Agenda parlamentaria de Unidos: entre la necesidad de caja y los desafíos judiciales

La gestión de Unidos no ha tenido mayores dificultades con la agenda legislativa. Mayoría propia en ambas cámaras cuando los temas se acomodan internamente se transforman en leyes de la provincia. Al principio, fueron herramientas para actuar ante la situación de inseguridad y para ordenar áreas sensibles de la administración como salud, educación o desarrollo humano.

No le faltó iniciativa al Poder Ejecutivo ni bien llegó a la función y no le faltó respuesta por parte de las cámaras del Poder Legislativo. Después llegaron temas más farragosos y Unidos salió airoso en lo legal. Acá la referencia es la ley que habilitó la reforma de la Constitución y la emergencia previsional que tiene fecha de vencimiento en septiembre venidero.

Si bien ya empezó el tratamiento de las normas que derivan del proceso de reforma de la Constitución, esta semana hubo una pausa en esos temas y Unidos avanzó con dos temas sensibles: validar el convenio firmado con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional y la modificación al Código Procesal Laboral para intentar bajar la alta litigiosidad que tiene Santa Fe en materia de accidentes laborales y que deriva en sobrecostos de las empresas radicadas en la provincia a la hora de contratar una ART.

Sobre estos dos puntos hubo disidencias. En el primero del perottismo que mostró y expresó dudas en el recinto de la Cámara de Diputados y en el segundo de la propia Corte Suprema de Justicia que -varios de sus integrantes- no creen que ese camino baje la litigiosidad.

Caja y urgencia

En lo previsional, el gobierno ha encontrado la posibilidad de tener dinero fresco de un gobierno nacional que todas las semanas recorta alguna asignación a las provincias. Se ve en obras públicas casi inexistentes en los territorios y que tiene como muestra el abandono de rutas nacionales; retiros de fondos para educación que incluso fortalecían el salario y ahora con el tema salud en recortes en partidas de medicamentos y ni que hablar en Pami. Walter Agosto, ex ministro de Economía y hoy diputado, le pone cifras a las transferencias no automáticas que dejaron de llegar a Santa Fe desde diciembre de 2023 a hoy: 715 mil millones de pesos, número que toma de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es decir, una cifra oficial.

En ese marco y con la coparticipación federal en baja, sumar recursos parece un milagro y el gobierno apuesta a que Nación gire durante doce meses los $ 120 mil millones comprometidos (85 millones de dólares). Más vale pájaro en mano…

¿Qué hay detrás del acuerdo para que Santa Fe haya cedido aplazar por un año el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? es la pregunta que se hizo en el recinto y en los pasillos de Legislatura el ex gobernador Omar Perotti.

En el convenio, Unidos juntó todo el resto de los votos del arco político, de derecha a izquierda y de celeste a verde.

El desafío de la litigiosidad

Para la definición de la reforma al Código Procesal Laboral, el Senado se ocupó de consultar a la mayoría de los sectores involucrados, invitó a los dos diputados (José Corral y Martín Rosúa) que impulsaron los cambios y culminó el proceso en una amplia y rica reunión en la Corte Suprema de Justicia donde los siete ministros recibieron a gran parte de los senadores y a los mencionados diputados.

Un sector importante de la Corte entiende que la ley que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo no hará que baje la litigiosidad y se lo expresaron a los actores legislativos. El debate fue intenso, en los términos de institucionalidad que tiene Santa Fe. No fue de agravios, no fue de carpetazos y con un presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que condujo con muñeca política el encuentro.

Los seis meses por venir serán claves para observar el funcionamiento de los cambios para empezar a notar baja de la litigiosidad. Ministros de la Corte entienden que no es el camino adecuado pero aceptaron el desafío de verificar el funcionamiento en el semestre. Se habló de las experiencias de Córdoba, de Mendoza y de algunas otras provincias. De los allí presentes nadie quiere fomentar la industria del juicio, eso quedó claro.

Hubo números expuestos en la amplia mesa tendida en el Salón de Acuerdos de la Corte. Números sobre causas que tienen los jueces; números de causas en Comisiones Médicas; números de causas que deben atender peritos. ¿Qué hay que hacer, nombrar más peritos o más jueces?. ¿La oralidad en la justicia laboral es una salida? La experiencia de Córdoba parece ser interesante.

Pero ahora aparece en escena otro debate donde la propia Corte tiene miradas diferentes y es sobre el procedimiento en lo Contencioso Administrativo y un Colegio de Jueces para el fuero. Los ministros cuyo origen es el derecho penal miran con simpatía la reforma; los demás con más dudas que certeza. El debate legislativo está muy avanzado y podría tener tratamiento en la primera semana de mayo. Ministros de la Corte pidieron una reunión para analizar pros y contras. En principio hay un compromiso legislativo de hacerlo.

Desde noviembre último, en comisiones de Diputados, está el mensaje del Poder Ejecutivo sobre la nueva Ley de Proceso Contencioso Administrativo de la Provincia de Santa Fe.

El otro mensaje, en Senado, apunta a crear el Colegio de Jueces en lo contencioso administrativo "como órgano de organización colegiada de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, tanto de primera instancia como de Cámara de Apelaciones".

La interna y el horizonte electoral

Más lejos, asoma el debate de la ley electoral santafesina sin grandes cambios pero ordenando todo el proceso hoy disperso en una veintena de leyes o decretos que se superponen. También la definición de cómo será el nuevo Tribunal Electoral de Santa Fe.

Más allá de la movida de los senadores justicialistas que ingresaron un primer proyecto integral, el radicalismo no terminó de cerrar su postura y por ende tampoco la de Unidos. Los radicales vienen aturdidos en parte por el choque público entre Felipe Michlig y Lisandro Enrico. Emisarios varios aún no han podido acercar a las partes. El presidente del Senado y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, tienen la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral. "Estoy en la gestión y los temas de la política y la mecánica legislativa están en manos del ministro Bastia y del senador Michlig" repite el gobernador Pullaro.

Por lo pronto, el gobierno nacional -sin ronda previa de consulta con los partidos políticos ni con aliados- envió al Congreso un proyecto de reforma electoral de amplio alcance.

El texto plantea la eliminación de las PASO, cambios en la constitución y el financiamiento de los partidos, un rediseño de la Boleta Única de Papel y la incorporación de la llamada Ficha Limpia, que impediría candidaturas de personas con condenas firmes por delitos dolosos.

La suerte del tratamiento del proyecto nacional podría elongar el inicio de la discusión pública en Santa Fe, pero sabiendo que después del Mundial será el debate que llegará al recinto de la Legislatura. No sin dejar de recordar que PASO y Boleta Única de Papel tuvieron inicio en Santa Fe y después llegaron a Nación.