Cuando el poder pierde el respeto, las instituciones pagan el precio

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano común, pueden quedar reducidas a una opinión, un exabrupto o una provocación. Pero cuando esas mismas palabras son pronunciadas por el presidente de la Nación, adquieren otra dimensión.

Ya no expresan solamente el pensamiento de una persona: comprometen, de algún modo, a la institución que representa. Esa diferencia parece haberse desdibujado en la Argentina.

Una democracia no necesita dirigentes que piensen igual. Tampoco necesita que el oficialismo y la oposición se quieran. Necesita, en cambio, que quienes ocupan responsabilidades públicas puedan confrontar, incluso duramente, sin convertir al adversario en un enemigo al que hay que descalificar. Confrontar ideas es parte de la política, pero descalificar personas es otra cosa.

El problema no es solamente una cuestión de buenos modales. Es una cuestión de poder. Quien ocupa una responsabilidad institucional tiene una obligación que no tiene cualquier ciudadano: medir las consecuencias de sus palabras. Y esa responsabilidad aumenta a medida que aumenta el poder que se ejerce. Un dirigente político puede expresar una opinión personal.

Un presidente, en cambio, habla desde una institución. Puede tener preferencias, convicciones, adversarios e incluso conflictos personales, pero la función que desempeña hace que sus palabras sean observadas dentro y fuera del país como parte de la conducta del Estado que representa.

Por eso, la responsabilidad presidencial no puede medirse con la misma vara que la de cualquier otro actor político, social o económico. La Argentina atraviesa, además, una crisis de confianza en sus instituciones.

El Congreso es cuestionado, la justicia es frecuentemente deslegitimada, los partidos políticos han sufrido una profunda pérdida de credibilidad y, consecuencia de ello, buena parte de la sociedad observa con desconfianza a quienes ejercen responsabilidades públicas.

En ese contexto, degradar aún más el debate público tiene un costo que excede a quienes protagonizan una disputa. La democracia no se rompe solamente cuando alguien intenta clausurar el Congreso o desconocer una elección.

También puede deteriorarse lentamente cuando la palabra del adversario deja de ser considerada legítima y comienza a ser presentada como una amenaza, una traición o una expresión indigna de ser escuchada.

Las redes sociales han profundizado este problema. La velocidad premia la provocación, la indignación y la respuesta inmediata. El dirigente que insulta consigue rápidamente visibilidad, mientras que quien intenta explicar serenamente una cuestión compleja suele obtener mucha menos atención.

Gobernar no es administrar tendencias en las redes sociales, gobernar supone tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas y administrar intereses que, muchas veces, trascienden al gobierno de turno.

Por eso, el presidente tiene derecho a defender sus ideas. La oposición tiene derecho a cuestionarlas. Los gobernadores tienen derecho a reclamar. Los legisladores tienen derecho a confrontar. Los periodistas tienen derecho a preguntar y criticar.

Pero existe una diferencia fundamental: quienes ejercen responsabilidades institucionales tienen también la obligación de preservar las condiciones que permitan que esas diferencias puedan procesarse dentro de la democracia. Por lo tanto, el respeto no es una concesión al adversario, es una obligación frente al ciudadano.

La disputa personal sale de las fronteras

El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando las disputas verbales de un presidente involucran a autoridades de otros países. El actual presidente construyó buena parte de su identidad política alrededor de un lenguaje deliberadamente disruptivo.

Su llegada a la presidencia estuvo acompañada por una fuerte impugnación de la dirigencia tradicional y por expresiones particularmente duras hacia dirigentes de distintos sectores políticos. Con el tiempo, esa modalidad también se trasladó al escenario internacional.

Los enfrentamientos verbales con autoridades políticas de España, Brasil, Colombia y Chile plantean una pregunta que excede las simpatías o antipatías que cada uno pueda tener por esos gobiernos: ¿qué consecuencias puede tener para la Argentina que una disputa personal sea protagonizada por quien representa al Estado?

La respuesta no es solamente diplomática. Es también económica, estratégica e institucional. Los países tienen intereses permanentes que trascienden a los gobiernos de turno.

Argentina puede mantener profundas diferencias con un gobierno extranjero y, al mismo tiempo, necesitar relaciones comerciales, inversiones, cooperación política, intercambio cultural o coordinación en organismos internacionales.

Un gobierno puede cambiar, pero una relación entre estados puede necesitar décadas para reconstruirse. Los presidentes pasan y los estados permanecen, por lo tanto, esa observación debería estar presente cada vez que un presidente habla en nombre de la nación.

La diplomacia aprendió hace siglos que la prudencia no es una debilidad, sino una herramienta del poder. Ser prudente no significa ser tibio; no significa renunciar a las convicciones, aceptar agravios, ni esconder las diferencias.

Significa comprender que quien ejerce una representación institucional debe medir las consecuencias de sus palabras. Esa prudencia no es debilidad, es una expresión de responsabilidad y sabiduría política. Un jefe de Estado puede ser firme sin ser insultante. Puede defender los intereses nacionales sin transformar cada desacuerdo en una batalla personal.

Puede criticar severamente una política extranjera sin convertir al adversario en un enemigo. Pero siempre debe entender que una cosa es defender una posición política y otra, comprometer innecesariamente la relación entre estados.

Pero cuando la desacreditación y el insulto aparecen, puede afectar negociaciones comerciales, relaciones estratégicas, inversiones, cooperación internacional o la capacidad de construir acuerdos en organismos multilaterales.

Y aunque no siempre exista una consecuencia inmediata que pueda medirse en valores monetarios, existe otro costo, menos visible pero igualmente importante: la percepción de que el país puede estar representado por un poder político que privilegia la confrontación sobre la previsibilidad.

El poder también tiene límites

Esto tampoco es un problema exclusivo del actual presidente, aunque por la responsabilidad institucional que ocupa sea quien tiene la mayor obligación de evitarlo. La degradación del debate público es una construcción colectiva. Cuando un dirigente insulta y otro responde con otro insulto, ninguno gana. Pierde la conversación pública.

Pero reconocer esa responsabilidad compartida no significa equiparar responsabilidades. El poder no está distribuido de manera uniforme. Quien ocupa la presidencia tiene una responsabilidad mayor precisamente porque dispone de un poder institucional mayor.

Por eso, la cuestión no debería ser si un presidente tiene derecho a expresarse con dureza, la pregunta es otra: ¿puede ejercer ese derecho sin olvidar que, en determinadas circunstancias, sus palabras dejan de ser solamente suyas?

La respuesta debería ser evidente, pues la política necesita intensidad, la democracia confrontación, los gobiernos defender sus decisiones y los opositores cuestionarlas. Lo que la democracia no necesita es transformar la política en una competencia para determinar quién agravia más.

Porque cuando la discusión pública se convierte en una guerra de insultos, las instituciones terminan reducidas al papel de espectadores pasivos.

Una sociedad que pierde la capacidad de discutir sin destruir al otro termina perdiendo algo más importante que los buenos modales: pierde la posibilidad de construir acuerdos. El respeto, en definitiva, no es una cuestión de protocolo, es una cuestión de Estado.

Y cuando quien ocupa la primera magistratura comprende esa diferencia, sus palabras pueden convertirse en una herramienta para defender adecuadamente los intereses de la Nación. Cuando la olvida, esas mismas palabras pueden terminar convirtiéndose en un problema para la Nación que representa.