Soberanía: esa vieja-nueva cuestión

Cuando Jean Bodin la definió en 1576 como el “el poder absoluto y perpetuo de una República”, es decir, la capacidad de decisión sobre un territorio y su población; o cuando la Paz de Westfalia de 1648 consagró que ningún poder externo puede intervenir en los asuntos internos de un Estado, nadie pensaba en litio, en centros de datos ni en modelos de lenguaje. Y sin embargo pocas categorías políticas resultan hoy tan vigentes. La Cuarta Revolución Industrial (Schwab, 2016) está reescribiendo qué cuenta como recurso estratégico, y con ello qué significa ser un país soberano en el siglo XXI. La discusión actual sobre Inteligencia Artificial no inaugura el debate sobre soberanía tecnológica, lo resignifica.

La soberanía nunca fue solamente una cuestión jurídica. Siempre tuvo una dimensión material. Es soberano quien posee alguna capacidad efectiva para tomar decisiones y sostenerlas. Un país puede tener bandera, Constitución, territorio y representación internacional, pero si no controla su energía, sus recursos estratégicos, sus sistemas de comunicación, sus capacidades industriales o sus infraestructuras fundamentales que le permitan desarrollarse en el orden mundial vigente, su autonomía puede convertirse progresivamente en una ficción.

Del control del territorio al control de las infraestructuras

Durante el siglo XX, la soberanía estuvo estrechamente asociada al control de recursos como el petróleo, el gas, los minerales, los alimentos y las rutas comerciales. En el siglo XXI esos recursos siguen siendo fundamentales pero se les suma una nueva capa: datos, capacidad de cómputo, semiconductores, software, telecomunicaciones y sistemas de Inteligencia Artificial. Esto no significa que los viejos recursos hayan perdido importancia. Al contrario: significa que han adquirido nuevos usos estratégicos.

La transición tecnológica está generando una competencia mundial por aquello que permite alimentar la infraestructura digital. Estados Unidos y China protagonizan la rivalidad más visible en materia de chips, Inteligencia Artificial y capacidad de cómputo. Pero la competencia involucra a muchas otras regiones. Taiwán ocupa una posición decisiva en la fabricación avanzada de semiconductores. Europa intenta reducir sus dependencias tecnológicas a través de regulación e inversión industrial. India busca fortalecer sus capacidades digitales. Los países productores de minerales críticos adquieren una importancia geoeconómica creciente.

Vili Lehdonvirta, en el trabajo Cloud Empires: How Digital Platforms Are Overtaking the State and How We Can Regain Control (MIT Press, 2022), llama la atención sobre una desigualdad fundamental: la concentración geográfica de la capacidad de cómputo avanzada. Plantea que una parte importante del planeta corre el riesgo de convertirse en un “desierto de cómputo”, es decir, en una región capaz de consumir Inteligencia Artificial pero sin infraestructura suficiente para desarrollarla en condiciones de autonomía.

Aquí aparece una nueva definición posible de la soberanía. Ya no alcanza con preguntar quién posee los recursos. Hay que preguntar quién puede transformarlos, quién controla la infraestructura, quién posee la tecnología para convertir una materia prima en conocimiento, quién administra los datos y quién obtiene finalmente la renta económica.

Un país que exporta litio pero importa las tecnologías construidas con ese litio puede conservar la propiedad jurídica de un recurso y, al mismo tiempo, ocupar una posición subordinada en la cadena de valor. Lo mismo ocurre con el talento. Un país puede formar excelentes programadores que trabajen a distancia para empresas extranjeras generando ingresos para sus habitantes pero sin que esa capacidad se traduzca necesariamente en empresas nacionales, infraestructura propia, patentes, investigación o capacidades estatales.

La inserción internacional no es, por lo tanto, un problema de apertura o cierre. La cuestión es más compleja: en qué parte de la cadena de valor decide ubicarse un país.

El peligro de nuevas formas de dependencia

Sería ingenuo suponer que, porque las formas cambiaron, desaparecieron las relaciones de dependencia. Autores como Nick Couldry y Ulises A. Mejias, en su trabajo The Costs of Connection (Stanford University Press, 2019) han desarrollado el concepto de “colonialismo de datos” para describir la expansión de relaciones de apropiación sobre la información producida por la vida social. Kate Crawford, en The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence (Yale University Press, 2021), muestra cómo la IA depende de cadenas extractivas de minerales, energía, datos y trabajo. Karen Hao, en Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI (2025), ha popularizado recientemente la idea de una nueva frontera imperial de la Inteligencia Artificial, donde grandes empresas tecnológicas extienden su poder sobre territorios, recursos y poblaciones de distintas partes del mundo.

La cuestión no consiste en afirmar que toda inversión extranjera es colonialismo ni que toda tecnología desarrollada fuera de las fronteras nacionales constituye una amenaza. El problema aparece cuando una relación de dependencia se vuelve estructural y no existen capacidades propias para negociar.

La diferencia es decisiva. Un país puede recibir inversión extranjera en condiciones de fortaleza relativa, estableciendo requisitos de transferencia tecnológica, asociación con universidades, contratación de proveedores locales, desarrollo de capacidades nacionales y protección de recursos estratégicos; o puede limitarse a ofrecer recursos baratos -energía, agua, minerales, territorio, datos y trabajo calificado- para que el mayor valor agregado se produzca en otro lugar.

La soberanía, en este sentido, no significa autarquía. Ningún país moderno produce por sí solo todos los componentes de un sistema de Inteligencia Artificial. La soberanía consiste más bien en poseer capacidades suficientes para que la interdependencia no se convierta en dependencia absoluta.

Argentina y sus recursos

Argentina llega a esta transformación con una combinación particularmente interesante de recursos y capacidades.

Posee importantes recursos minerales, entre ellos litio y cobre, que resultan estratégicos para la transición energética y tecnológica (CEPAL, 2022). Tiene capacidad industrial, agua dulce, recursos energéticos y un extenso territorio. En determinadas regiones cuenta además con condiciones climáticas relevantes para la instalación de infraestructura tecnológica aunque ningún recurso natural, por sí mismo, garantiza desarrollo.

Argentina posee, sin embargo, otra ventaja menos visible: capital humano. Tiene una larga tradición en educación universitaria, investigación científica, ingeniería, informática y desarrollo tecnológico. Su ecosistema de programadores y profesionales de software constituye una fuente real de capacidades. El problema es que ese talento puede seguir dos caminos muy diferentes. Puede convertirse en la base de una economía nacional de alto valor agregado o transformarse en una suerte de “minería a cielo abierto del talento”, profesionales formados localmente cuya capacidad productiva es capturada principalmente por empresas y economías externas.

La exportación de servicios tecnológicos puede ser positiva pero no debería ser el único horizonte. Un proyecto de soberanía tecnológica, del que vienen dando cuenta la literatura latinoamericana de CEPAL y la UNCTAD, exige preguntarse cómo transformar talento individual en capacidad colectiva: empresas, centros de investigación, infraestructura pública, modelos propios, sistemas de cómputo, desarrollo de software estratégico y aplicaciones destinadas a resolver problemas nacionales.

La Inteligencia Artificial ofrece aquí una oportunidad. Argentina no está en condiciones de competir inmediatamente con Estados Unidos o China en todos los segmentos de la frontera tecnológica pero tampoco necesita hacerlo. Puede desarrollar capacidades especializadas en sectores donde ya posee conocimiento: agroindustria, salud, energía, industria nuclear, satélites, logística, biotecnología, educación y clima, por enumerar algunos.

La pregunta más importante es: ¿qué capacidades tecnológicas necesita Argentina que aporten a resolver sus propios problemas y para participar con mayor autonomía en la economía mundial?

Energía, ciencia y tecnología: condiciones de la autonomía

Si la IA será una tecnología cada vez más intensiva en energía, la política energética se convierte también en política tecnológica.

Esto vuelve especialmente relevante la discusión sobre las capacidades científicas y tecnológicas acumuladas por la Argentina, que posee una historia singular en materia nuclear. Desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950 (Decreto 10.936/50, 31 de mayo de 1950) y el desarrollo posterior de reactores, centros de investigación, producción de radioisótopos y centrales nucleares, Argentina construyó un entramado de conocimiento que no surgió espontáneamente ni de la importación ocasional de tecnología. Fue el resultado de décadas de formación de científicos, técnicos e ingenieros y de una política estatal de largo plazo. El propio informe nacional argentino sobre seguridad nuclear destaca que el reactor RA-1, puesto en funcionamiento en 1958, fue el primer reactor de investigación construido en América Latina.

Ese ejemplo permite comprender algo fundamental: las capacidades estratégicas pueden tardar décadas en construirse y, sin embargo, pueden deteriorarse mucho más rápidamente. Una nación no conserva soberanía tecnológica simplemente porque alguna vez haya desarrollado una tecnología. Debe sostener universidades, laboratorios, salarios capaces de retener investigadores, programas de formación, empresas tecnológicas y proyectos de largo plazo. Cuando esos sistemas se debilitan, no sólo se pierden empleos o presupuestos, se pierde trayectoria institucional.

En la economía de la Inteligencia Artificial, esta cuestión será todavía más importante. La disponibilidad de energía puede atraer centros de datos, pero tener centros de datos no equivale automáticamente a poseer soberanía tecnológica. Es necesario preguntarse quién es dueño de la infraestructura, quién controla el hardware, dónde están los datos, qué legislación los protege, qué conocimiento queda en el país y qué capacidad local se desarrolla a partir de esas inversiones.

Soberanía en el siglo XXI

Argentina no tiene por qué elegir entre dos extremos: aislamiento tecnológico o subordinación. Existe una tercera posibilidad: la inserción soberana.

Eso implica negociar inversiones pero negociar desde una estrategia nacional. Recibir capital extranjero pero exigir desarrollo local. Exportar recursos pero avanzar hacia su industrialización. Aprovechar el talento para exportar servicios pero construir también empresas y conocimiento propios. Utilizar plataformas globales pero desarrollar infraestructura pública y capacidades nacionales en áreas estratégicas.

La soberanía del siglo XXI no será la autosuficiencia absoluta. Será la capacidad de elegir las dependencias que un país acepta y aquellas que no.

Para Argentina, eso exige un plan que conecte recursos naturales, energía, ciencia y tecnología, industria y formación de recursos humanos. El litio sin industria puede ser extractivismo. El talento sin empresas nacionales puede ser dilapidación de trabajo calificado. La energía sin control de la infraestructura puede ser un subsidio territorial a la acumulación externa. Los datos sin jurisdicción propia pueden convertirse en una nueva forma de extractivismo.

Esos mismos elementos, articulados mediante una estrategia, pueden constituir una plataforma extraordinaria de desarrollo.

Quizás la mayor paradoja de nuestro tiempo sea que, en el momento de mayor sofisticación tecnológica de la historia, volvemos a discutir problemas aparentemente antiguos: quién controla el territorio, quién decide sobre los recursos, quién domina las rutas comerciales, quién posee la energía y quién tiene la capacidad de defender sus intereses.

Sólo que ahora las rutas comerciales también son cables submarinos y redes de datos. Las materias primas incluyen minerales críticos. Las fábricas son también centros de datos. Las fronteras atraviesan servidores. Y el poder militar, económico y cultural depende cada vez más de la capacidad de procesar información.

La soberanía no desapareció, sólo cambió de forma. En la era de la Inteligencia Artificial, un país soberano no será necesariamente aquel que produzca todo por sí mismo; será aquel que comprenda cuáles son las infraestructuras que sostienen su autonomía y sea capaz de defenderlas, desarrollarlas y ponerlas al servicio de un proyecto colectivo.

Argentina tiene recursos que el mundo necesita: agua, energía, minerales, territorio y conocimiento. Tiene una tradición científica y tecnológica que costó décadas construir. Tiene profesionales capaces de participar en la economía digital global. La cuestión es qué hará con todo eso.

La transición tecnológica mundial no espera. La Inteligencia Artificial está reorganizando la división internacional del trabajo mientras se escriben estas líneas. Algunos países construirán la infraestructura, diseñarán los sistemas y capturarán el mayor valor. Otros aportarán energía, minerales, territorio, datos y trabajadores. La discusión sobre la soberanía consiste, finalmente, en qué parte de esa ecuación quiere estar la Argentina.

No se trata de rechazar el mundo. Se trata de estar en él de forma estratégica.