posible, amparando una amplia gama de opiniones, aun cuando resulten severas, molestas o profundamente críticas.

Esto significa que dentro del marco legal establecido, el libre intercambio de informaciones y opiniones robustece el debate público, pero cuando la crítica se transforma en descalificación gratuita, este se degrada profundamente para convertirse en un mero intercambio de insultos.

Giovanni Sartori, uno de los politólogos más influyentes en el estudio de la democracia y la comunicación política, explicaba que cuando en política se sustituye el argumento por el insulto, el debate público deja de ser un espacio de confrontación de ideas para convertirse en un terreno de deshumanización, iniciándose con ello, un proceso de "descivilización" que, según Norbert Elias, arrastra a la sociedad hacia un estado de hostilidad primitiva.

Y para una sociedad que ha adoptado el sistema democrático de gobierno, la palabra de quienes se encuentran en los niveles más altos de la representación institucional, excede el marco de la simple opinión. Aceptar el insulto, el agravio y la humillación no solo implica la vulneración de derechos individuales, sino la legitimación del discurso violento como práctica política.

Tolerar la violencia discursiva desde las más altas esferas del poder público implica romper un pacto implícito que tiene toda sociedad civilizada; uno que supone que un presidente, si bien puede criticar e incluso ser ácido e irritante en sus opiniones, nunca podría insultar, humillar y denigrar con ellas.

El sistema jurídico y político tiene el gran desafío de encontrar en la garantía de la expresión libre una herramienta que aporte al debate público como un campo fértil para la búsqueda de la verdad, fijando claros límites para evitar que se convierta en una excusa para la descalificación gratuita.

Y una democracia madura es la que sabe gestionar la tensión entre la libertad de expresión y el respeto por los derechos de las personas o grupos, exigiendo garantías para que se desarrolle un debate plural, incluso entre adversarios.

Frente al abismo de la hostilidad primitiva, la sociedad necesita, hoy más que nunca, una dirigencia política madura y un discurso mesurado. Comprender que la violencia no es autenticidad y catarsis; templanza no es tibieza, respeto no es debilidad y que si nos privamos de construir a partir del disenso, difícil será garantizar la estabilidad institucional y pacificar la convivencia social.

El autor es abogado.