Cuentas claras con el mundo, cuentas pendientes con el Congreso

Existen hechos políticos que, por repetidos, y aunque probablemente no sean correctos, terminan naturalizándose. Y cuando eso ocurre, la sociedad corre el riesgo de dejar de percibir su gravedad institucional.

Uno de esos fenómenos es la creciente resistencia de algunos ministros nacionales a concurrir al Congreso de la Nación, ya sea cuando son convocados o cuando su presencia resulta oportuna y necesaria, para responder preguntas, brindar informes o explicar ciertas decisiones de gobierno. Como ejemplo a tener en cuenta, podemos citar el caso del ministro de Economía, Luis Caputo.

Reticente a la hora de asistir al Congreso Nacional, muestra en cambio una alta disponibilidad para tener encuentros a los efectos de explicar políticas o brindar informes con representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de bancos de inversión, de calificadoras de riesgos o de embajadas extranjeras.

Desde ya que esta reflexión no apunta contra un funcionario en particular ni contra una gestión específica, sino que trata de un patrón institucional que trasciende a los signos políticos.

Durante la gestión del actual titular del Poder Ejecutivo Nacional existieron varios proyectos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para interpelar al ministro de Economía, pero solo dos de ellos, ambos de Resolución, fueron aprobados por la Cámara de Diputados (interpelación por el caso de $Libra y un pedido de informes verbales sobre negociaciones financieras con Estados Unidos).

Cabe aclarar que en Diputados hubo por lo menos siete proyectos para convocar al ministro Caputo, mientras que en el Senado también hubo por lo menos dos proyectos para citarlo.

Además, debe tenerse en cuenta también su falta de presencia en el Congreso en temas en los cuales su asistencia resulta muy importante (aunque sea en comisiones), como ser el caso de la discusión del proyecto de Presupuesto.

Comparando con las dos gestiones anteriores, vemos que los ministros sí asistieron ante las convocatorias: en la gestión del ingeniero Mauricio Macri (Alfonso Prat-Gay, Nicolás Dujovne y el propio Caputo, en su primer paso por el cargo), y en la gestión de Alberto Fernández (Martín Guzmán, Sergio Massa) ocurrió lo mismo.

Cabe aclarar que Silvina Batakis (en la gestión de Alberto Fernández) y Hernán Lacunza (en la gestión de Macri), tuvieron un período muy corto en el cargo. La cuestión merece una reflexión serena, alejada de las pasiones partidarias. No se trata de discutir una medida económica específica ni de evaluar los resultados de una determinada administración.

El interrogante es otro: ¿ante quiénes deben rendir cuentas los funcionarios de un gobierno democrático? Naturalmente, ningún país moderno puede prescindir del diálogo con el mundo. La Argentina necesita financiamiento, inversiones, comercio exterior y relaciones diplomáticas sólidas.

Resulta lógico que un ministro de Economía explique la situación fiscal, monetaria o financiera ante organismos internacionales o potenciales inversores. Sería incluso irresponsable que no lo hiciera. Pero una cosa es dialogar con actores internacionales y otra muy distinta es invertir el orden de las prioridades institucionales.

En una república, la primera obligación política de un ministro no es explicar sus decisiones ante funcionarios extranjeros ni ante organismos multilaterales de crédito. Su primera obligación es hacerlo ante los ciudadanos, representados por el Congreso de la Nación. La Constitución no creó un Poder Legislativo decorativo.

Lo concibió como uno de los tres poderes del Estado, dotado de atribuciones específicas para controlar, supervisar y requerir información al Poder Ejecutivo. Ese control no es un capricho ni una concesión de buena voluntad por parte de los funcionarios del poder administrador, es una pieza esencial del sistema republicano.

Desde luego, quienes ejercen responsabilidades ejecutivas suelen formular una crítica frecuente: muchas convocatorias parlamentarias derivan en espectáculos mediáticos, discursos para las redes sociales o confrontaciones partidarias estériles. La observación no carece de fundamento.

En numerosas ocasiones, las preguntas parecen orientadas más a producir un título periodístico que a obtener información relevante. Sin embargo, aun admitiendo esa realidad, el argumento resulta insuficiente. Las deficiencias de una institución no justifican su desvalorización.

Si el Congreso funciona mal, la solución no consiste en ignorarlo, sino en mejorar su funcionamiento. De lo contrario, cualquier gobernante podría elegir arbitrariamente ante quién responder y ante quién no. Y allí aparece el verdadero problema.

Cuando un ministro acepta responder durante horas las inquietudes de funcionarios de organismos financieros internacionales, pero evita hacerlo ante diputados y senadores elegidos por el voto popular, se genera una señal institucional inquietante.

No porque exista una subordinación formal a intereses extranjeros, sino porque se instala la percepción de que determinadas opiniones resultan más relevantes que las formuladas por los representantes de la ciudadanía. Las formas importan en política. Importan porque transmiten mensajes.

Y los mensajes institucionales suelen tener consecuencias más profundas que los discursos. Ningún funcionario debería sentirse incómodo explicando sus decisiones ante el Congreso si previamente las ha explicado ante acreedores, inversores, embajadores o analistas financieros.

Por el contrario, el Parlamento debería constituir el ámbito natural para esa rendición de cuentas. La democracia representativa descansa sobre una premisa elemental: quienes ejercen el poder deben responder periódicamente ante quienes representan al pueblo. Cuando ese principio se debilita, también se debilita la legitimidad institucional.

La paradoja es evidente. Muchas de las decisiones económicas actuales exigen enormes sacrificios sociales. Se solicita comprensión, paciencia y confianza por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la confianza no se decreta. Se construye mediante transparencia, información y mecanismos efectivos de control.

Los mercados necesitan previsibilidad. Los organismos internacionales necesitan datos confiables. Las embajadas necesitan comprender el rumbo político y económico de un país. Todo ello es razonable. Pero la democracia necesita algo más: que quienes toman las decisiones estén dispuestos a explicarlas donde corresponde explicarlas.

La fortaleza de una república no depende solamente de la estabilidad de su moneda, del equilibrio de sus cuentas públicas o del crecimiento de su economía. También depende de la calidad de sus instituciones y del respeto que los gobernantes demuestran hacia ellas.

Por esa razón, el debate no debería centrarse en un ministro determinado ni en una administración específica. Los gobiernos pasan; las instituciones permanecen. Lo que hoy puede parecer una ventaja circunstancial para un oficialismo podría convertirse mañana en un problema para cualquier otro signo político.

Tengamos en cuenta que el Congreso es la Casa de la Democracia, porque la función del Poder Legislativo es legislar y controlar la gestión del Poder Ejecutivo, y si quien administra no informa, ¿cómo el Poder Legislativo puede cumplir con la función de control?

La pregunta de fondo sigue siendo la misma y conserva plena vigencia: si un funcionario encuentra tiempo para rendir cuentas ante el mundo, ¿por qué no habría de encontrarlo para rendir cuentas ante el Poder Legislativo?

Los mercados pueden premiar una política económica, los organismos multilaterales de crédito pueden ayudar a financiarla; pero no deberíamos olvidar nunca que solamente el Congreso puede conferirle legitimidad republicana.